Se ha visto en los cuatro años que lleva la agresión rusa a Ucrania, en el arrasamiento de Gaza por el ejército israelí, en la guerra ilegal desatada por Netanyahu y Trump contra Irán, en el asedio a Cuba o en el secuestro de Maduro para apropiarse de la economía venezolana. En todos los casos citados la miopía energética de los gobiernos de esos países al no apostar por las energías renovables los ha hecho extremadamente vulnerables a los ataques a sus infraestructuras de producción eléctrica.
Confiaron su aprovisionamiento de energía a un esquema muy centralizado y concentrado basado en centrales nucleares o grandes centrales térmicas. La dependencia de grandes núcleos de producción obligó al gobierno ucraniano a realizar apagones programados masivos ante los ataques rusos a sus instalaciones. Si hubieran tenido una tupida red de paneles fotovoltaicos y minigeneradores eólicos apoyados por baterías, la autonomía de esa red descentralizada y distribuida habría garantizado una mayor resiliencia y una autonomía energética a prueba de bombas.
El caso de Ucrania es el espejo donde nadie quiere mirarse. Tras un invierno 2025-2026 brutal, en el que se han lanzado más de 19.000 drones y misiles contra su red, el país ha perdido cerca del 70% de su capacidad térmica e hidroeléctrica. Pero el dato más revelador no es la destrucción de las centrales, sino la fragilidad de su distribución. En un sistema centralizado, no hace falta atacar una central nuclear para dejar a una ciudad a oscuras; basta con destruir la subestación transformadora que actúa como su único puente con el mundo.
Esta "fragilidad por diseño" ha convertido a las grandes infraestructuras en rehenes geoestratégicos. Una central de 1.000 megavatios es un objetivo militar prioritario, un trofeo de guerra que, una vez dañado, tarda meses en recuperarse debido a la escasez de componentes críticos. Por el contrario, 100.000 tejados con paneles solares y baterías son, para un ejército agresor o invasor, una pesadilla logística. No se puede bombardear el sol, ni se puede apagar un país que genera su energía de forma atomizada y muy distribuida por su territorio.
En el caso cubano, sus dirigentes confiaron en el petróleo de países amigos como Rusia o Venezuela, cuando estos cortaron el suministro el país entero se quedó a oscuras. Ahora las flotas de ayuda humanitaria a Cuba incluyen paneles solares entre sus productos de primera necesidad.
El gobierno bolivariano de Venezuela es otro ejemplo de miopía energética. Lo apostaron todo a sus inmensos recursos petrolíferos y no invirtieron nada en energías renovables y en autoconsumo.
La verdadera soberanía energética en el siglo XXI ya no se encuentra en el control de los yacimientos o en el tamaño de las centrales nucleares, sino en la democratización de la generación. La descentralización —microrredes locales, autoconsumo y almacenamiento doméstico— no es sólo un imperativo ecológico; es una estrategia de defensa nacional.
Es hora de corregir la miopía y apostar por las renovables como lo están haciendo España y Portugal que, con su excepción ibérica, se han convertido en referentes aunque a las multinacionales de la energía fósil les pese y mucho.