4,6 millones de españoles, golpeados por el último “no” de Feijóo

Frente al permanente ruido y los bulos de la derecha y la ultraderecha está la realidad. Y la realidad de esta semana es que Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a votar “no” a mejorar la vida de millones de españoles y españolas. Incluso ha presumido de tumbar “la última treta de Sánchez”. Más allá del eslogan, conviene detenerse en los hechos: ¿a qué ha votado exactamente no el líder del PP y a quién perjudica ese rechazo?

El aún líder del PP se ha opuesto estos días en el Congreso a medidas concretas con impacto directo en hogares vulnerables, autónomos que han perdido su negocio, estudiantes desplazados y territorios golpeados por catástrofes naturales. Cada voto en contra tiene nombres y apellidos colectivos. Cada “no” deja a alguien sin protección.

Feijóo ha votado en contra de topar los precios de productos y servicios esenciales en situaciones de emergencia. La propuesta buscaba impedir que ninguna empresa pudiera hacer caja a costa de la vulnerabilidad ciudadana en momentos críticos. Se trataba de evitar subidas abusivas tras catástrofes, accidentes o situaciones excepcionales en las que la necesidad dispara la demanda, como las denunciadas tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba) que causó un aumento de precios en las aerolíneas. Proteger al consumidor cuando está en una situación de máxima debilidad no parece una extravagancia ideológica. Sin embargo, el PP votó no.

También ha impedido en el Congreso una iniciativa para regular el precio de los alquileres de temporada y de habitaciones. Una medida dirigida a favorecer el acceso a la vivienda de estudiantes que residen fuera de sus domicilios familiares y que se enfrentan a un mercado cada vez más tensionado. El alquiler de temporada se ha convertido en demasiados casos en una fórmula para eludir límites y disparar precios.

El rechazo del PP supone mantener un mercado sin regulación en un ámbito que afecta especialmente a jóvenes y familias trabajadoras. Regular no era prohibir. Era ordenar y proteger. Pero la derecha volvió a votar en contra.

En el mismo bloque, el Partido Popular también se opuso a reforzar la supervisión de la calidad de las universidades privadas y de sus nuevas titulaciones. Está claro que a Feijóo y los suyos está por asfixiar a las universidades públicas y acabar con la igualdad de oportunidades para favorecer los “chiringuitos” privados y apostar porque en nuestro país solo estudien quien tengan dinero para poder hacerlo.

Pero el núcleo más amplio del rechazo se produjo con la caída del decreto que prorrogaba ayudas sociales y económicas vinculadas a la DANA y a otras emergencias. Durante meses, Feijóo ha exigido más apoyo para los afectados por la DANA, más recursos para la reconstrucción y más respaldo a autónomos y empresas golpeadas por inundaciones e incendios. Sin embargo, cuando el Congreso votó la prórroga de esas ayudas, el Partido Popular dijo no.

El texto incluía la extensión de exenciones en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades para profesionales y empresas afectadas. Hablamos de alivio fiscal directo para quienes han visto desplomarse sus ingresos tras perder instalaciones, mercancías o clientela. También contemplaba la no tributación de ayudas por daños personales derivados de incendios forestales y otras emergencias de protección civil. Ese alivio ahora queda sin prórroga.

El decreto autorizaba además operaciones de endeudamiento excepcionales para territorios especialmente golpeados, con el fin de afrontar la reconstrucción sin recortar servicios públicos esenciales.

El alcance social iba más allá de las zonas afectadas por catástrofes. Se prorrogaban los descuentos del bono social eléctrico: un 42,5% para consumidores vulnerables y un 57,5% para vulnerables severos. Millones de hogares dependen de este mecanismo para poder pagar la luz. Con el voto en contra del PP, esa protección se debilita.

También se extendía la prohibición del corte de suministros básicos - electricidad, gas y agua - a consumidores vulnerables. Sin esa medida, miles de familias quedan expuestas a interrupciones en servicios esenciales.

El decreto contemplaba además la suspensión de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional. Estamos hablado de hasta 60.000 familias cuyo procedimiento paralizado puede ahora reactivarse.

El alcance social del decreto no era retórico: era masivo. La no convalidación afecta directamente a 1.728.054 beneficiarios del bono social eléctrico y a 1.649.625 del bono social térmico, que pierden descuentos esenciales para poder afrontar sus facturas energéticas.

También quedan afectados 1.200.996 autónomos acogidos al sistema de estimación objetiva (módulos), 818.954 del sector agrícola y 382.042 de actividades no agrícolas, que verán modificadas las condiciones fiscales que se pretendían prorrogar.,

Sólo con estas cifras oficiales -familias en riesgo de desahucio, beneficiarios del bono social y autónomos en módulos- el impacto directo supera los 4,6 millones de personas o unidades económicas afectadas. Y se se incluyen los efectos indirectos, como los más de 20.000 millones de euros menos para las Comunidades Autónomas, el alcance real puede situarse entre 8 y 10 millones de ciudadanos directa o indirectamente afectados.

Además, el decreto mantenía la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas que no pueden alegar el aumento de los costes energéticos como causa objetiva. Una protección laboral que también se ve afectada por el rechazo.

En conjunto, el paquete combinaba protección social directa, apoyo fiscal a autónomos y empresas, financiación territorial y estabilidad para trabajadores y familias vulnerables. No era un texto simbólico. Era un instrumento de política pública con consecuencias reales.

En esta votación, Feijóo no estuvo solo. Vox, liderado por Santiago Abascal, votó también en contra. Y Junts se sumó al rechazo. La política no se mide por ruedas de prensa ni por titulares grandilocuentes. Se mide por votos. Y los votos tienen impacto material: facturas que pueden subir, familias que pueden perder su vivienda, autónomos que pierden alivio fiscal y servicios públicos que pueden ver limitada su financiación.

La pregunta final no es retórica. Es profundamente política y profundamente social. Si cuando se trata de proteger a consumidores en emergencias, a autónomos que lo han perdido todo, a estudiantes que buscan una habitación asequible y a miles de familias vulnerables la respuesta es “no”, Sr. Feijóo, ¿qué modelo de país se está defendiendo?