España es mejor cuando se emociona con una sardana o con la fuerza de un castell en una plaza de Girona, cuando baila sevillanas en una cochera de Almería, cuando comparte un almuercico en San Fermín o se detiene a tomar unos culines de sidra para recuperar fuerzas después de bajar el Sella. España es mejor cuando disfruta de un arroz marinero en Alicante, cuando se deja llevar por un carnaval en Tenerife o cuando un chotis en una verbena de Madrid forma parte de una fiesta que sienten como propia quienes han llegado desde cualquier rincón del país.
Esa diversidad cultural, lingüística e histórica es una de las grandes riquezas de España. Un país no es más fuerte cuando todos sus territorios se parecen, sino cuando es capaz de reconocer las particularidades que lo forman. El catalán, el euskera y el gallego, junto al castellano, no son una amenaza para la convivencia, sino lenguas que conservan siglos de historia, literatura y formas propias de entender el mundo.
Sin embargo, durante buena parte del siglo XX esa diversidad no fue reconocida desde las instituciones. La dictadura franquista impuso una visión centralizada y uniforme del Estado, en la que las expresiones territoriales diferenciadas eran vistas con desconfianza. Las lenguas distintas del castellano fueron relegadas en muchos ámbitos oficiales, las instituciones propias desaparecieron y la idea de una España plural quedó sustituida por una concepción basada en la homogeneidad.
Durante años se difundió el lema de una España “una y no 51”, como si reconocer las diferencias territoriales supusiera poner en riesgo la unidad del país. La democracia emprendió el camino contrario: entendió que la cohesión no se construye negando la diversidad, sino creando un marco donde todas las identidades puedan convivir.
La Constitución de 1978 fue el punto de partida de esa transformación. Además de reconocer derechos y libertades fundamentales, estableció el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones y abrió la puerta a una nueva organización territorial: el Estado de las autonomías. No se trataba únicamente de repartir competencias entre administraciones, sino de reconocer una realidad histórica: España está formada por territorios con distintas culturas, tradiciones e identidades.
El proceso autonómico fue progresivo. Los primeros estatutos de autonomía aprobados fueron los de Cataluña y el País Vasco en 1979, seguidos por Galicia en 1981. Poco después, Andalucía accedió a la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución en 1982, en un proceso de gran importancia simbólica porque demostró que el autogobierno no era una cuestión reservada exclusivamente a unos territorios concretos.
Entre 1979 y 1983 se completó el mapa autonómico con la creación del resto de comunidades: Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, Extremadura, Baleares, Madrid y Castilla y León. España pasó de un modelo centralizado a uno descentralizado, con gobiernos autonómicos elegidos por sus ciudadanos y con competencias propias en ámbitos esenciales como la educación, la sanidad o la cultura.
La idea de una España plurinacional parte precisamente de ese reconocimiento: que dentro del Estado conviven comunidades con identidades históricas, culturales y lingüísticas propias. Es un concepto que forma parte del debate político actual y que admite distintas interpretaciones sobre sus consecuencias institucionales. Pero su punto de partida es una realidad: la diversidad territorial española existe y forma parte de la historia del país.
El Estado autonómico también ha tenido dificultades. La financiación, el reparto de competencias o las tensiones territoriales han generado debates intensos durante las últimas décadas. Pero esas discusiones son posibles porque se desarrollan dentro de un marco democrático donde las distintas posiciones pueden expresarse y defenderse.
La experiencia de la democracia española demuestra que la cohesión no significa que todos los territorios sean iguales. Significa que todos pueden formar parte de un mismo proyecto común desde sus propias singularidades. Durante años algunos defendieron que España debía ser “una y no 51”. La democracia ha demostrado que puede ser una precisamente porque reconoce sus muchas voces: sus lenguas, sus culturas y sus raíces.
Una España diversa no es una España más débil. Es una España más rica.
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