La UER muestra su apoyo a RTVE ante la cacería del PP en el Senado en forma de comisión de investigación

La creación de una comisión de investigación del PP en el Senado sobre RTVE ha provocado ya las primeras reacciones en el ámbito europeo. La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organismo que agrupa a las radiotelevisiones públicas del continente, ha mostrado su preocupación por la iniciativa impulsada en la Cámara Alta y cuya constitución está prevista para este martes 28 de abril.

En un comunicado, la UER pone el foco en el alcance de esta comisión, que tendrá como objetivo examinar las prácticas editoriales y el modelo de gobernanza de RTVE, incluyendo su oferta informativa y de actualidad. Un terreno especialmente sensible al tratarse del funcionamiento interno de un medio público y de sus decisiones periodísticas.

Desde el organismo europeo recuerdan que no cuestionan la existencia de mecanismos de control, sino que, de hecho, valoran positivamente los sistemas de supervisión y rendición de cuentas. Sin embargo, consideran que en el caso de RTVE esos mecanismos ya existen y son suficientes, ya que obligan a la corporación a ser transparente y a responder ante la ciudadanía conforme a los estándares internacionales establecidos por el Consejo de Europa.

En ese contexto, la UER recoge también la inquietud trasladada por la propia RTVE ante esta iniciativa parlamentaria. Según explica el comunicado, la Corporación ha advertido de los riesgos que conllevan este tipo de comisiones cuando abordan cuestiones editoriales, especialmente si estas pueden ser evaluadas bajo criterios que no se ajustan a los estándares profesionales del periodismo. A ello se suma, según se señala, la falta de claridad sobre el propósito concreto de la comisión, sus posibles conclusiones o las medidas que podrían derivarse de sus trabajos.

Para la UER, la cuestión de fondo tiene que ver con la independencia de los medios públicos. El organismo subraya que RTVE forma parte del ecosistema europeo de radiotelevisiones públicas y que su autonomía resulta clave para garantizar el acceso de la ciudadanía a una información fiable. En este sentido, advierte de que cualquier proceso de supervisión que pueda interpretarse como politizado supone una amenaza directa a ese equilibrio, especialmente en un contexto marcado por el auge de la desinformación.

El comunicado también sitúa este debate en el marco normativo europeo, al señalar que iniciativas de este tipo pueden entrar en conflicto con la legislación comunitaria, en concreto con la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, que protege la independencia editorial de los servicios públicos audiovisuales.

Por último, la UER señala que seguirá de cerca la evolución de la situación en España y deja abierta la puerta a mantener un diálogo con las autoridades para asegurar que cualquier medida adoptada se ajuste a la normativa europea y a los principios que rigen el funcionamiento de los medios públicos en el continente.

La encargada de anunciar la comisión de investigación del PP fue su portavoz en la Cámara Alta, Alicia García, que aseguraba que el objetivo será "devolver a RTVE su papel como servicio público": "Cuando una institución pública pierde su credibilidad, la neutralidad y se percibe como un instrumento del poder, estamos ante un problema serio de calidad democrática".

Los populares criticaron que "RTVE ha dejado de ser la televisión de todos para ser Telepedro" y adelantaron que tendrán que pasar por la Cámara Alta las personas que hayan "dilapidado fondos públicos, falseado cuentas o manipulado oposiciones" ya que el dinero de los españoles "no está para hacer una televisión al servicio de Sánchez".

Mientras, desde RTVE emitían un comunicado oficial en el que ponían de manifiesto "el contenido del artículo 4.2 del Reglamento Europeo 2024/1083 sobre libertad de los medios de comunicación, en vigor desde el pasado agosto 2025 y de obligado cumplimiento para el conjunto de países de la UE, que señala que los Estados miembros, incluidas las autoridades y organismos reguladores nacionales, no podrán interferir ni tratar de influir en las políticas y las decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación".