Con motivo del 45 aniversario del golpe de Estado del 23F, Pedro Sánchez anunciaba la desclasificación de los documentos secretos relacionados con el levantamiento militar, dando así un paso adelante para "saldar una deuda histórica con la ciudadanía". La desclasificación se aprobará este martes y se hará efectiva el próximo miércoles con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según fuentes del Gobierno, entre los documentos está "el 100% de lo relativo a esa fecha", pero, ¿qué implica exactamente? Desde Malas Lenguas hicieron un repaso este mismo lunes.
"La desclasificación de los documentos del golpe de Estado del 23F que ha sido anunciada por el Gobierno será efectiva este miércoles después de su publicación en el BOE. A partir de ese momento los archivos serán públicos y se podrán consultar en la página web de Moncloa", arrancaba explicando una de las periodistas del programa de TVE.
"¿De qué documentos estaríamos hablando?", preguntaba ella misma, enumerando los documentos que se desclasificarán. "Entre los archivos pendientes de desclasificar estaría el sumario completo del juicio, también los archivos del Centro Superior de Información de la Defensa, el servicio de inteligencia en España entre los años 1977 y 2002, y también las transcripciones de las grabaciones de esa noche que fueron clasificadas como alto secreto. Además, también están previstas que salgan a la luz las comunicaciones de Casa Real, de Moncloa y los informes internos de movilización emitidos por las distintas regiones militares", explicaba.
El líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, señalaba en su cuenta de X -anterior Twitter- que "la memoria no puede estar bajo llave" y afirmaba que estos documentos se desclasificarán para "saldar una deuda histórica con la ciudadanía".
La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ofrecerá este martes todos los detalles en la rueda de prensa que tendrá lugar después de la reunión del Ejecutivo. Se espera que en esa comparecencia explique con precisión el alcance de la desclasificación, cuántos y cuáles son los documentos afectados, y qué criterios se han seguido para hacerlos públicos.
Con esta medida, el Gobierno da un paso más en su apuesta por la transparencia y la memoria democrática, en un momento en el que el acceso a los archivos oficiales y la revisión crítica del pasado reciente continúan siendo cuestiones centrales en la agenda pública.
En julio de 2025, el Ejecutivo aprobó un proyecto de Ley de Información Clasificada que pretende sustituir la vigente legislación franquista sobre secretos oficiales. Ese proyecto fue remitido al Congreso de los Diputados y actualmente se encuentra en tramitación. La norma propuesta contempla que los secretos oficiales clasificados como “alto secreto” se desclasifiquen de forma automática a los 45 años; que los clasificados como “secreto” lo hagan a los 35 años; que la información considerada “confidencial” pase a ser accesible entre los 7 y los 9 años; y que la información “restringida” lo sea entre los 4 y los 6 años. Asimismo estipula que la información relativa a grandes violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser objeto de clasificación.
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