Los estudiantes de la Universidad de Málaga se rebelan contra Moreno Bonilla: "Sin financiación no hay futuro"

Los estudiantes de la Universidad de Málaga han dicho basta. Tras años de recortes, promesas incumplidas y abandono institucional, el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Málaga (CEUMA) ha convocado una huelga de cinco días —del 1 al 5 de diciembre— para denunciar la asfixia financiera que sufre la institución y rechazar la nueva Ley Universitaria de Andalucía (LUPA), impulsada por el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla. El mensaje es claro: la educación pública está en peligro, y la comunidad universitaria no piensa permanecer en silencio mientras la Junta favorece el negocio de las universidades privadas.

La protesta refleja un hartazgo colectivo que lleva años gestándose en los pasillos, las aulas y los laboratorios. Los estudiantes malagueños acusan a la Junta de condenar a la UMA a una infrafinanciación crónica que ya compromete la calidad de la enseñanza, la investigación y los servicios básicos. La UMA es la segunda universidad andaluza con menor financiación por estudiante, solo por delante de Almería, y la cuarta peor de España. Recibe apenas 6.267 euros por alumno, 678 menos que la media andaluza y 4.572 menos que la universidad pública mejor financiada del país. Esa brecha se traduce en un déficit anual superior a los 59 millones de euros, lo que impide contratar profesorado, renovar equipos o mantener edificios en condiciones dignas.

“En Derecho hemos tenido que llevar nuestros propios folios para hacer exámenes”, denunció el presidente del CEUMA, Javier A. Borrego. Una imagen absurda pero simbólica: la universidad pública que debería ser motor de igualdad, obligada a racionar el papel mientras la Junta presume de superávit. La precariedad se extiende por todo el campus: laboratorios obsoletos, clases saturadas y promociones bloqueadas.

CEUMA advierte además que la falta de recursos “impide el funcionamiento normal de la institución”. “La infrafinanciación no es un problema abstracto ni administrativo, sino una realidad palpable que compromete la calidad, la igualdad de oportunidades y la sostenibilidad de la educación pública universitaria en Málaga”, denuncia el Consejo, subrayando que también afecta al profesorado y al colectivo investigador. Como ejemplos, mencionan que “no se están pagando complementos laborales” y que se ha “limitado la financiación para estancias y congresos, de interés formativo” para los docentes.

En medio de ese panorama, el profesorado vive una situación cada vez más precaria. Según elDiario.es, el 43,8 % del personal docente e investigador de la UMA tiene contratos temporales, una cifra que refleja la inestabilidad estructural del sistema universitario andaluz. Las becas de investigación se convierten con frecuencia en trampas laborales, los salarios permanecen estancados y la carga docente aumenta cada curso. “Que no se pueda pagar a los profesores de manera justa hace que abandonen sus puestos”, advertía el representante estudiantil. No se trata solo de un problema laboral: la precariedad del profesorado repercute directamente en la calidad de la docencia y en la continuidad de los proyectos científicos, mientras la Junta ignora las peticiones de estabilización y promoción interna.

La UMA arrastra además una herida aún abierta: la exigencia de devolver 36 millones de euros de sus remanentes durante la pandemia, una decisión que la dejó endeudada y sin margen para invertir. El resultado es un modelo financiero injusto que empuja a la universidad pública al límite, mientras la Junta destina recursos y grados estratégicos a las privadas.

La comunidad universitaria malagueña lleva meses movilizada. En septiembre, la plataforma UMA por la Pública se concentró frente a la Facultad de Derecho para exigir una financiación digna y denunciar recortes y despidos. Profesores, personal de administración y sindicatos se sumaron a la protesta. La respuesta del rectorado fue blindar el edificio con presencia policial, una imagen que retrata la tensión entre una comunidad universitaria que se siente abandonada y unas instituciones más preocupadas por la foto que por el fondo.

El malestar no se limita a Málaga. En toda Andalucía crece el descontento contra las políticas universitarias del PP. Moreno Bonilla fue abucheado en la inauguración del curso en la Universidad Pablo de Olavide, y en Cádiz las movilizaciones se multiplican entre interinos y docentes con sueldos indignos. Lo que antes eran protestas aisladas se ha convertido en un movimiento generalizado en defensa de la universidad pública andaluza.

El problema de fondo no es solo la falta de financiación: es un modelo político deliberado. Moreno Bonilla ha convertido a las universidades públicas en el laboratorio de su estrategia de privatización, siguiendo el modelo de Ayuso en Madrid. Se trata de debilitar lo público, vaciarlo de recursos, congelar grados estratégicos y presentarlo luego como ineficiente para justificar la expansión de lo privado. Desde que el PP gobierna en Andalucía, se han autorizado cinco nuevas universidades privadas, muchas sin experiencia ni garantías académicas, pero con potentes fondos de inversión detrás.

En Málaga, por ejemplo, este curso han iniciado su actividad la Alfonso X El Sabio Mare Nostrum, la Universidad Europea y la Utamed, tres universidades privadas impulsadas por Moreno Bonilla, con matrículas que superan los 8.000 euros anuales. Mientras tanto, los alumnos de la UMA denuncian el mal estado de las instalaciones o la falta de medios en facultades como Bellas Artes, Ciencias, Psicología o Estudios Sociales. El contraste no puede ser más elocuente: una universidad pública endeudada frente a un negocio privado en expansión.

La nueva Ley Universitaria de Andalucía (LUPA) completa ese engranaje. Presentada el 1 de octubre, ha sido rechazada por sindicatos, estudiantes y gran parte de los grupos parlamentarios. No garantiza la suficiencia financiera del sistema, no fija inversiones mínimas y no aborda la precariedad del profesorado. Además, incluye a las universidades privadas en el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria, el órgano que decide las líneas estratégicas del sistema. Es decir, permite que los intereses privados influyan directamente en la planificación universitaria andaluza.

Esta ley convierte la educación en un mercado y deja sin protección a los estudiantes y trabajadores de la universidad pública. Los colectivos estudiantiles denuncian que ignora las enmiendas presentadas por los Consejos de Estudiantes, no corrige los desequilibrios en la representación estudiantil y rebaja la autonomía de las universidades.

El paro académico convocado en Málaga es, por tanto, mucho más que una protesta puntual. Es una advertencia política. Los jóvenes que hoy se niegan a asistir a clase no lo hacen por comodidad, sino por conciencia. Saben que la educación pública es el ascensor social que permitió a generaciones anteriores avanzar, y que su deterioro condenará a las próximas a un futuro sin oportunidades. “La infrafinanciación no es un problema administrativo, es una realidad que compromete la igualdad de oportunidades”, señalan en su manifiesto.

Mientras Moreno Bonilla presume de estabilidad institucional, las universidades públicas andaluzas se desangran. Los contratos precarios expulsan al talento, las investigaciones se paralizan y los alumnos de familias trabajadoras se enfrentan a un mercado de vivienda que los expulsa de las ciudades universitarias. Málaga, Sevilla o Granada se han convertido en escenarios imposibles para quien quiera estudiar sin pagar una fortuna: una habitación media en Málaga supera los 500 euros mensuales.

La rebelión estudiantil en la UMA es un aviso de lo que viene. La universidad pública no es un gasto, es una inversión estratégica en el futuro. Es el espacio donde se forma el talento, se impulsa la innovación y se construye una sociedad más justa.

Moreno Bonilla no lo entiende, o no quiere entenderlo. Prefiere entregar la educación superior al mercado y condenar a miles de jóvenes a la exclusión. Pero los estudiantes ya le han respondido: no van a permitir que el derecho a estudiar se convierta en un lujo. La UMA no de rinde porque el futuro de Andalucía se defiende en las aulas.