En el litoral mediterráneo español ya no cabe ni un alfiler, no hay espacio para nada más y lo que ha pasado en Valencia puede volver a ocurrir en cualquiera de las comunidades de Cataluña, Murcia o Andalucía. La sobreurbanización del territorio ha invadido cauces de ríos y arroyos y la construcción de infraestructuras viarias ha sembrado de barreras y obstáculos la geografía de las zonas más densamente pobladas, se ha deforestado para ampliar la agricultura intensiva y se ha destrozado la naturaleza.
El 29 de octubre por la mañana, el mismo día de la catástrofe, en la comisión de Justicia del Parlamento valenciano se debatía como proyecto de ley el texto del decreto de simplificación administrativa aprobado en julio por la Generalitat que modifica medio centenar de preceptos de la Ley de Ordenación del Territorio (LOTUP). El acuerdo alcanzado por PP y Vox permitirá construir instalaciones hoteleras a 200 metros de la costa en terrenos no urbanizables, cuando la legislación anterior lo limitaba a 500 metros.
La oposición, PSOE y Compromís, han denunciado tanto el decreto de julio como el texto de la ley en trámite porque supone dar carta blanca a la desregulación, la especulación, el urbanismo a la carta y el negocio del ladrillo en la "hoja de ruta" del Consell de Carlos Mazón. La simplificación administrativa que se debate ahora en la Comunidad Valenciana se rige por los mismos parámetros que la aprobada en su día por la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla para desregular la planificación urbanística y regularizar la mayor parte de las urbanizaciones ilegales ya construidas.
La reconstrucción de las comarcas afectadas por la dana no debería repetir los errores del pasado y sí corregir los errores urbanísticos cometidos y acumulados desde los años sesenta. Como advierte la Fundación Nueva Cultura del Agua en su comunicado del 1 de noviembre de 2024: "No se deberían otorgar ayudas a la reconstrucción de viviendas en zonas inundables, sino procurar su reubicación en zonas seguras, como se realizó por ejemplo con la población de Gavarda tras la rotura de la presa de Tous en 1982."
Además, hay que cumplir con la recién aprobada ley europea de Restauración de la Naturaleza, muy descafeinada en el debate parlamentario por las presiones del grupo popular y las formaciones de extrema derecha, pero que nos marca el camino para arreglar los múltiples desaguisados urbanísticos que se han cometido en nuestro continente y mitigar y adaptarnos al cambio climático y sus consecuencias.
No podemos devolverle la vida a los centenares de personas muertas, pero como sociedad, como país, debemos comprometernos a no seguir anteponiendo los intereses privados y especulativos al bien común.
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