Hay un momento exacto en el que una sociedad empieza a fragmentarse y a no funcionar bien el ascensor social. No sucede cuando cae la Bolsa, ni cuando se incendia el Parlamento y el ruido prevalece al análisis y la reflexión, ni siquiera cuando los jóvenes deciden irse del país y la fuga de talento nos deja huérfanos. Ocurre antes. Mucho antes. Sucede cuando un chico o chica de treinta años descubre que puede pagar Netflix, un iPhone a plazos y hasta un viaje a Lisboa, pero no puede pagar su hogar, tener sus llaves y su puerta que cierre por dentro. Ahí empieza el problema. Ahí empieza el gran reto España, de todas y cada una de las administraciones públicas y de los promotores privados con verdadera vocación social y de estado.
El país donde emanciparse se convirtió en ciencia ficción
España ha conseguido algo extraordinario: transformar la vivienda en un artículo de lujo mientras seguimos hablando de ella como derecho constitucional. Un prodigio semántico. Un país donde la palabra “hogar” aparece en los discursos institucionales exactamente al mismo ritmo al que desaparece de la vida de la gente.
Hubo un tiempo —no tan lejano— en el que España construía cerca de 400.000 viviendas al año. Hoy apenas supera las 100.000. Y de ellas, solo unas 14.000 son protegidas. Mientras tanto, los hogares crecen y se dio la tormenta perfecta y ahora la UE, el Estado, las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y las Promotores Privados bogan en sintonía hacia puerto, con rumbo definido y viento a favor para construir vivienda pública y garantizar el acceso a la vivienda a quienes más lo necesitan.
El no hacerlo traería terribles consecuencias no urbanísticas sino morales y humanas.
Porque el verdadero precio de la vivienda no se mide en euros por metro cuadrado. Se mide en hijos que no nacen. En parejas que no empiezan. En jóvenes que vuelven a la habitación de su infancia después de haber estudiado un máster. En familias hacinadas en pisos compartidos o en alquiler de habitaciones a precio de oro que se han convertido en el barraquismo del siglo XXI.
Madrid, Barcelona y otras grandes capitales han resucitado ese barraquismo, solo que ahora tiene WiFi y suscripciones a plataformas digitales.
Lo más desconcertante, lo que me niego a aceptar es que interioricemos y nos acostumbremos a un modelo de País que tienda a ser exclusivo y excluyente, solo para quien se lo puede pagar…. Como quien convive demasiado tiempo con una gotera y termina creyendo que el sonido del agua forma parte natural de la casa.
España no tiene un problema inmobiliario. Tiene un problema de coraje, burocracia y disputas políticas que ralentizan la llegada a buen puerto de grandes iniciativas para la construcción de vivienda pública a un ritmo razonable y a precios de verdad accesibles
Os digo esto, porque es exactamente lo que me movió, hace ya más de 4 décadas, se dice pronto, a comenzar mi trayectoria en la construcción de vivienda pública con un grupo de amigos en el barrio de Les Corts de barcelona. Una idea antigua y revolucionaria al mismo tiempo que sigue vigente: construir viviendas para vivir y garantizar la igualdad de oportunidades no para que un fondo pudiera especular o para que la protección social se diluyera como un azucarillo en unos años y el parque de vivienda pública sea etéreo y volátil.
Perdonad si desde la experiencia puedo tirar de algo de displicencia y deciros algo incómodo: el gran fracaso español no es la falta de suelo. Ni siquiera el precio de los materiales. El fracaso es haber convertido la burocracia en un sistema de bloqueo y ralentización que va en contra de cualquier solución ágil que permita acortar los tiempos desde la adjudicación a la ejecución de la promoción y su entrega. Aquí está la clave.
España tarda tanto en conceder licencias que cuando llega el permiso ya ha cambiado el mercado, el coste financiero y probablemente el alcalde.
El quinto pilar del bienestar
Durante décadas, el Estado del bienestar español se sostuvo sobre cuatro columnas: sanidad, educación, pensiones y empleo. Faltaba una quinta. La vivienda.
Y ahora ya no puede esperar más, ya nadie los discute.
Europa tiene cerca de un 9,5% de parque público o protegido. España apenas alcanza el 3,4%. No es una diferencia técnica. Es una diferencia cultural. Otros países entendieron hace tiempo que la vivienda asequible estabiliza sociedades. Nosotros seguimos discutiendo si construir pisos afea el paisaje. Por cierto, en Metropolitan House jamás lo hicimos y siempre buscamos una calidad arquitectónica que impide diferenciar, o mejor dicho, catalogar a simple vista, una promoción como vivienda social.
La solución inmediata no está en colonizar Marte o la Luna …. Hace falta suelo público inmediato. Menos fiscalidad absurda sobre la VPO. Licencias rápidas. Colaboración real entre administración y promotores. Planes parciales que se ejecuten de verdad. Más vivienda pequeña para jóvenes. Más alquiler asequible. Más derecho de superficie, menos dogmatismo, nuevos modelos de gestión de alto impacto social y algo esencial: conservar siempre la titularidad pública del suelo.
Ahí aparece uno de los proyectos de gestión más interesantes surgidos recientemente en España: GENIVS INSULAE, un fondo regulado de impacto social especializado en vivienda protegida de alquiler para jóvenes sobre suelo público. No busca la especulación rápida ni la promoción oportunista. Busca algo mucho más raro en España: continuidad y dar una solución al problema de la vivienda y a los fallos de mercado.
La alianza con organizaciones como Provivienda o Fundación Hàbitat 3 Sí introduce además una dimensión que España olvidó durante años: la vivienda no consiste solo en construir paredes. También consiste en acompañar vidas y dimensionar proyectos desde un verdadero prisma social.
El país que tendrá que elegir
España afronta una decisión histórica.
Puede seguir convirtiendo la vivienda en una guerra ideológica interminable donde nadie construye nada y todos ganan titulares. O puede asumir que hacen falta administraciones valientes, promotores responsables y una generación política capaz de entender que un piso de alquiler asequible genera más estabilidad democrática que cien discursos sobre igualdad.
Porque un país donde la gente no puede independizarse acaba independizándose de su propio país.
Y quizá por eso la mejor definición de esta crisis no la ofreció un economista, sino un bisonte.
“Frente a la tormenta, el bisonte no huye. La atraviesa”.
España deba empezar a hacer exactamente eso.
Rafael Angulo Cordero es presidente de Metropolitan House
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