Imposible controlar tantos fraudes con tan pocos recursos

Nos roban millones, cientos de millones, miles de millones de euros. Lo hacen las grandes empresas, las macroempresas que operan en este país. Y aquí no pasa nada porque no se le echan ganas desde las administraciones que tienen que velar por los derechos de los consumidores, entre otras, las autoridades de protección al consumidor de las comunidades autónomas.

Nada ha cambiado desde que el Ministerio de Consumo asumió potestad sancionadora y empezó a poner multas a diestro y siniestro, aunque poquitas, por la escasa capacidad que tiene y por el reducido número de funcionarios del ministerio. Pero es que en las comunidades autónomas no quieren tomar nota.

Los políticos que hay al frente de las autoridades de protección al consumidor, por así decirlo, porque igual deberíamos hablar de desprotección al consumidor, no se toman la cosa en serio.

Ciento ochenta millones de euros a cinco aerolíneas por cometer fraudes masivos. Esa es la multa más alta que conocemos hasta ahora. Y en las autoridades autonómicas, pues como quien oye llover: no aplican sanciones proporcionales a las dimensiones del fraude.

Solo lo está haciendo ese ministerio y nadie lo imita dentro de todas las administraciones que tienen capacidad para hacer exactamente lo mismo, porque las competencias son las mismas.

El Ministerio de Consumo no tiene más competencias que las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas pueden multar cualquier fraude que se produzca en sus territorios y el ministerio, ojo, solo puede multar fraudes masivos que tengan envergadura nacional.

Bueno, pues no cambian las cosas. No hay voluntad política para proteger de verdad a los consumidores y tampoco hay capacidad por el número de inspectores.

No puede ser que un banco tenga un número de abogados infinitamente superior al número de inspectores que tiene el Ministerio de Consumo, al que tiene cualquier autoridad autonómica de protección al consumidor o al que tienen la suma de todas las comunidades autónomas y del propio ministerio en lo que se refiere al control del fraude.

Sin cuerpos inspectores, poco control vamos a tener. Y sin políticos al frente de las administraciones que quieran proteger de verdad al consumidor, poca protección vamos a tener los ciudadanos.

Se está permitiendo, se está dejando hacer y, a veces, las cosas claras, se deja que una empresa cometa un fraude porque es una empresa del territorio, una empresa a la que hay que permitir que cree empleo, que crezca, que ayude a que la economía de la comunidad florezca y a la que, por tanto, hay que perdonarle algunas cosas.

Hay que perdonarle que nos robe, hay que perdonarle que nos engañe, que haga publicidad engañosa, que incumpla sus obligaciones contractuales, que se salte la legislación en materia de consumo y en todas las materias que le afectan. Hay que dejarla hacer porque, si no, la economía se va a pique.

Y ese es el chantaje de siempre. Es el chantaje, o el autochantaje, en el que se implican muchas administraciones que no hacen su trabajo. Y eso también es otra forma de corrupción. Porque permitir el fraude masivo al consumidor, permitir que nos roben, es actuar de forma ilícita desde la propia administración.

Una cosa es que no tengan capacidad y, por cierto, tendrían que reclamar más medios en lugar de asumir que esto es algo que se quedará así para siempre. Y otra cosa es no hacer porque no se quiere; no controlar el mercado porque no se tiene ninguna gana, porque inexplicablemente prefieren no llevarse mal con las empresas que defraudan antes que hacer el trabajo para el que les pagamos el sueldo público a los políticos.

Para, entre otras cosas, algo tan simple, algo tan elemental, como hacer cumplir las leyes que ellos mismos han aprobado.

Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes