La maquiavélica estrategia de Feijóo: convertir las imputaciones en un arma para destruir al PSOE

La estrategia del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ha cruzado una línea de no retorno en la política española. No se trata de hacer oposición, ni siquiera de desgastar al Ejecutivo; el objetivo real, milimetrado y obsesivo, es enrarecer el ambiente público hasta niveles asfixiantes para forzar la dimisión de Pedro Sánchez a cualquier precio. Ante la flagrante incapacidad de articular una mayoría parlamentaria alternativa, la derecha ha decidido que, si no puede ganar en las urnas, gobernará mediante la parálisis institucional.

El verdadero drama de este asedio no es la virulencia del PP —un guion de sobra conocido—, sino la preocupante fragilidad de las filas propias. Resulta desalentador ver cómo destacados miembros del PSOE, con una mezcla de ingenuidad y pánico demoscópico, ya han comprado el relato de la derecha: asimilar una mera investigación judicial con una condena en firme. Aquellos socialistas que hoy corren a hacer declaraciones o a firmar artículos exigiendo elecciones inmediatas están olvidando las lecciones de nuestra propia historia y cediendo ante el acoso mediático y judicial.

Estos días de ruido ensordecedor e informaciones teledirigidas me han llevado a reflexionar sobre el gran engaño colectivo que estamos viviendo. La amnesia política es el mejor aliado de quienes juegan sucio, pero la hemeroteca es implacable y nos demuestra que la estrategia del PP no es nueva; es un rodillo que lleva décadas triturando reputaciones con un fin puramente electoral.

Conviene recordar lo sucedido en Castilla y León a finales de los años ochenta con el presidente socialista Demetrio Madrid. Fue imputado en un proceso judicial penal, lo que le empujó a dimitir por una estricta ética política para no dañar a la institución. Tiempo después, la justicia lo declaró completamente inocente de todos los cargos. Sin embargo, el daño ya era irreversible: el Partido Popular logró su objetivo político, asaltó el poder en esa comunidad autónoma y, desde entonces, no han dejado de gobernarla. La inocencia llegó tarde; el poder ya había cambiado de manos.

El caso de Andalucía con Manuel Chaves y José Antonio Griñán sigue un patrón similar de linchamiento sistemático. Aquella macrocausa instruida por la jueza Mercedes Alaya destrozó por completo la imagen del socialismo andaluz y sepultó la honorabilidad personal de sus dirigentes. Décadas de gestión y dignidad constitucional quedaron borradas bajo el peso de un relato condenatorio previo al juicio.

Ha tenido que ser el Tribunal Constitucional el que enmiende de forma drástica aquellas sentencias al delimitar la legalidad de los actos políticos y presupuestarios, amparando los derechos fundamentales de los exdirigentes y desmontando el exceso punitivo de los tribunales previos. El daño ya estaba hecho, la Junta de Andalucía perdida, y la verdad jurídica ha tardado tanto en llegar que el dolor infligido es ya irreparable. Ese es lo que realmente les importaba a los que iniciaron la cacería.

Esta perversa maquinaria no solo opera en las altas esferas del Estado; se ceba con especial crueldad en el ámbito municipal. Lo viví muy de cerca en mi etapa como secretario general del partido en Málaga. Aún recuerdo el despliegue desproporcionado en Almogía, un pequeño ayuntamiento de la comarca de los Montes, tomado literalmente por un autobús de la Guardia Civil debido a un supuestamente gravísimo caso de urbanismo ilegal.

Aquel día se desató la tormenta: de forma inmediata se publicaron portadas consecutivas acusando a Cristóbal Torreblanca, su alcalde, en el periódico provincial más importante, tertulias encendidas y una cobertura mediática total orientada por el PP, que entonces gobernaba instituciones clave. El pánico llegó a Madrid y no tardaron en sucederse las llamadas desde Ferraz exigiendo la dimisión del regidor para cortar la sangría mediática.

Me negué a pedírsela. Era el alcalde más veterano de la provincia, un hombre honesto que, mirándome a los ojos, me aseguró que todo era falso. Confié en su palabra y en su honradez frente a la histeria colectiva. Ha pasado más de una década y la justicia lo ha absuelto libre de todas y cada una de las acusaciones.

Los medios que entonces abrieron informativos no dedicaron luego ni un breve para anunciar que era inocente. Dejó hace poco la vara de mando por decisión propia, pero la dureza y la soledad de estos años de calvario judicial han dejado una huella indeleble en su salud y en su entorno. Es legítimo preguntarse cómo se restituye la dignidad ahora a un servidor público tras semejante calvario.

Los casos se cuentan por decenas a lo largo de nuestra geografía. Cabe preguntarse si es que ya no tenemos memoria colectiva. Resulta absurdo asumir que debemos forzar la salida de cada cargo socialista por el simple hecho de estar investigado, sabiendo lo rematadamente fácil que resulta interponer una querella o buscar una imputación en el escenario político actual.

El Partido Popular no sufre este problema porque opera bajo un código ético radicalmente distinto: ellos nunca dimiten. Aguantan el pulso, se atrincheran y, en multitud de ocasiones, la dirección del partido sigue apoyando públicamente a sus dirigentes incluso sentados en el banquillo de los acusados. Lo más flagrante es que esa absoluta falta de rubor orgánico apenas les pasa factura electoral. Su electorado castiga la debilidad, no la sospecha; el socialista, lamentablemente, a menudo confunde la prudencia con la culpa.

Toda esta asfixiante presión ambiental que sufrimos hoy tiene una explicación estrictamente numérica. El PP irá a más y el fango será más espeso porque las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas sitúan a Alberto Núñez Feijóo hasta once puntos por debajo de Pedro Sánchez en estimación de voto.

La derecha española sufre de ansiedad demoscópica. La cacareada moción de censura no es más que “el sueño de una noche de verano” de Feijóo. Es un brindis al sol mediático porque los números en el Congreso de los Diputados simplemente no dan, y ellos son los primeros que lo saben. No cuentan con los apoyos parlamentarios necesarios ni los van a conseguir mediante el insulto diario a las minorías de la cámara.

Si las encuestas para unas hipotéticas elecciones generales siguen dándole la espalda al PP, la situación política se va a complicar de forma extrema. El acoso al Gobierno central se volverá aún más visceral y descarnado durante los próximos meses.

Sin embargo, el líder de la oposición debería calibrar mejor su estrategia de tierra quemada. Es una verdad matemática que a quien se machaca de forma continua se le termina desgastando, pero la historia política demuestra que quien machaca sin propuesta, sin escrúpulos y sin descanso también termina por debilitarse ante una ciudadanía exhausta de tanta bilis. No lo olvide, señor Feijóo: el bumerán del fango siempre termina regresando a quien lo lanza.