A lo largo de los últimos meses, Vox ha dejado claro que su objetivo es aniquilar la actual TVE. Primero fue con "motosierra o lanzallamas", después con "bomba atómica" y, por último, "a patadas si hace falta". En paralelo se encuentra la ofensiva del PP contra la Corporación, que nunca había recurrido a un imaginario relacionado con la violencia pese a sus continuas acusaciones, denuncias o puesta en marcha de comisiones. Sin embargo, en las últimas horas, las Nuevas Generaciones de Ayuso se han sumado a la estrategia de Bambú, anunciado que van a "barrer" el ente público.
"Vamos a barrer con toda TVE. No quedarán ni los cimientos del paso del PSOE", escribían las Nuevas Generaciones de Madrid en su perfil de X -anterior Twitter-. Hace algunos días, arremetían contra Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz. Con dos fotos de ambos presentadores, calificaban a los periodistas como "propagandistas oficiales del régimen" a los cuales "les quedan dos días".
Pese a que estos mensajes suponen una escalada en el tono empleado, la persecución popular a RTVE viene de tiempo atrás. Recientemente, desde Génova han interpuesto varias demandas ante la Junta Electoral Central, sin embargo, han sido desestimadas. Las denuncias se referían a encuestas electorales en RNE; a una entrevista a María Jesús Montero en Las Mañanas de RNE y un rótulo en La Hora de La 1 sobre Moreno Bonilla.
No obstante, el máximo exponente de esta ofensiva ha sido la comisión de investigación que el PP pondrá en marcha en el Senado. La encargada de anunciarlo era su portavoz en la Cámara Alta, Alicia García, que aseguraba que el objetivo será "devolver a RTVE su papel como servicio público": "Cuando una institución pública pierde su credibilidad, la neutralidad y se percibe como un instrumento del poder, estamos ante un problema serio de calidad democrática".
Los populares criticaron que "RTVE ha dejado de ser la televisión de todos para ser Telepedro" y adelantaron que tendrán que pasar por la Cámara Alta las personas que hayan "dilapidado fondos públicos, falseado cuentas o manipulado oposiciones" ya que el dinero de los españoles "no está para hacer una televisión al servicio de Sánchez".
Mientras, desde RTVE emitían un comunicado oficial en el que ponían de manifiesto "el contenido del artículo 4.2 del Reglamento Europeo 2024/1083 sobre libertad de los medios de comunicación, en vigor desde el pasado agosto 2025 y de obligado cumplimiento para el conjunto de países de la UE, que señala que los Estados miembros, incluidas las autoridades y organismos reguladores nacionales, no podrán interferir ni tratar de influir en las políticas y las decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación".
"La solicitud de esta comisión de investigación, orientada hacia el cuestionamiento de la actual línea informativa de RTVE, no parece corresponderse con las exigencias comunitarias en materia de independencia de los medios públicos. Por el contrario, se asemeja a un intento de tutela hacia los profesionales de la Corporación y puede generar un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo", denunciaban, recordando que el audiovisual público español "ya cuenta con mecanismos de control y regulación específicos".
La Corporación advertía de que la sustitución de estos organismos, como la Comisión de Control Mixta de RTVE o la CNMC, por la investigación parlamentaria "sobre los enfoques informativos puede suponer un cambio de naturaleza en el control, acercándolo a una forma de juicio político": "Este tipo de comisiones pueden acabar convirtiéndose en un 'tribunal de medios', en el que se evalúen decisiones editoriales bajo criterios ajenos a los principios profesionales".
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