Hoy martes, el Congreso de los Diputados decide el futuro habitacional de millones de personas en una votación que marcará un antes y un después. Pese a que un estudio del Ateneo del Dato revela que el 74% de los españoles —incluida la mayoría de votantes del PP (65%) y de Vox (60%)— apoya la prórroga de los contratos de alquiler promovida por el Gobierno, Alberto Núñez Feijóo ha decidido dar la espalda a la calle para abrazar, una vez más, los intereses de los grandes tenedores.
Este 28 de abril, la Cámara Baja vota una medida de supervivencia pura: la prórroga de los alquileres para evitar que dos millones de hogares queden a la intemperie ante subidas abusivas. Sin embargo, el PP ya ha dictado sentencia. Su negativa a convalidar el decreto no es solo un bloqueo administrativo; es un ataque directo a la línea de flotación de la economía familiar.
Mientras las organizaciones sociales redoblan su presión barrio a barrio al grito de "pidan la prórroga por burofax", Feijóo se prepara para votar contra el bolsillo de sus propios electores.
No es un debate técnico, por mucho que intenten envolverlo en retórica jurídica. Es una decisión política que afecta al sueño y al descanso de millones de ciudadanos. Votar en contra de limitar el alquiler hoy, en este preciso contexto de volatilidad internacional, significa dar luz verde a que los precios sigan escalando sin control.
El decreto busca amortiguar el impacto de las crisis externas, pero el Partido Popular prefiere situarse en el dogma de la "no intervención", incluso cuando ese mercado desbocado está expulsando a las familias de sus propios barrios.
El voto de hoy no es neutro. Tiene nombres y apellidos: los de quienes destinan más del 50% de su sueldo a pagar un techo. Rechazar esta prórroga es favorecer activamente una transferencia masiva de renta de quienes menos tienen hacia quienes más acumulan.
Feijóo intenta justificarse con el mantra de la "inseguridad jurídica", pero la única inseguridad real es la de la madre que no sabe si podrá renovar su contrato el mes que viene sin que le pidan trescientos euros más por su casa de siempre.
La realidad es testaruda: en las comunidades donde gobierna el PP, no se hace absolutamente nada para bajar los precios. Por si a alguien se le ha olvidado, las competencias en vivienda están en manos de las comunidades autónomas, y el balance es desolador. Madrid y Andalucía, bajo el mando de Ayuso y Moreno Bonilla, se han convertido en laboratorios de la especulación.
Saben perfectamente que, en Cataluña, donde se aplica la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, los precios han empezado a contenerse. Lo saben, y precisamente por eso se niegan a aplicarla: prefieren el negocio de unos pocos al bienestar de la mayoría social.
Los jóvenes son las principales víctimas de este cinismo político. El Bono Joven, que debería ser un alivio, es hoy un símbolo del fracaso administrativo en las regiones del PP. Retrasos de meses y solicitudes atascadas mientras los alquileres siguen subiendo.
Cuando se les ofrece una solución concreta como la congelación de precios, la respuesta es siempre "no". No por ineficacia, sino por ideología: su modelo es dejar que el mercado actúe sin límites, aunque eso signifique la gentrificación y el exilio habitacional de toda una generación.
Lo más sangrante es que, mientras bloquean la protección al inquilino privado, gestionan la vivienda pública como un botín personal. Los escándalos en la adjudicación de VPO en Alicante, Logroño, Vélez-Málaga o Palencia son la prueba de un sistema podrido.
Adjudicaciones a familiares, a militantes de base o a personas con vínculos directos con el partido. Es lo que ya se denomina como "PP-okupas": no son los vulnerables quienes entran en las casas, sino los amigos del poder quienes se aprovechan de los recursos de todos para medrar.
Este patrón se repite con especial crueldad en ciudades como Málaga.
El modelo del alcalde del PP de Málaga, Francisco De la Torre, es el paradigma de la derecha: expulsar a los malagueños de su ciudad para convertir locales comerciales en infraviviendas precarias sin condiciones dignas, mientras se alfombra el camino para viviendas de lujo de más de un millón de euros. No es política de vivienda, es marketing inmobiliario para élites a costa de la dignidad de los vecinos que ven cómo su ciudad se vuelve inhabitable.
A Ayuso, a Moreno Bonilla o a Abascal no les quita el sueño que una familia no llegue a fin de mes por culpa de un casero usurero. Su agenda real protege la rentabilidad del activo financiero, no el derecho constitucional al techo.
Para la derecha española, intervenir para garantizar precios justos es una "herejía comunista"; sin embargo, dejar que un fondo buitre desahucie a una anciana es, para ellos, simplemente el funcionamiento normal y "saludable" de la economía de mercado.
Por eso, la votación de hoy en el Congreso marca una línea roja definitiva. No es un trámite más de la legislatura. Es la elección entre quienes creen que la vivienda es un derecho humano y quienes la tratan como una mercancía de especulación barata. Es la diferencia entre ofrecer un respiro a la ciudadanía agobiada o asfixiarla definitivamente para no molestar a los grandes propietarios.
La pregunta para el ciudadano es inevitable y urgente. Si el 74% de los españoles pide la prórroga, ¿a quién sirve realmente Feijóo cuando ordena votar que no? ¿Representa a las familias que sufren para pagar el recibo o a los que se enriquecen con ese sufrimiento ajeno?
Si ya sabemos que PP y Vox siempre votan en bloque en contra de los intereses de la mayoría social de este país, la pregunta final es tan dolorosa como necesaria: ¿para qué seguir dándoles el poder de arruinarnos la vida cada vez que se suben a la tribuna?