Mientras Juanma Moreno Bonilla aprueba su tercera subida salarial en una sola legislatura con mayoría absoluta, los diputados de su partido en el Congreso votan en contra de la revalorización de las pensiones. No es una figura retórica ni una exageración interesada. Es un hecho político contrastado que retrata con nitidez cuáles son las prioridades reales del Partido Popular cuando gobierna y cuando legisla.
Moreno Bonilla procura que este dato pase desapercibido: si el PP no hubiera votado “no”, 1,6 millones de pensionistas andaluces habrían visto incrementadas sus prestaciones. La mejora habría supuesto 386,4 euros más al año de media. Para muchas personas mayores no es una cifra abstracta ni un porcentaje técnico. Es la diferencia entre encender la calefacción, comprar medicamentos o llegar a fin de mes sin angustia.
El contraste resulta imposible de ignorar. Mientras el presidente de la Junta aprueba una nueva actualización salarial que eleva su sueldo hasta los 92.208,84 euros anuales, sus parlamentarios —los mismos que dicen defender a Andalucía— se alinean con Vox para bloquear una mejora histórica de las pensiones. Votar a la derecha es votar en contra de los pensionistas. Y con los ingresos básicos no se juega.
Se trata ya de la tercera subida salarial de Moreno Bonilla desde que gobierna con mayoría absoluta. Tres incrementos en apenas una legislatura, mientras Andalucía continúa liderando los rankings de precariedad laboral, salarios bajos y dependencia económica del Estado. El contraste no puede ser más elocuente.
La última subida fue aprobada mediante una resolución publicada en el BOJA el pasado 19 de enero. A partir del 1 de enero de 2026, Moreno Bonilla percibirá 92.208,84 euros anuales, repartidos en doce mensualidades. Desde la Junta insisten en que todo es legal. Probablemente lo sea. Pero la política no se mide solo en términos de legalidad, sino de prioridades.
El Gobierno andaluz justifica el aumento en el cumplimiento del Decreto-ley 11/2023 y en la actualización salarial aprobada a nivel estatal para el personal público. Según esta lógica, al incrementarse el sueldo de los portavoces parlamentarios, “es necesario” actualizar también el de los altos cargos de la Junta. Necesario para ellos. Nunca para los pensionistas.
Conviene repasar el recorrido completo. A finales de 2023, el Ejecutivo andaluz aprobó una subida del 21,8 % para sus altos cargos, elevando el salario de Moreno Bonilla de 71.667 a 87.333 euros. El argumento fue situarse en la supuesta “media” de otros presidentes autonómicos. Siete meses después, en el verano de 2024, llegó un segundo incremento del 1,79 %. Y ahora, en enero de 2026, la tercera subida.
El resultado es claro: Juanma Moreno ha aumentado su sueldo en más de 20.500 euros en apenas tres años, pasando de 71.667 a más de 92.000 euros anuales. No está nada mal.
A ello se suma el incremento de hasta un 50% en algunas indemnizaciones por vivienda para funcionarios y altos cargos. Un detalle que suele pasar desapercibido, pero que refuerza la percepción de privilegios cuando se compara con el recorte o bloqueo de derechos básicos.
Frente a esta cadena de subidas, el Partido Popular decidió votar en contra de una revalorización de las pensiones perfectamente definida. Con carácter general, debían subir un 2,7% en 2026. Las pensiones mínimas, más de un 7%. Y las no contributivas, las de viudedad con cargas familiares y las de cónyuge a cargo, hasta un 11,4%.
No era una concesión electoral ni un gesto simbólico. Era una medida de justicia social vinculada al coste de la vida y al compromiso de proteger el poder adquisitivo de quienes ya no pueden complementar sus ingresos. Jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad o clases pasivas: todo el sistema salía reforzado.
Las estimaciones oficiales apuntaban a casi 400 euros más al año para una pensión media andaluza. Para quien cobra más de 92.000 euros anuales puede parecer una cantidad menor. Para millones de personas mayores en Andalucía, es simplemente imprescindible.
Pero el rechazo del PP no se limitó a las pensiones. El decreto ómnibus incluía otras medidas de alto impacto social, como la subida del Ingreso Mínimo Vital, una prestación clave para miles de hogares andaluces sin recursos suficientes, muchos de ellos con menores a cargo.
El Ingreso Mínimo Vital no es una ayuda residual. Es una herramienta fundamental contra la pobreza severa y la exclusión social. Su actualización permite cubrir lo básico: alimentación, material escolar, alquiler. Votar en contra de su mejora es dar la espalda a quienes ya viven al límite.
El decreto contemplaba también la prórroga del bono social eléctrico y la prohibición de cortar suministros básicos —luz, agua y gas— a personas vulnerables. Medidas esenciales en un contexto de precios energéticos elevados. Para muchas personas mayores, estas protecciones marcan la diferencia entre dignidad y pobreza energética.
Además, incluía la suspensión de desahucios para personas vulnerables, incentivos a la movilidad eléctrica, ayudas a desempleados y medidas fiscales para quienes han sufrido incendios. Un paquete amplio y transversal, diseñado para amortiguar impactos sociales muy reales.
Aun así, el PP votó no. Y ahora intentará justificarlo. Dirán que era un decreto “mezclado”, que no era el instrumento adecuado, que las medidas debían tramitarse por separado. Argumentos conocidos para ocultar un voto que perjudica directamente a Andalucía.
No es una decisión aislada. El PP siempre ha defendido un modelo de pensiones como el de Rajoy: subidas del 0,25%, un euro al mes, mientras el coste de la vida se disparaba. Feijóo y Moreno Bonilla comparten esa visión: contención cuando se trata de derechos sociales, generosidad cuando se trata de sueldos propios.
La alianza del PP con Vox tiene consecuencias concretas sobre la vida de millones de personas. No es ideología abstracta. Es política cotidiana. Es decidir quién gana y quién pierde. Y, una vez más, los perdedores son los pensionistas, las familias vulnerables y quienes dependen de lo público para vivir con dignidad.
Moreno Bonilla podrá refugiarse en boletines oficiales y tecnicismos legales. Pero la realidad es obstinada: mientras él encadena subidas salariales, sus diputados votan contra la subida de las pensiones. Y eso define con absoluta claridad el modelo de sociedad que defiende la derecha.