La imagen dio la vuelta al país este martes desde el Congreso de los Diputados. En plena votación para tumbar el decreto que incluía la revalorización de las pensiones y otras medidas sociales, una mujer se levantó desde la tribuna de invitados y gritó “¡Qué vergüenza!” dirigida a los escaños del Partido Popular y Vox. Su protesta terminó con la expulsión de la sala, y por ello, Feli Velázquez, pensionista y activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha intervenido este sábado en el programa laSexta Xplica para explicar qué la llevó a alzar la voz en el Congreso y qué siente tras la decisión parlamentaria que deja en el aire la subida de las pensiones.
Durante su intervención, Velázquez ha asegurado que lo que la empujó a actuar fue la preocupación por “el porvenir que les viene a cientos de familias en los próximos meses”. A su juicio, el bloqueo del decreto responde a una clara decisión política premeditada. “No habrá un acuerdo porque los intereses políticos de los grupos que votaron en contra lo tienen bien claro”, ha afirmado.
La pensionista ha señalado directamente al PP y a los partidos de la derecha, a los que acusa de oponerse a medidas básicas como la prórroga de desahucios, la prohibición de cortes de suministros o las mejoras en vivienda. “Eso es lo que no quieren que se vote”, ha subrayado.
Velázquez ha hablado desde su doble condición de pensionista y activista social, denunciando lo que considera una utilización interesada del discurso del miedo. “La indignación es absoluta”, ha reconocido, antes de alertar de que más de 60.000 personas podrían acabar en la calle. En ese contexto, ha criticado que el PP haya adoptado el relato del “inquiokupa”, un concepto que, según ella, se utiliza para enfrentar a pensionistas y trabajadores vulnerables mientras se protege a “las SOCIMIs, los grandes tenedores y los fondos buitre”.
El decreto de las pensiones, en el centro del conflicto
Las palabras de Feli Velázquez se producen tras una jornada parlamentaria clave. El Congreso de los Diputados rechazó esta semana el real decreto ley impulsado por el Gobierno que incluía, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones para 2026. Ella contemplaba una subida del 2,7% para las pensiones contributivas y aumentos mayores para las mínimas y no contributivas, pero fue tumbado por los votos en contra de PP, Vox y Junts per Catalunya.
Al tratarse de un decreto ómnibus, el rechazo afectó al conjunto de medidas sociales incluidas, como la suspensión de desahucios para colectivos vulnerables, el bono social eléctrico o la prohibición de cortar suministros básicos. Como consecuencia, la subida de las pensiones ha quedado sin cobertura legal, lo que abre la puerta a que en febrero las nóminas vuelvan a los importes de 2025 si el Ejecutivo no logra aprobar una nueva norma a tiempo.
Aunque el Gobierno aún dispone de margen para presentar un nuevo decreto, la incertidumbre se ha instalado entre millones de pensionistas que dependen de estos ingresos como principal sustento. Un escenario que, unido al contexto de inflación y al encarecimiento de la vivienda y los suministros, ha elevado la tensión social y se ha convertido en el reflejo del malestar de un sector de la población que teme pagar, una vez más, el coste de los bloqueos políticos.