Malas Lenguas ha analizado la reciente decisión que permite a Begoña Gómez viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija, pero le deniega el permiso para acompañar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la cumbre de la OTAN que se celebra en Turquía. 

Para desgranar las implicaciones legales y sociales de esta medida, el espacio televisivo ha conectado en directo con el magistrado Joaquim Bosch. Durante su intervención, el jurista ha analizado la resolución dictada por el juez sustituto de Juan Carlos Peinado, aclarando de entrada que, a nivel estrictamente técnico, "es imposible analizar en profundidad la decisión porque no se ha difundido el auto".

No obstante, a pesar de no contar con el texto íntegro, Bosch ha explicado con detalle la lógica procesal que envuelve este tipo de dictámenes preventivos. Según ha señalado ante las cámaras, lo que el magistrado ha tenido que resolver sobre la mesa es "el riesgo de fuga" de la investigada. Atendiendo a esta precisa evaluación, el juez sustituto ha considerado jurídicamente que el viaje a Turquía genera más elementos de riesgo que un desplazamiento a la capital británica.

Ante este escenario, Bosch no ha dudado en señalar que lo verdaderamente "debatible es el tema de fondo", instando a reflexionar sobre si, en la práctica, hay una "probabilidad realmente de cierta entidad de que Begoña Gómez se fugue y no vuelva a España si se va a Turquía".

A raíz de esta controvertida resolución, el magistrado ha sido preguntado por Jesús Cintora sobre cómo este tipo de autos y de sospechas de fuga en altas esferas del Estado afectan a la credibilidad de la ciudadanía en la justicia. Lejos de limitar su respuesta al caso concreto de la esposa del presidente, Bosch ha lanzado una advertencia generalizada, alertando de que "el problema es bastante más profundo".

En este sentido, ha argumentado que "si fuera solo una cuestión de un caso, pues aparta el caso y el resto está bien", pero la realidad demuestra un desgaste institucional de mucho mayor calado. Apoyándose en datos empíricos y objetivos, concretamente en el Eurobarómetro y en diversos estudios impulsados por la Unión Europea que analizan la situación del Estado de derecho, el magistrado ha constatado con evidente preocupación que "en los últimos años en España se está produciendo un progresivo distanciamiento de la ciudadanía hacia el sistema judicial".

Según el análisis de Joaquim Bosch, esta creciente brecha de desconfianza entre la sociedad y los tribunales se asienta principalmente sobre dos grandes factores que minan gravemente la imagen de imparcialidad. En primer lugar, ha apuntado directamente a las evidentes "injerencias partidistas sobre la cúpula judicial que son detectadas fácilmente por la ciudadanía", haciendo alusión a episodios de bloqueo institucional como los vividos recientemente con el Consejo General del Poder Judicial.

En segundo lugar, ha señalado el gran impacto negativo que generan ciertas "decisiones concretas sobre temas puntuales que pueden parecer bastante discutibles en temas muy sensibles políticamente". En este contexto de máxima atención pública y mediática, el jurista ha subrayado que "sería positivo que no hubiera divergencias internas dentro de los tribunales ni en la comunidad jurídica" a la hora de tratar asuntos de tal envergadura.

Ante este inquietante diagnóstico de desafección social, Joaquim Bosch ha querido aprovechar su altavoz en televisión para lanzar un contundente y sonoro mensaje a sus propios compañeros de profesión, reclamando firmemente que "hay que ser autocríticos".

El magistrado ha sentenciado sin paños calientes cuál es la dinámica que lastra la imagen del colectivo ante la opinión pública: "Desde el poder judicial no se puede mantener la postura de muchos sectores, seguramente sectores mayoritarios, que creen que somos el mejor poder judicial del mundo, que todo lo hacemos bien y que no hay nada que mejorar".

Para intentar revertir esta severa crisis de confianza institucional que ya reflejan las encuestas europeas, Bosch ha concluido su exposición exigiendo abandonar el corporativismo y adoptar "una actitud más autocrítica para ver si la ciudadanía tiene motivos o no para distanciarse de algunas actuaciones del poder judicial".

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