El pasado miércoles el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pedía la dimisión del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón elevara una exposición razonada al Tribunal Supremo por el Caso Dina.
En esta línea, Almeida pedía a Iglesias que se aplicara el punto 'G' de la normativa del partido, en la que se especifica que los miembros de la formación deben reunciar "al cargo público, interno del partido o a cualquier candidatura a tales cargos en caso de ser imputado, procesado o condenado".
Sin embargo, no es el punto 'G' sino el 'E' el que recoge el compromiso de cualquier miembro de la formación a renunciar a su puesto "en caso de ser procesado o condenado por la faltas o los delitos que se determinan en el reglamento".
El cambio en el estatuto se produjo el pasado mes de agosto, previa declaración del exabogado de Podemos, José María Calvente y del secretario de Comunicación morado y alto cargo de la Vicepresidencia segunda, Juanma del Olmo.
De esta manera, Pablo Iglesias no estaría obligado a dimitir debido a su condición de aforado y al haberse eliminado la palabra "imputado" del texto.