Adquirir un coche nuevo en España exige ya un desembolso prácticamente equivalente a un año completo de sueldo medio bruto. Según el último informe del Observatorio Cetelem, el gasto medio declarado en la compra de un vehículo nuevo se situó en 27.320 euros durante 2025. Esta cantidad roza los 27.558,68 euros que, de acuerdo con la Encuesta Anual de Coste Laboral del INE, representa el salario bruto anual medio de 2024. El resultado es que el esfuerzo necesario alcanza las 11,9 mensualidades, una cifra que convierte el acceso al coche nuevo en un desafío creciente para las familias.
El coste pasa a ser a principal decisión de compra
El impacto del precio ya se refleja en el comportamiento del consumidor. El mismo estudio de Cetelem revela que el 47% de los conductores reconoce que el coste ha condicionado su decisión de compra, y dentro de ese grupo, seis de cada diez han optado por retrasar la adquisición. Esta tendencia está desplazando parte de la demanda hacia el vehículo de ocasión o alargando la vida del coche actual, con consecuencias directas sobre la renovación del parque automovilístico.
Un incremento en el precio medio de compra del 31,7% en 6 años
La pérdida de accesibilidad se confirma al analizar la evolución de los precios. Según la Estadística del Impuesto de Matriculación de la Agencia Tributaria, el precio medio del vehículo con impuestos pasó de 18.061 euros en 2019 a 23.792 euros en 2025, lo que supone un incremento del 31,7%. En el mismo periodo, el salario bruto anual medio creció un 17,5%, desde 23.450,25 euros hasta los actuales 27.558,68 euros. La diferencia entre ambas tasas explica por qué comprar un coche nuevo exige hoy un sacrificio económico muy superior al de hace solo seis años.
Vehículos en circulación más antiguos y polucionantes
Este encarecimiento no solo afecta al mercado, sino que también condiciona la seguridad vial y la eficiencia energética. Al retrasar la compra, los ciudadanos mantienen en circulación vehículos más antiguos, con mayores emisiones y menor seguridad. Para el sector de la automoción y los responsables públicos se abre un doble reto: los concesionarios deben facilitar el acceso mediante fórmulas como el renting o la financiación flexible, mientras que las políticas de transición hacia una movilidad sostenible no pueden ignorar la capacidad real de renta de los hogares. Porque el verdadero desafío es garantizar que la descarbonización del transporte sea compatible con el acceso a la movilidad para la mayoría de los ciudadanos.