La necesaria perspectiva de género

Ahora, cuando el negacionismo de la violencia machista se lleva a los acuerdos de gobierno del PP y Vox bajo eufemismos como violencia intrafamiliar o doméstica, hay que llamar la atención sobre la transversalidad de la violencia masculina. Una realidad que alcanza la mayoría de los ámbitos y que, en gran parte de los casos, se desconoce porque faltan estadísticas desglosadas por sexo o género que visibilicen el fenómeno. Existe, por lo tanto, una violencia machista oculta que no aflora en el tratamiento informativo de muchos temas en los que las diferencias por género son enormes.

El problema de las agresiones a los profesionales de los sectores sanitario y educativo tiene un desigual tratamiento estadístico. Mientras que el Ministerio de Sanidad cuenta con un registro centralizado muy exhaustivo, en el ámbito educativo los datos provienen principalmente de los servicios de asistencia jurídica de los sindicatos o del Defensor del Profesor, donde el desglose por sexo no siempre se publica de forma sistemática.

El Informe de Agresiones a Profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) ofrece un desglose muy preciso que muestra una clara e histórica asimetría: el 80% de las notificaciones registradas corresponden a mujeres profesionales agredidas, frente al 20% en hombres. El propio Ministerio matiza que el 76% del personal del SNS son mujeres, lo que explica que la gran mayoría de las víctimas lo sean. Sin embargo, la tasa de notificaciones sigue siendo ligeramente superior en la población laboral femenina. En los registros que logran identificar el sexo del agresor, el 57% son hombres y el 43% son mujeres.

En el ámbito educativo en España no existe un registro estatal centralizado de agresiones con el mismo nivel de detalle. La información se obtiene a través de sindicatos como CSIF o del Defensor del Profesor de ANPE. Sus memorias anuales no siempre publican la variable del sexo de la víctima en sus principales titulares; sin embargo, la distribución de las llamadas de auxilio replica fielmente la estructura sociológica de las aulas. Dado que las plantillas docentes están fuertemente feminizadas (superando el 75-80% en Infantil y Primaria, y rondando el 60% en Secundaria), las organizaciones sindicales apuntan a que las maestras y profesoras reciben el grueso cuantitativo de las agresiones verbales y el acoso por parte de las familias.

Precisamente debido a esta alta incidencia en las profesionales de los sectores asistencial y educativo, universidades y proyectos de investigación (como el proyecto VIOGENSALUT) han comenzado a analizar estas agresiones bajo una perspectiva de género integral. Buscan determinar si el papel de cuidado tradicionalmente asociado a la mujer influye en la pérdida de autoridad percibida y en el consecuente aumento de la hostilidad por parte de los usuarios.

Por el contrario, donde sí existe un desglose por sexo sistemático y riguroso es en las memorias anuales del Instituto Nacional de Toxicología sobre las personas fallecidas en accidentes de tráfico. La Dirección General de Tráfico (DGT), en su reciente Informe Temático de Siniestralidad relacionada con el consumo de alcohol y drogas, muestra una brecha de género abrumadora: entre el 88% y el 95% de todos los conductores que fallecen en carretera y dan positivo en sustancias son hombres. Del total de conductores fallecidos que dieron positivo por alcohol, el 94% eran hombres; en el caso de drogas de abuso, el porcentaje es un demoledor 95%.

Aunque el censo de conductores en España está cada vez más equilibrado (las mujeres representan el 43-44% del total), la estadística de sanciones administrativas muestra un reparto por género muy desigual. Los hombres cometen mayoritariamente las infracciones y se llevan en torno al 70% de las multas. En este ámbito, no existe un registro centralizado porque las policías locales dependen de cada ayuntamiento y la perspectiva de género se refleja muy desigualmente en sus balances. La Guardia Civil tampoco incluye de forma sistemática el desglose por sexo en las informaciones públicas sobre los resultados de sus campañas preventivas de alcoholemia y drogas.

Finalmente, los ahogamientos se han convertido ya en la segunda causa de muerte accidental en España. En 2025 fallecieron ahogadas 472 personas, de las que 384 eran hombres y 88 mujeres. Ocurre en su mayoría —según denuncian las organizaciones de salvamento— por imprudencias graves, como no hacer caso a las banderas amarillas o rojas en las playas o ignorar las prohibiciones de baño en las aguas interiores. Los hombres tenemos un gravísimo problema de comportamiento y temeridad al que una información con perspectiva de género ayudaría, sin duda, a que fuéramos más responsables.