El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, representa ese reducto de la iglesia enraizado en el franquismo del que tantos privilegios obtuvo. Ahí están los monjes, guardianes agradecidos y fanáticos obviando lo que digan los jefes de Roma o lo que haya sentenciado el Tribunal Supremo. Les importa un bledo: velan a Franco y le custodian. Cantera es fiel heredero de sus esencias. De ideología próxima a Falange, el prior ha escrito a la vicepresidenta del Gobierno, afirmando que no autoriza el acceso a la Basílica. Considera el religioso que la sentencia del Tribunal Supremo no da respuesta a las alegaciones que plantea la Abadía, tales como la vulneración de la libertad religiosa, al pretender actuar en lugar sagrado, y el no contar con “la preceptiva autorización eclesiástica”. Que el Vaticano no se oponga a la exhumación no parece interesarle. Como tampoco le afecta que el alto tribunal diga que no es precisa la autorización de la Iglesia.

Dirige Cantera una comunidad de monjes en pleno acuerdo con la decisión de su superior. Uno de ellos, Joaquin Montull ha calificado al Gobierno de república bananera. Y ha claro que, para ellos, la Iglesia no es el Vaticano: “la Iglesia son esos miles de españoles, y también del extranjero, que nos apoyan y que quieren que las cosas estén como están. Como quiso Franco en un principio". Habría que contarle al señor Montull quién fue Aureli María Escarré, porque él también fue Iglesia. Pero una Iglesia valiente, que no se opuso a una democracia sino a un régimen dictatorial. Era abad de Montserrat cuando en una entrevista al periódico Le Monde, en 1963, denunció que no tenían tras de ellos 25 años de paz, sino 25 años de victoria. No ahorró críticas a un régimen que se decía católico, pero que no obedecía a los “principios básicos el cristianismo”. El apoyo al abad por parte de sacerdotes y frailes, que también eran Iglesia, acabó con una centena de ellos en la cárcel concordatoria de Zamora.

Franco expresó su voluntad mediante un decreto firmado en 1957, que supuso la creación de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, mediante la que la Gloriosa Orden de San Benito debía administrar las tareas de culto –misas franquistas, entre otras liturgias-  y supuesto mantenimiento del monumento. Esa resolución conllevaba una dotación económica. El Tribunal de Cuentas avisó en 2016, durante el Gobierno de Rajoy, de que no se presentaba balance alguno de ingresos y gastos, pese a la transferencia de 340.000 euros, que cada año se ha ido realizando desde las arcas del Estado. El presidente popular Mariano Rajoy Brey miró hacia otro lado. El Gobierno del socialista Pedro Sánchez, en 2018, congeló la subvención hasta que se rindieran cuentas, acto que aún se espera. La exhumación de Franco debe suponer para los monjes, incertidumbre sobre su futuro económico. Exhumado el dictador, ¿qué les queda? Franco es un negocio que está casi a punto de quiebra. Por eso se revuelven.

Se demuestra pues, que el Valle de los Caídos no es un monumento a la reconciliación, como pretendían hacernos creer la derechona y sus voceros. Con su actitud, el prior Cantera y sus monjes dan fe de que Franco ha seguido reinando sobre los vencidos, como una alegoría fascista del triunfo del bien sobre el mal. Eso, y no otra cosa, supone ese terrible cementerio concebido para que la historia no avance. Es urgente pasar página.