Las mentiras de Feijóo sobre la DANA lo desacreditan para gobernar España

Entre turrones, polvorones y villancicos, algunos de los principales altavoces mediáticos de la derecha han intentado que pase desapercibida una noticia de enorme relevancia política y democrática. Alberto Núñez Feijóo sostuvo públicamente una versión de los hechos sobre la DANA que asoló la Comunitat Valenciana y dejó 230 víctimas mortales que hoy ha quedado desmentida por la documentación conocida. Afirmó que el entonces presidente valenciano, Carlos Mazón, le mantuvo informado “en tiempo real” durante la emergencia. Los mensajes, horarios y cronologías incorporados a la causa judicial indican que ese relato no se corresponde con la realidad.

No estamos ante un matiz menor ni ante una simple discrepancia interpretativa. Los hechos conocidos muestran que la primera comunicación relevante entre Feijóo y Mazón se produjo cuando la tragedia ya estaba plenamente desatada, cuando las alertas habían sido enviadas a la población y cuando numerosos municipios se encontraban gravemente inundados. A pesar de ello, el líder del Partido Popular mantuvo durante meses una versión que hoy resulta incompatible con los datos objetivos aportados al juzgado.

El relato construido por Feijóo no fue inocuo ni casual. Cumplía una función política clara: proteger a Mazón y reforzar la estrategia del PP de responsabilizar al Gobierno central de una supuesta dejación de funciones. Sin embargo, la cronología remitida al Juzgado de Instrucción de Catarroja desmonta pieza a pieza esa narrativa. La primera llamada entre ambos se produjo a las 21:27 horas del 29 de octubre de 2024, cuando la alerta ES-Alert ya había sido enviada a la población a las 20:11 horas y la magnitud de la tragedia era evidente.

Hablar de “información en tiempo real” en ese contexto no resiste el contraste con los hechos. No se trata de una cuestión semántica ni de una exageración retórica aceptable. La expresión utilizada por Feijóo implica un seguimiento constante, previo y detallado de la emergencia, algo que no se desprende en absoluto de los mensajes conocidos. Lo que reflejan esos intercambios es una reacción tardía ante una situación ya fuera de control.

Los propios mensajes intercambiados esa noche son reveladores. A medida que avanza la madrugada, Mazón reconoce el caos, la falta de información precisa y la gravedad extrema de lo que está ocurriendo. “No podemos ni entrar en muchos pueblos con gente en los tejados muerta de miedo”, escribe. Poco después confirma que “ya están apareciendo muertos en Utiel” y que “van a aparecer más”. Y remata con una frase que resume el dramatismo del momento: “Un puto desastre va a ser esto, presi”.

Lejos de evidenciar una coordinación fluida y constante, esos mensajes muestran desconcierto, improvisación y una toma de conciencia tardía de la magnitud de la tragedia. Ese contexto es clave para entender por qué el relato sostenido posteriormente por Feijóo resulta insostenible. No se puede afirmar que se estaba informado “en tiempo real” cuando la primera comunicación relevante se produce cuando la emergencia ya ha causado daños irreversibles.

Mientras hay un elemento adicional que desmonta otro de los pilares del discurso del Partido Popular. En varios mensajes, Mazón reconoce explícitamente que contaba con la ayuda del Gobierno de España, incluida la Unidad Militar de Emergencias, a través de la Delegación del Gobierno. También señala que habló con el presidente del Gobierno, con la vicepresidenta primera y con los ministros de Defensa e Interior para activar recursos y mantener efectivos en prealerta.

Estos datos son especialmente relevantes porque contradicen el relato insistente de un Ejecutivo central ausente, lento o desentendido. Los propios mensajes del entonces presidente valenciano acreditan que el Gobierno estaba disponible y actuando dentro de sus competencias. El PP ha estado un año asegurando que la UME llegó a los tres días y que nadie les ayudó. En los “WhatsApp” que se han conocido se constata que la UME estuvo disponible desde la misma tarde de la DANA. ¡Ya está bien de tantas mentiras!

Resulta especialmente significativo el desprecio con el que Mazón se refiere al gabinete de crisis activado por el Gobierno de la nación, del que asegura que “no vale para nada”. Más allá del tono, esa afirmación revela una actitud política incompatible con la necesaria coordinación institucional en una tragedia de dimensiones históricas. En situaciones así, la cooperación entre administraciones no es una opción ideológica, sino una obligación moral. Y durante todo ese tiempo, Feijóo optó por amparar políticamente a Mazón, por blindarlo, por aplaudirlo y por sostener un relato que hoy se ha demostrado incorrecto.

La dimisión del presidente valenciano no llegó como consecuencia de un ejercicio de responsabilidad hacia las víctimas, sino cuando el desgaste político, mediático y judicial se volvió insostenible para el Partido Popular en la Comunitat Valenciana. Fue una decisión condicionada por el coste electoral y por el temor a una sangría de apoyos, no por la asunción sincera de errores. Ese contexto ayuda a explicar por qué Feijóo mantuvo durante tanto tiempo una versión de los hechos que hoy no se sostiene.

El propio líder del PP ha intentado reducir ahora todo este episodio a un simple “error”. Pero no estamos ante una confusión menor o un lapsus sin importancia. El problema no es equivocarse en una fecha o en un detalle secundario, sino haber mantenido durante meses una versión de los hechos que no se ajustaba a la realidad acreditada y que cumplía una clara función política. En política, la diferencia entre el error y la mentira la marca la persistencia y la utilidad del relato.

La citación de Feijóo como testigo por parte de la jueza que instruye la causa de la DANA responde precisamente a esas contradicciones. Como ha señalado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, su comparecencia es “imprescindible”. No para dirimir responsabilidades penales, sino para esclarecer la verdad de lo ocurrido y del relato construido posteriormente ante la opinión pública.

Este episodio no es anecdótico ni aislado. Forma parte de una manera de entender la política en la que el relato se impone a los hechos y la responsabilidad se subordina al interés partidista. La ciudadanía tiene derecho a exigir algo básico: veracidad. Especialmente cuando hablamos de una tragedia con 230 víctimas mortales, familias destrozadas y municipios enteros marcados para siempre.

Desde una perspectiva estrictamente política, la conclusión es evidente. Quien sostiene afirmaciones desmentidas por los hechos en un asunto de esta gravedad no puede aspirar a gobernar el país sin rendir cuentas. No es una cuestión ideológica ni partidista, sino democrática. La confianza pública se construye sobre hechos contrastables, no sobre relatos que se desmoronan cuando aparecen los documentos.

La verdad, aunque llegue tarde, siempre acaba abriéndose paso. Y en este caso ha dejado al descubierto una versión que nunca debió sostenerse. Eso es lo que hoy pesa sobre Alberto Núñez Feijóo. Y eso es lo que la opinión pública tiene derecho a conocer, valorar y juzgar políticamente.