Una nueva confrontación en el seno de la coalición de gobierno ha empañado lo que prometía una semana de buenos titulares para la vicepresidenta Yolanda Díaz, que confiaba en la subida del SMI como el primer éxito del remate de avances sociales que espera lograr en lo que queda de mandato. Más allá del espectáculo de la pelea de relatos durante la rueda de prensa tras el consejo de Ministros, al que asistieron, entre estupefactos y divertidos, los periodistas que habitualmente siguen la actualidad del palacio de la Moncloa, queda un debate de fondo que convendría abordar; la orientación de la política fiscal y social del país.

En inglés este debate sería más sencillo porque tienen palabras diferentes para hablar de política en el sentido de ideología y valores, y de política en el sentido de las políticas públicas. Si habláramos de política en términos de ideología y valores, podrían tener sentido quienes defienden que modificar el mínimo exento de tributación porque se ha subido el SMI, es una decisión que podría alimentar la posición liberal en la que los impuestos son la materialización de la intervención del estado en la vida privada, y que cuanto más reducidos mejor, frente a la que sería la posición progresista que entiende al Estado como el gestor de los intereses comunes, a quien le otorgamos poderes y recursos que nos reducimos voluntariamente, convencidos de que proteger lo común es la mejor forma de proteger lo individual.

Sin embargo, si habláramos en términos de políticas públicas, es imposible no pensar que, para poder llegar a un modelo de política fiscal progresista, no se puede ignorar la realidad concreta de nuestro país, en lo que a distribución de la riqueza y política fiscal se refiere, porque las políticas públicas, para que sean capaces de transformar de acuerdo a una visión ideológica y aspiracional, no se pueden formular en el vacío, se han de formular sobre la realidad concreta.

En la realidad concreta de nuestro país, más de cuarenta años después de que nuestra constitución consagrara el derecho a recibir una remuneración por el trabajo suficiente para satisfacer las necesidades propias y familiares, y el deber de contribuir a sostener los gastos públicos, de acuerdo a la capacidad económica de cada cual, en un sistema fiscal justo y progresivo, seguimos teniendo trabajadores pobres, con hijos e hijas en riesgo de pobreza, y un sistema tributario que está lejísimos de ser justo y progresivo. Es en esa realidad concreta en la que para poder llegar a desarrollar tú política, en términos ideológicos, estás obligado a adoptar decisiones políticas, en términos de política pública, que te ayuden a recorrer el camino desde la situación actual hasta el futuro ideal que aspiras a consolidar como sentido común hegemónico.

No darse cuenta de esta realidad, y empeñarse en políticas públicas que no ayudan a cambiar la realidad, es muestra de los prejuicios y herencia del PSOE en la política social. No es nuevo, es sólo una evidencia más de que el PSOE no es capaz de desprenderse, como todo partido heredero de la socialdemocracia europea, de la victoria ideológica que les infringió el neoliberalismo, que les dejó desde los años 90 convencidos de que, siendo Europa sociedades prósperas, aquellos que no conseguían prosperar en su seno, sin duda tenían algún tipo de patología propia que les hacía sospechosos. Cualquier análisis marxista rompe esta creencia, pero incluso análisis menos “radicales” de la pobreza y la desigualdad, generalizados en la academia ,en los últimos 20 años,  han desterrado esta premisa de pensamiento que no lleva más que a la sospecha permanente sobre las  personas con menos recursos, que conduce, invariablemente,  a diseñar la política social como un mecanismo de último recursos en el que lo más importante es corroborar que el susodicho necesitado no está engañando al estado en su petición de ayuda.

Este es el fondo del debate, no sólo en la cuestión de la tributación del SMI, sino también en el cuestionamiento de las ayudas universales que, en diversos ámbitos como la pobreza infantil, se han mostrado más eficaces. Es en esta desconfianza a los pobres, donde radica la incapacidad del PSOE de entender que si se quiere hacer pedagogía fiscal, y mejorar los ingresos públicos, se puede defender que todo el mundo tribute, pero entonces hay que garantizar que el sistema fiscal es realmente progresivo, por arriba y por abajo, porque no es lo mismo que pague 100 euros quien gana 1200 que 1000 a quien gana 12.000, el impacto sobre su calidad de vida y capacidad adquisitiva es radicalmente diferente. Sería además bueno asumir, y defender con más convencimiento, que llevar el SMI hasta un valor que establezca una relación razonable entre el salario mediano  y el mínimo del país, no es una concesión molesta a tu socio de gobierno, sino un requisito imprescindible para reducir la desigualdad y garantizar que la buena marcha de la macroeconomía se distribuye de forma justa entre tus compatriotas. Como, por último, seria conveniente entender que, la universalización de medidas como comedores gratuitos, renta por hijos a cago o herencia, son las herramientas del Estado de Derecho del siglo XXI para garantizar que el bienestar no depende de la familia en la que has nacido, como en los años 80 lo fue la escolarización obligatoria o el acceso a la sanidad pública y las pensiones. Pero claro, si el PSOE entendiera esto, sería sus socios de gobierno y o ellos mismos.