Pasaba por ahí y volví a leer, una vez más, que las pymes españolas son tan rentables como las europeas y que, si algo explica esa aparente paradoja, es que pagan salarios más bajos. El titular es cómodo, el diagnóstico tranquilizador y la conclusión peligrosa. Porque cuando uno rasca un poco, descubre que el problema no está en las pymes, ni en los salarios, ni siquiera en la productividad, sino en el método con el que se está analizando la realidad empresarial. Y cuando el método falla, las conclusiones no solo son erróneas: acaban justificando la inacción.

El primer error de partida es confundir supervivencia con rentabilidad. Buena parte de las pymes españolas no está generando márgenes suficientes para reinvertir, innovar o crecer. Aguantan, contienen costes, aplazan decisiones y descapitalizan su futuro. Viven de una liquidez diaria que, en muchas ocasiones, está apalancada. En términos contables pueden aparecer como rentables (ROE, que incluye el “efecto del apalancamiento financiero”), pero en términos económicos reales están atrapadas en un equilibrio frágil, sostenido a base de renuncias. Llamar a eso rentabilidad es, como poco, impreciso; como mucho, engañoso.

El segundo fallo es metodológico y sorprende que se repita con tanta ligereza: comparar salarios entre países sin corregir por nivel de vida y patrones de consumo (paridad de poder de compra). Hablar de salarios “más bajos” en términos nominales sin introducir variables como el IPC, el poder adquisitivo o el coste real de la vida es una forma burda de análisis comparado. Un euro no vale lo mismo en Madrid que en Berlín, París o Ámsterdam. Tampoco lo hace el salario cuando se relaciona con el precio de la vivienda, la energía o los servicios básicos. Sin ese ajuste, la comparación no explica nada; solo construye un relato.

Cuando se introduce el nivel de vida en la ecuación, el argumento se matiza, se estrecha y, en algunos casos, se deshace. Pero ese ejercicio rara vez aparece en los estudios, porque obliga a abandonar la explicación simple y entrar en terrenos más incómodos: costes no salariales, productividad sistémica y calidad institucional.

A ello se suma un tercer elemento que suele ignorarse: el salario ya no es una variable plenamente controlada por la empresa. En un contexto en el que el salario mínimo se fija de forma gubernamental, con incrementos acumulados muy relevantes en pocos años, resulta cada vez más discutible utilizar el salario como indicador directo de productividad empresarial. No se trata de cuestionar el objetivo social del SMI, sino de constatar una evidencia económica básica: cuando una variable está regulada, deja de reflejar decisiones empresariales y pierde valor explicativo.

En muchas pymes, especialmente microempresas, el salario no expresa la productividad marginal del trabajo, sino cumplimiento normativo. Se paga lo que marca la ley, no lo que permite el margen bruto. Vincular ese salario a la productividad para extraer conclusiones comparativas internacionales es, sencillamente, metodológicamente débil.

El cuadro se completa con otro factor sistemáticamente infravalorado: el absentismo, incluidas las bajas de larga duración y el absentismo no siempre justificado. Su impacto sobre la productividad real es enorme, sobre todo en las pequeñas empresas, que no tienen capacidad para absorber ausencias prolongadas ni sustituir con rapidez. El coste no es solo salarial; es organizativo, operativo y emocional. Y, sin embargo, apenas aparece en los análisis que luego se utilizan para explicar por qué unas pymes son más o menos productivas que otras.

Todo esto se produce, además, en un entorno donde el coste administrativo —tiempo perdido, inseguridad jurídica, hiperregulación y una digitalización mal diseñada— actúa como un drenaje constante de recursos. No es un coste fiscal, que suele medirse, sino un coste silencioso que no aparece en las comparativas y que, sin embargo, condiciona directamente los márgenes reales y la capacidad de mejorar salarios.

Todo ello determina las dos variables clave que sí miden realmente la rentabilidad del negocio: disminuye la rentabilidad sobre capital invertido (ROIC) y aumenta el coste de capital (WACC). Y cuando el WACC supera el ROIC, el negocio no sólo no es rentable realmente sino que destruye el capital puesto por el accionista.

Lo que sí es bajo es el margen que queda tras absorber costes regulatorios, laborales y administrativos que no generan valor añadido

Por eso resulta tan discutible afirmar que la competitividad de las pymes españolas se sostiene gracias a salarios bajos. En muchos casos, ni los salarios son bajos en términos reales si se ajustan por coste de vida, ni la empresa tiene margen para decidirlos en función de la productividad. Lo que sí es bajo es el margen que queda tras absorber costes regulatorios, laborales y administrativos que no generan valor añadido.

El riesgo de este tipo de estudios no es académico, es práctico. Si se instala la idea de que el problema está en los salarios, se desplaza el foco de lo verdaderamente urgente: la simplificación administrativa, la estabilidad normativa, la calidad regulatoria y la corresponsabilidad de la Administración en la productividad del país. Se culpa implícitamente al empresario de una situación que responde, en gran medida, a decisiones de política pública y a un diseño institucional deficiente.

Mientras se sigan comparando salarios sin corregir por nivel de vida, productividad sin atender al marco regulatorio y rentabilidad sin preguntarse si es sostenible, los estudios seguirán ofreciendo respuestas simples a problemas complejos. Y lo peor no es que se equivoquen, sino que desvíen el foco.

Las pymes españolas no necesitan explicaciones que las retraten como competitivas a base de contención permanente. Necesitan un entorno que no consuma el valor antes de que pueda repartirse, un sistema que no penalice crecer y un análisis que distinga claramente entre resistir y prosperar.

El problema no es cuánto pagan.

El problema es todo lo que el sistema les quita antes de poder pagar mejor.