Juan Manuel Moreno Bonilla ya no esconde cuál es su verdadera prioridad. La llamada “vía andaluza” de la moderación y el pragmatismo ha saltado por los aires, sepultada bajo una cadena de concesiones a la extrema derecha. Cuando ha llegado el momento de elegir, el presidente de la Junta de Andalucía lo ha tenido muy claro: ha optado por conservar el poder por encima de cualquier otra consideración. Ni el deterioro de los servicios públicos, ni el desgaste de las instituciones, ni las necesidades de los andaluces parecen pesar tanto como garantizar su continuidad al frente de San Telmo.
Andalucía asiste a una acelerada radicalización de su Gobierno. Educación, sanidad e instituciones se han convertido en piezas de negociación para satisfacer las exigencias de Vox. Mientras los centros de salud se colapsan en pleno verano y la escuela pública sigue esperando soluciones y mejoras, Moreno Bonilla prefiere asumir uno tras otro los peajes impuestos por la extrema derecha con tal de mantener intacta su mayoría política.
La educación pública se ha convertido en una de las víctimas más evidentes de esta estrategia. En lugar de invertir en mejorar los centros, reducir las ratios, reforzar las plantillas docentes o garantizar una enseñanza de mayor calidad, la Junta de Andalucía ha decidido trasladar la batalla ideológica directamente a las aulas.
Las prioridades de la Junta han quedado reflejadas en los últimos acuerdos presupuestarios y políticos. Se impulsa la financiación del concierto educativo en Bachillerato y se eliminan programas de integración lingüística mientras continúan cerrándose aulas, numerosos colegios presentan un deterioro considerable y aumentan el número de barracones. Se sacrifican la igualdad de oportunidades y la diversidad educativa para atender las exigencias políticas de Vox.
Si la educación soporta la presión ideológica, la sanidad pública atraviesa una situación límite. La realidad desmiente absolutamente el discurso triunfalista de la Consejería de Salud. El caso de las urgencias extrahospitalarias de Mijas y Fuengirola resume el problema: ninguna de las plazas ofertadas consiguió atraer médicos debido a la sobrecarga asistencial y a unas condiciones laborales que los propios profesionales consideran inasumibles.
Mientras los sindicatos sanitarios llevan meses alertando de esta situación, la Junta continúa con el mayor descaro negando que exista un problema estructural. Sin embargo, la realidad de este verano resulta difícil de discutir. Andalucía sufre una grave falta de médicos y enfermeras que deja sin una atención adecuada a numerosas comarcas precisamente cuando la población se dispara en las zonas costeras.
A la falta de personal sanitario se suman los problemas acumulados en las últimas semanas: cierres de camas y de plantas hospitalarias durante el verano, listas de espera que siguen marcando cifras históricas y una creciente dificultad para acceder a especialistas. La gestión sanitaria de Moreno Bonilla no solo está empujando a muchos profesionales a buscar oportunidades fuera de Andalucía, sino que deja cada vez a más ciudadanos con la sensación de que solo quien puede permitirse un seguro privado tiene garantizada una atención sanitaria en condiciones.
Durante años, la maquinaria de comunicación de San Telmo trató de construir la imagen de un presidente moderado y alejado de los extremos. Ese relato hoy es imposible de sostener. Las sucesivas concesiones a Vox han desmontado esa imagen y han dejado al descubierto a un presidente dispuesto a asumir buena parte de la agenda de la extrema derecha con tal de seguir residiendo en el Palacio de San Telmo.
Esa aproximación también se refleja en la política climática. En un momento marcado por olas de calor cada vez más intensas, incendios forestales y una sequía que golpea con dureza a Andalucía, el Gobierno autonómico ha rechazado impulsar una respuesta ambiciosa y compartida frente a la emergencia climática. En lugar de liderar soluciones, ha preferido evitar cualquier choque con Vox, incluso cuando eso supone acercarse a discursos que cuestionan el consenso científico sobre el cambio climático.
La deriva política también queda reflejada en algunos nombramientos realizados en la administración autonómica. Es el caso de la llegada a una viceconsejería de un cargo propuesto por Vox que, según diversas informaciones periodísticas, mantuvo vínculos con la Falange y que ha expresado posiciones muy críticas respecto al modelo autonómico. Lejos de marcar distancias, los responsables de Vox restaron importancia a esos antecedentes y el Gobierno andaluz ha asumido el nombramiento sin ningún tipo de objeciones.
A estos nombramientos se suma el reparto de puestos de representación institucional dentro de los acuerdos de gobernabilidad. La designación de senadores ha generado una intensa polémica por la incorporación de perfiles como el periodista Álvaro Zancajo o María Pastor Pérez-Angulo. Esta última dirigía la denominada Oficina de Maternidad de Sevilla, una iniciativa que la oposición parlamentaria denunció como un instrumento de carácter ideológico contrario a los derechos reproductivos de las mujeres financiado con recursos públicos.
El deterioro institucional ha quedado aún más expuesto tras las recientes declaraciones del jefe de prensa de Santiago Abascal sobre su etapa como consejero de la radiotelevisión pública andaluza. Al afirmar públicamente que fue nombrado por Vox y que trabajaba para Vox, puso en cuestión el principio de independencia que debe regir los órganos de control de los medios públicos. Pese a la gravedad política de esas afirmaciones, el Gobierno de Moreno Bonilla ha evitado cualquier respuesta contundente, reforzando la percepción de que mantener la estabilidad de sus acuerdos pesa más que defender la neutralidad de las instituciones.
El balance político de Moreno Bonilla resulta cada vez más difícil de desvincular de su relación con Vox. Detrás del discurso institucional y de la falsa imagen de moderación aparece un Gobierno cada vez más condicionado por la extrema derecha y más alejado de los problemas reales de los andaluces. Moreno Bonilla ha tomado una decisión política clara: preservar su continuidad en el poder, aunque eso implique asumir las exigencias de Vox, renunciar a la moderación que proclamó durante años y relegar a un segundo plano las verdaderas necesidades de Andalucía.
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