En Andalucía se muere más que en la media de España. No es una consigna política ni una exageración interesada. Es un dato oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE): 871,1 muertes por cada 100.000 habitantes, un 11,6% por encima de la media nacional. Con más de 8,5 millones de habitantes y una población más joven que la del conjunto del país, esa desviación no es anecdótica. Es un diferencial sostenido que obliga a analizar causas y responsabilidades.
En 2025 fallecieron en Andalucía 75.686 personas, un 3,11% más que el año anterior. Hubo 15.000 muertes más que nacimientos. La esperanza de vida ronda los 82 años, un año menos que la media española. La mortalidad infantil también es mayor que el promedio estatal en los últimos registros comparables. No hablamos de sensaciones. Hablamos de estadísticas oficiales que, analizadas en conjunto, dibujan un escenario preocupante bajo el mandato de Moreno Bonilla.
Conviene ser rigurosos. Ninguna cifra, por sí sola, permite establecer una relación automática entre una decisión concreta y un fallecimiento concreto. La salud depende de muchos factores: renta, educación, desigualdad, hábitos de vida o entorno. Pero el funcionamiento del sistema sanitario influye directamente en tres fases clave: prevención, diagnóstico precoz y continuidad asistencial. Y cuando esas tres fases se debilitan de forma sostenida, los resultados acaban reflejándose en las estadísticas de mortalidad.
La brecha del 11,6% no es menor. Si Andalucía tuviera la tasa media de España, se evitarían miles de muertes al año. Es una simple proyección estadística aplicada a una población de millones de personas. Por eso el dato es políticamente relevante.
Un informe conjunto de SATSE, CSIF, CCOO, UGT y plataformas en defensa de la sanidad pública señala que Andalucía supera la media estatal en cinco de las seis principales causas de muerte: cáncer, infarto, ictus, insuficiencia cardiaca y suicidio. En mortalidad cardiovascular, la tasa alcanza 300 muertes por cada 100.000 habitantes. En el caso de las mujeres, la mortalidad por ictus se sitúa en 47,6 frente a 36,6 de la media nacional. Es decir, el riesgo relativo es sensiblemente superior.
En patologías tiempo-dependientes como el infarto o el ictus, el tiempo es decisivo. Cada minuto cuenta. Si el sistema tarda en detectar, derivar o intervenir, el pronóstico empeora. Y aquí es donde la organización del sistema sanitario importa. Un sistema ágil salva vidas, uno tensionado incrementa riesgos.
La Atención Primaria es el primer dique de contención. Es donde se controla la hipertensión, el colesterol, la diabetes. Sin embargo, en Andalucía la media para conseguir cita con el médico de cabecera supera los diez días en numerosos distritos sanitarios. Cuando la puerta de entrada se colapsa, la prevención se resiente. Y cuando la prevención falla, los hospitales reciben pacientes en fases más acabadas y con mayor complejidad clínica.
El déficit estructural de profesionales agrava esta situación. Andalucía cuenta con 3,1 sanitarios por cada 1.000 habitantes, frente a 3,7 de media nacional. En hospitales hay 1,73 médicos por cada 1.000 habitantes, mientras que la media española es 2,23. En enfermería, la comunidad se sitúa a la cola con 4 profesionales por cada 1.000 habitantes. Según los sindicatos, faltarían más de 18.000 sanitarios para equipararse al promedio estatal.
Las listas de espera reflejan esa tensión. Alrededor de un millón de andaluces están pendientes de alguna prestación sanitaria. Más de 190.000 personas aguardaban una intervención quirúrgica en los últimos balances hechos públicos, y una de cada tres llevaba más de seis meses esperando. En consultas externas, más de 850.000 pacientes estaban pendientes de cita. Son demoras que influyen directamente en el curso de enfermedades oncológicas, cardiovasculares o degenerativas.
Moreno Bonilla defiende que ha incrementado el presupuesto sanitario. Sin embargo, el gasto por habitante se sitúa por debajo de la media nacional. Además, una parte relevante se destina a conciertos y servicios externalizados. El debate no es solo cuánto se gasta, sino en qué se prioriza.
Cuando faltan médicos en los centros de salud y enfermeras en los hospitales, reforzar conciertos y destinar miles de millones para la sanidad privada no resuelve el problema estructural de plantilla. Los profesionales denuncian contratos temporales, inestabilidad y salarios poco competitivos que favorecen la salida hacia otras comunidades o hacia el sector privado. Esa fuga de talento debilita aún más la red pública.
Mientras tanto, la mortalidad evitable no mejora al ritmo de otras comunidades. Andalucía no solo presenta peores datos que la media, sino que la convergencia con el resto del país se ha frenado. El argumento del envejecimiento no basta. Todas las autonomías envejecen. La diferencia está en la capacidad de respuesta del sistema público.
Desde 2019, el Gobierno de Moreno Bonilla ha contado con margen político suficiente para rediseñar el sistema. Pero el destrozo que ha llevado a cabo en la sanidad pública para favorecer el negocio de lo privado ha tenido consecuencias.
No se trata de llevar a cabo ninguna crítica gratuita. Se trata de evaluar la gestión con datos comparables. Y cuando una comunidad está por encima de la tasa de mortalidad y se sitúa por debajo en esperanza de vida respecto a la media nacional, la responsabilidad política forma parte inevitable del análisis.
La sanidad pública andaluza fue durante décadas una herramienta de cohesión social. Garantizó igualdad de acceso en una comunidad extensa y con grandes desigualdades internas. Hoy los datos muestran tensiones persistentes en mortalidad y en listas de espera.
Normalizar esa situación sería un error. Porque detrás de cada porcentaje hay personas concretas. Detrás de cada demora hay una familia esperando una llamada. Detrás de cada desviación estadística hay una diferencia real en probabilidades de supervivencia.
La política sanitaria no es neutra. Decidir dónde se invierte, cómo se dimensionan las plantillas y qué modelo se prioriza tiene consecuencias medibles. En Andalucía, esas consecuencias están en los informes del INE y en los balances oficiales del sistema público.
Los datos no votan. Pero hablan. Y lo que dicen hoy es incómodo para el Gobierno de Moreno Bonilla: la comunidad está muy por encima de la media española en mortalidad y por debajo en esperanza de vida. Cuando esa brecha se mantiene en el tiempo, la conversación ya no es técnica. Es política. Porque, al final, la gestión pública se mide en resultados. Y en sanidad, el resultado último tiene un nombre claro: vida.