El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley de medidas contra la pobreza energética que incluye la supresión en España del cargo que se imponía a los autoconsumidores por la energía generada y consumida en la propia instalación. Es lo que se ha conocido popularmente en los últimos meses como 'impuesto al sol'.
Según el Ministerio para la Transición Ecológica, el desarrollo del autoconsumo garantiza a los consumidores el acceso a alternativas más baratas y respetuosas con el planeta, contribuye a reducir las necesidades de la red eléctrica, genera mayor independencia energética, permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y crea empleo. En España, la potencia eléctrica registrada en instalaciones de autoconsumo asciende a 1.196 megavatios (MW), de los que 170 MW corresponden a instalaciones de fuentes de energía renovables, y apenas se supera el millar de autoconsumidores, frente al más de un millón que existe en Alemania. Dentro del autoconsumo con renovables, destacan las aportaciones correspondientes al aprovechamiento energético del biogás (127 MW) y la energía solar fotovoltaica (28 MW).
No sólo se ha eliminado esta medida sino también otras que, a juicio del Ejecutivo español, dificultaban y desincentivaban la implantación del autoconsumo eléctrico en España. Así, se simplifican los trámites burocráticos y técnicos para las instalaciones de autoconsumo y se suprime la obligación de que las no superiores a 100 kilovatios (KW) se inscriban en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica. También se reconoce el derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores, lo cual permitirá aprovechar las economías de escala, así como el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin peajes ni cargos.