La Unión Europea fijó el 2035 como fecha límite para la venta de vehículos de combustión. La medida se presenta como una transición ecológica inevitable, pero el análisis de las condiciones actuales revela una brecha considerable entre el objetivo político y la realidad del mercado. La pregunta que el sector del automóvil se plantea es si el propósito real es sustituir la flota por vehículos eléctricos o si, de facto, se está diseñando un modelo de movilidad sin coche privado.
Infraestructura insuficiente
La infraestructura de carga constituye el primer obstáculo. En España, únicamente el 4% de las plazas de garaje dispone o puede disponer de punto de recarga eléctrica, según datos del sector. Esta cifra resulta especialmente reveladora en un país donde el 60% de la población vive en viviendas multifamiliares. La instalación de puntos de recarga en comunidades de propietarios enfrenta barreras técnicas y económicas que la normativa actual no resuelve de manera efectiva. La Ley 7/2021 garantiza el derecho individual a instalar un punto de recarga sin necesidad de aprobación de la junta de propietarios, pero el desconocimiento de esta norma y la resistencia de determinadas comunidades ralentizan su aplicación práctica.
La mayoría de los coches eléctricos son caros
El segundo escollo es el coste del vehículo eléctrico. A pesar de la reducción gradual de precios, el parque automovilístico español tiene una edad media de 13,9 años. La sustitución masiva por modelos eléctricos requeriría un esfuerzo económico inasumible para buena parte de los hogares, especialmente en un contexto de inflación persistente y estancamiento salarial. Las ayudas públicas existentes resultan insuficientes para catalizar una renovación del parque en los plazos establecidos.
No tenemos capacidad en la red eléctrica
La tercera variable es la capacidad de la red eléctrica. Los informes técnicos de Red Eléctrica de España advierten de la necesidad de inversiones millonarias en infraestructuras de distribución para soportar la demanda adicional que supondría una flota masivamente electrificada. Sin estas inversiones, el riesgo de inestabilidad en el suministro es real.
El escenario que emerge no es el de una transición ordenada hacia un transporte descarbonizado, sino el de una restricción progresiva del acceso al vehículo privado. Las zonas de bajas emisiones, los peajes urbanos y la escasez de puntos de recarga configurarían el problema de que poseer un coche eléctrico y su correspondiente estación de recarga en el hogar, es prohibitivo para la mayoría de la población
Es necesario un plan realista
El sector reclama un plan realista que articule calendarios coherentes con la disponibilidad de infraestructuras y la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. La alternativa, es una movilidad segmentada donde el coche eléctrico sea privilegio de unos pocos y el resto dependa de sistemas de transporte público que, en buena parte del territorio español, no existen.