Hay que perderles el miedo a esas empresas que nos tratan como si debiéramos dinero, como si fuéramos morosos, y pasar a la ofensiva. No hay que asustarse cuando recibimos un correo electrónico, una carta en el buzón o una llamada telefónica donde nos indican que dejamos pendiente una deuda con tal compañía y que si no la abonamos, vamos a pasar a un registro de morosos, después nos llevarán a los tribunales, acabarán embargando nuestra vivienda y acabaremos viviendo debajo de un puente.

Esas tomaduras de pelo tienen que contar con una respuesta dura por parte de los afectados. No podemos permitir que a muchos consumidores se la cuelen y acaben pagando deudas que en realidad no deben sencillamente por el miedo a lo que pueda pasar, sino que, además, tenemos que ser proactivos y tenemos que emprender acciones de denuncia contra esas empresas que están tratando ilícitamente nuestros datos personales.

Ilícitamente porque lo hacen para fines que no están reconocidos por la ley, porque no nos reclaman una deuda real, una deuda cierta, una deuda vencida. Incluso lo que hacen es reclamarnos una deuda absolutamente inventada.

Las discrepancias en las deudas con compañías de telecomunicaciones, energéticas, etcétera, con las que de verdad hayamos tenido alguna relación, se las podemos plantear a las administraciones de consumo en las pertinentes reclamaciones o denuncias si las compañías insisten en pedirnos un dinero que entendemos que no tenemos por qué pagarles.

Pero cuando de repente son deudas que salen de la nada, que no son fruto de un contrato o que son consecuencia de habernos dado de alta en un servicio que nunca habíamos pedido a una empresa, con la que tuviéramos o no relación, ahí tenemos que emprender acciones de denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos para que las sancione. Las multas pueden ser realmente espectaculares, pero tenemos que denunciar y somos muy pocos los que lo hacemos.

Y ojo, no se trata solo de interponer esa denuncia que derive en multa. A nosotros también tienen que resarcirnos del perjuicio causado, porque nos pueden provocar un daño moral. Tratándonos como morosos nos están insultando. Y ese daño moral se puede reclamar en concepto de indemnización en los tribunales de justicia.

Se puede ir contra esas empresas por tenernos dados de alta en registros de morosos de manera ilícita, porque esos registros de morosos son accesibles para cualquiera. Pero también podemos emprender acciones contra esas empresas aunque el fichero en el que aparezcamos sea el interno de la propia compañía.

Nos están tratando como lo que no somos: morosos, y no tienen por qué hacerlo. No tienen por qué llamarnos, escribirnos, ni contactarnos de ninguna manera para exigirnos una deuda que no existe.

Así que toca reaccionar con denuncias en consumo, en protección de datos y en los tribunales para que se les quiten las ganas de tomarnos el pelo, de intentar cobrarnos cantidades que no corresponden y de insultarnos llamándonos lo que no somos.

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