Los que no somos juristas sentimos cierto sentimiento de indefensión en casos como la sentencia de los ERE. Los jueces condenan de forma rotunda por delitos como malversación o prevaricación, pero parece que algo no concuerda. Y es que, es imposible imaginar a José Antonio Griñán repartiendo personalmente a cada beneficiario -uno por uno- la subvención de rigor. Eso no es posible. ¿Entonces qué pasa? Pues que varios juristas comienzan a expresar su opinión argumentada de que la sentencia deja mucho que desear. 

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo, levantó la liebre este miércoles, en un artículo publicado en eldiario.es. Y en algún acreditado gabinete de abogados, que estudia con lupa la sentencia, se están detectando conclusiones no fundamentadas.

Pérez Royo, después de leerse la parte sustancial de los más de mil ochocientos folios que componen esta sentencia, se centra en el apartado de hechos probados, que apenas cuenta con 66 páginas del total. Explica el académico: “En el relato fáctico declarado probado tienen que figurar de manera inequívoca las conductas que son calificadas como constitutivas de delito. Una vez que están identificadas dichas conductas, viene la fundamentación jurídica, en la que el Tribunal tiene que argumentar por qué atribuye de manera individualizada a los encausados la comisión de uno o de varios de los delitos que han aparecido en el relato fáctico”. 

Y añade algo crucial: “En ningún caso la fundamentación jurídica puede convertir en delito lo que no lo es de acuerdo con los propios ‘hechos probados’ apreciados ‘en conciencia’ por el Tribunal”. A juicio de Pérez Royo en esa sentencia, el Tribunal no consigue que ambos aspectos cuadren porque, considera, los hechos no alcanzan a conformar la calificación que los jueces han pretendido.

En ese sentido, y centrándose en José Antonio Griñán y Manuel Chaves, sostiene el catedrático andaluz que, teniendo un papel institucional en la elaboración de los presupuestos, considerar que de forma fraudulenta incluyeron una partida que se usó irregularmente, es un juicio de intenciones y que pudiera ser objeto de reprensión política, pero nunca penal. 

Sobre los dineros de los ERE tendrá que pronunciarse el Gobierno andaluz (PP, Cs y el contrafuerte de Vox), decidir sobre los expedientes de reintegro y, en su caso, suspender las 6.000 prejubilaciones concedidas por la vía ahora tumbada.

Hay mucho que decir a esto, todavía no se ha terminado, asegura un amigo experto. Se refiere a los recursos posibles. Pero, en un tema tan serio como es este y que tanto jalea la derecha, que planee alguna sombra de duda sobre el trabajo de sus señorías, es grave y da pie a la desconfianza. A ver si va a ser verdad el comentario de otro letrado: “la justicia no es que sea ciega… es que bizquea contra la izquierda”.

 

Enric Sopena es Presidente Ad Meritum y fundador de ElPlural.com