Aunque ahora parezca mentira, hubo un tiempo en el que las noticias de tribunales estaban claramente separadas de la sección de política en periódicos e informativos. Eran tiempos en que se decía eso de que “los jueces solo hablan por sus sentencias” y en que gravitaba sobre la Administración de Justicia una especie de manto sacrosanto por el que la opinión pública apenas sabía de lo que ocurría en ese mundo de togas y cortinajes de terciopelo. Y tampoco les importaba demasiado, más allá de crímenes mediáticos donde el morbo campaba por sus fueros.
Hoy en día se ha dado la vuelta a la tortilla, y no hay resolución judicial sobre cualquier tema que suscite interés mediático que no sea inmediatamente conocida, transmitida y comentada por cualquiera. Incluso por quienes opinan sin problema creyéndose cargados de razón, aunque nunca hayan pisado un juzgado ni abierto un Código.
Pero, como dice el refrán, ni tanto ni tan calvo. Soy firme defensora de la transparencia informativa y creo que el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz, consagrado en nuestra Constitución, debe cumplirse a pies juntillas. Pero eso no puede abrir la veda al “todo vale”. Porque hay que atender al cuándo y al cómo.
En lo que respecta al tiempo, no está de más recordar que nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sigue siendo la del siglo XIX, establece un sistema dividido en dos momentos. En primer término, la instrucción, caracterizada por la reserva que es consustancial a una investigación sin interferencias, y, en segundo lugar, el juicio oral, en que rige en principio de publicidad, salvo algunas excepciones motivadas por la salvaguarda de la intimidad de determinadas víctimas vulnerables. Esto es lo que nos enseñaban en la Facultad, y que no ha cambiado. De modo que no solo los sumarios declarados secretos estaban regidos por ese principio de reserva.
Sin embargo, hoy día la justicia se ha convertido en un espectáculo. No hay providencia, dictamen, auto, ni sentencia que no sea inmediatamente conocida, destripada y criticada o aplaudida, según vayan las tornas. Y, consecuentemente, no hay informativo ni programa de actualidad que no pase gran parte de su tiempo dedicado a lo que sale de nuestros juzgados y tribunales.
Así, a pesar de que no debería ocurrir, se ha normalizado que las grabaciones de declaraciones y comparecencias que deberían permanecer reservadas sean vistas y escuchadas por cualquiera, quiera o no. Y que los procedimientos judiciales -mal llamados “sumarios”, que solo es un tipo de procedimiento- se repartan a la prensa como se reparten caramelos en la puerta de un colegio. De hecho, produce hasta hilaridad el hecho de que las salas estén llenas de carteles que prohíben el uso de móviles, o que algunos magistrados lo adviertan expresamente.
Por supuesto, la primera víctima de estas prácticas es la presunción de inocencia. Y eso no solo afecta al encartado o encartada en el proceso, sino a toda la sociedad. Porque los juicios paralelos y la judicialización de la política -y viceversa- no benefician a largo plazo a nadie. Palabra de jurista.
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