Manuel Rico compara en 'Malas Lenguas' el caso Zapatero con el del novio de Ayuso: lo que explica es revelador

A una semana de que se produzca la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del caso Plus Ultra continúan conociéndose informaciones sobre la investigación que ha derivado en su investigación. En las últimas horas, desde Malas Lenguas, el periodista Manuel Rico ha comparado el caso con el del novio de Ayuso, apuntando un detalle cuanto menos llamativo. 

En las últimas horas, el diario Público publicaba la siguiente información: "La Administración Trump entregó a la UDEF grabaciones clave del 'caso Plus Ultra' dos meses antes de la imputación de Zapatero".

Tal y como se explicaba en el formato de TVE, este momento clave se produjo el 18 de marzo de 2026, tal y como consta en un auto al que ha tenido acceso el mismo programa y "en el que el juez Calama pide a EEUU usar como prueba la extracción telefónica del dispositivo móvil perteneciente a Rodolfo Reyes". Según este mismo documento, "en esas conversaciones del exdueño de Plus Ultra se menciona reiteradamente a Zapatero como la vía para conseguir la inflluencia necesaria para lograr el rescate de 53 millones de euros".

El juez Calama ha asegurado que la información facilitada por las autoridades policiales estadounidenses puede servir como "fuente de investigación". Sin embargo, cabe destacar que el gigante norteamericano la tenía entre sus manos desde 2021, pese a entregarla cinco años después.

🛩️ Plus Ultra: EE.UU. entregó a la UDEF grabaciones dos meses antes de la imputación de Zapatero

🗣️ "Me alegro de que la justicia sea rápida aquí, es una pena que llevemos medio año esperando a que un juez ponga una firma para ver las cuentas del novio de Ayuso", según Manuel… pic.twitter.com/WxJcshCH5O

— Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) June 9, 2026

Por ello, Manuel Rico se centraba en este aspecto, haciendo hincapie en la "doble velocidad" de la Justicia: "Las autoridades americanas mandan las grabaciones el 18 de marzo de este año, el 22 de abril tenemos ya dos informes de la Policía extensos con un análisis detallado de las grabaciones y el 17 de mayo la imputación. En dos meses tenemos todo ese proceso".

El periodista comparaba esta rapidez con la que, sin embargo, no se está caracterizando la investigación que pesa sobre Alberto González Amador por presunta corrupción: "Me alegro de que la Justicia sea rápida aquí, es una pena que llevemos medio año esperando a que un juez ponga una firma para ver las cuentas del novio de Ayuso".

Precisamente sobre el caso de la pareja de la presidenta regional se ha conocido recientemente que la investigación de la UCO no arranca por falta de autorización del juez Antonio Viejo. Según publicaba elDiario.es, el magistrado "prometió el 30 de abril al fiscal y los investigadores policiales que libraría los mandamientos para acceder a cuentas y sociedades de Alberto Gonzalez Amador", pero "aún no lo ha hecho".

ElPlural.com se ha puesto en contacto con expertos jurídicos para conocer de primera mano si esta lentitud es habitual en este tipo de procedimientos o, por el contrario, obedece algo que escapa a la lógica jurídica. Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, responde de manera contundente: "No tiene justificación", señala, explicando que existe la posibilidad de que haya "algún auto" que vaya en una línea distinta, pero debería pasar por algo "muy justificado" para que este retraso de los tiempos tuviese cabida, según detalla.

Martían Pallí asegura que "en principio es una anomalía que tendría que motivar y justificar el juez": "Incluso, desconozco si hay alguna parte personada, de la Fiscalía (…) pero la Fiscalía también podría mover ficha". Por último, también insiste en que "si no hay alguna motivación muy justificada, se corresponde con una anomalía" y que la Fiscalía como "impulsora del procedimiento, debería mover ficha y solicitarlo".

Por otro lado, Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, se muestra algo más contenido. El experto afirma entender que puede existir un colapso en los juzgados u otras razones como la falta de tiempo. No obstante, sí confirma que "lo habitual es que la orden para acceder a la cuenta bancaria de un investigado se conceda en pocos días".