Infartos sin ambulancias, traslados en taxi y gasolineras: así se desangra la sanidad andaluza

Un infarto. Hora y media para que llegue una ambulancia. Así está Andalucía. No es una excepción, ni un caso aislado. Es el reflejo más crudo del colapso sanitario que sufre esta comunidad. Antonio, un vecino de Alcalá de Guadaíra, estuvo a punto de morir esperando una ayuda que nunca llegaba. Y lo que vivió él podría pasarle mañana a cualquiera. Porque cuando un servicio público se desmantela, las consecuencias se miden en vidas.

El sistema sanitario andaluz ha cruzado una línea roja que nunca debió sobrepasarse. Ambulancias que tardan más de una hora en llegar, pacientes críticos trasladados entre vehículos en plena autovía o en gasolineras, enfermos que acaban en taxis porque no hay medios disponibles. Es el resultado de años de recortes, privatizaciones y falta de personal bajo el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla. Y lo peor no es solo lo que ya está ocurriendo, sino lo que aún puede ocurrir si no se detiene esta deriva.

Hace unos días, Antonio se desplomó en plena calle víctima de una parada cardiorrespiratoria. Sus vecinos, alarmados, llamaron varias veces a emergencias. Pasaron los minutos y nadie llegaba. Los operadores insistían en que “podía tratarse de una crisis de ansiedad”, y pedían calma. Pero Antonio no reaccionaba. Tras una hora y media de espera y siete síncopes, fueron sus propios vecinos quienes decidieron actuar. Con una manta a modo de camilla, lo cargaron entre siete personas, lo metieron en una furgoneta y lo llevaron por su cuenta al hospital. Solo así logró sobrevivir. “No me lo explico, esto no le puede pasar a nadie más”, dice hoy, aún con incredulidad.

El suyo no es un caso aislado. Es la consecuencia directa de un sistema de urgencias que se derrumba. En Granada, enfermos graves están siendo cambiados de ambulancia en mitad de la autovía, en gasolineras como la del Puerto de la Mora, expuestos al frío o la lluvia mientras esperan otro vehículo que nunca llega. Lo ha denunciado UGT Andalucía: lo que antes habría parecido un fallo puntual se ha convertido en una práctica habitual en un servicio público cada vez más precario. Los hospitales de Baza y Guadix, según el sindicato, carecen de medios humanos y materiales suficientes para garantizar la atención a sus pacientes.

La crisis del transporte sanitario ya está costando vidas. Los sindicatos lo advierten, los testimonios lo confirman y las cifras lo corroboran. En Almería, un hombre murió en Pulpí mientras esperaba una ambulancia medicalizada que nunca llegó. En Málaga, una joven de 19 años con un derrame cerebral tuvo que ser llevada en taxi al hospital porque “no había ambulancias disponibles”. En muchos pueblos andaluces, la atención urgente se ha convertido en una ruleta donde la rapidez —o la suerte— decide quién vive y quién no.

Esa escena —una ambulancia parada en un arcén esperando otra que no llega— simboliza mejor que cualquier estadística el deterioro de la sanidad pública andaluza. Más de 30.000 habitantes de la comarca de Baza están desatendidos, según UGT. Los equipos de urgencias rurales deben recorrer kilómetros para trasladar a un paciente grave y, mientras tanto, dejan desprotegidas sus zonas. La imagen es desoladora: profesionales agotados, medios insuficientes y una Junta que se limita a negar la evidencia.

UGT lo ha dicho con claridad: la Junta de Andalucía no está garantizando la atención de los pacientes críticos. Las unidades se desplazan sin personal médico especializado, los vehículos no cumplen los mínimos exigidos y los traslados se improvisan con una temeridad alarmante. En palabras del sindicato, es “una escena lamentable” que pone en peligro vidas humanas y deja en evidencia la política sanitaria de Moreno Bonilla, centrada más en la propaganda que en la gestión.

Hace unos años, nadie habría creído que en Andalucía se harían “trasvases de pacientes” en una gasolinera. Hoy es rutina. Lo que antes escandalizaba, ahora apenas sorprende. Y la responsabilidad tiene nombres y apellidos. Moreno Bonilla presume de “récords de inversión” mientras la ciudadanía se juega la vida esperando una ambulancia. De poco sirven los millones presupuestados si los recursos no llegan donde más se necesitan: a los equipos sanitarios, a los vehículos de emergencias, a los pueblos que dependen de ellos.

No solo los sindicatos lo denuncian. Ángeles Ferriz, portavoz socialista en el Parlamento Andaluz, alertó hace semanas de la “merma del servicio y la falta de ambulancias que acaba costando vidas”, con ejemplos documentados en varias provincias. El déficit de medios y la precariedad del transporte sanitario son especialmente graves en las zonas rurales. Las concesionarias privadas gestionan el servicio con criterios de rentabilidad, no de cobertura, y la Junta lo permite sin exigir responsabilidades.

También CSIF se sumó a las advertencias. En un comunicado publicado en julio, denunciaba el uso irregular de ambulancias no asistenciales para atender emergencias y la presencia de vehículos con un solo técnico a bordo. Son prácticas que incumplen la normativa y que, según el sindicato, “ponen en riesgo la seguridad de los pacientes y de los propios profesionales”. “No se puede improvisar con la vida de la gente”, recordaban. Pero la Junta improvisa. Cada día. Con la complacencia del Gobierno de Moreno Bonilla.

Los helicópteros del 061 no operan de noche ni con mal tiempo. Las ambulancias están saturadas o sin personal suficiente. Los servicios de urgencias rurales quedan vacíos porque su equipo ha tenido que desplazarse a otro municipio para cubrir un traslado. Y, mientras tanto, el Ejecutivo andaluz se enorgullece de sus supuestas cifras récord y de una modernización sanitaria que nadie ve en los pasillos ni en las carreteras.

El testimonio del abuelo malagueño que se hizo viral hace unas semanas refleja el mismo drama. Su nieta, de 19 años, sufrió un derrame cerebral. Cuando su madre llamó a emergencias, le dijeron que no había ambulancias disponibles. Desesperadas, tuvieron que bajarla —inconsciente y sin ascensor— y llevarla en taxi al hospital. “Esto no le puede pasar a nadie más”, decía el abuelo, entre lágrimas. Su rabia no es política, es humana. Es el grito de una familia que creyó en el servicio público y hoy se siente abandonada.

Estos casos no son anécdotas. Son el síntoma de un sistema sanitario al borde del colapso. Moreno Bonilla ha desviado millones hacia la sanidad privada mientras la red pública se deteriora, las listas de espera crecen y los profesionales trabajan al límite. Los datos de inversión no sirven de nada si los ciudadanos siguen esperando hora y media a que llegue una ambulancia.

Sindicatos y partidos coinciden en el diagnóstico: el problema no es la falta de dinero, sino la falta de voluntad política. La Junta subcontrata servicios esenciales a empresas que buscan beneficios, no bienestar. La sanidad pública andaluza no puede gestionarse como si fuera una subcontrata, porque está en juego lo más importante: la vida.

Desde San Telmo, la respuesta es siempre la misma: negarlo todo. “Andalucía está mejor que nunca”, repite el portavoz de la Junta. Pero los datos no mienten. Hablan los enfermos, las familias, los sanitarios. Habla Antonio, que sobrevivió de milagro. Habla la nieta de 19 años que viajó en taxi mientras perdía el conocimiento. Hablan los que ya no llegaron a tiempo.

Andalucía necesita algo más que propaganda: necesita reconstruir la confianza en su sanidad pública. Reforzar las plantillas, revisar las concesiones privadas y garantizar que cada punto del territorio disponga de medios suficientes. Porque la distancia entre un hospital y una ambulancia no puede medirse en kilómetros. Se mide en vidas.