Hace años, el teléfono no nos duraba solo un par de años, y varias generaciones de una familia utilizaba durante varias décadas una misma longeva lavadora, frigorífico u otros electrodomésticos. El cambio se debe a la obsolescencia programada, y el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión que trabaje junto con las marcas que operan en el mercado electrónico e informático europeo (como móviles, ordenadores o electrodomésticos) para garantizar a los consumidores que podrán reparar sus dispositivos de forma sencilla en cualquier proveedor, y no solo en aquellos que dispongan las empresas.Además, el parlamento también ha incluido en la exposición de su petición su deseo de que los fabricantes permitan extraer y cambiar de forma sencilla las baterías de los productos electrónicos, una recomendación para crear una etiqueta europea que identifique productos de fácil reparación o la ampliación de los periodos de garantía si los productos pasan más de un mes en el taller.En el texto que ha aprobado la Eurocámara se plantean también incentivos fiscales para todos aquellos productos duraderos y de calidad que, además, sean fácilmente reparables. La Eurocámara aboga también por desarrollar un sistema para analizar productos y detectar su obsolescencia programada.

Se persigue la reparación en lugar de la compra

En el fondo de estas medidas está, en definitiva, la intención de reducir la cantidad de basura electrónica que se genera en el continente, a la vista de las actuales tendencias en la industria de electrónica de consumo, que pasan por optar por diseños difíciles de arreglar, fomentando así la compra en vez de la reparación. Se obliga a realizar cualquier cambio de piezas en talleres certificados especializados, que a veces no se hallan cerca del usuario. Se acorta deliberadamente la vida de los electrodomésticos.El Parlamento Europeo persigue con sus medidas volver a los tiempos en las que los electrodoméstivos podían durar varias décadas. Hoy, los frigoríficos duran una media de 11 años, mientras que las lavadoras duran una docena de años. Se pretende, en suma, acabar con la acumulación descontrolada de basura electrónica, que en muchos casos escapa al control de las autoridades y empresas que se encargan de gestionar residuos. Por ejemplo, cerca del 60% de la basura electrónica que se produce en España acaba en paradero desconocido, según los datos publicados en el proyecto Countering WEEE Illegal Trade (CWIT, por sus siglas en inglés).