La guerra en los despachos de 'Mañaneros' y 'Malas Lenguas' por la verdad: todas sus exigencias al Consejo de Informativos

La dirección de RTVE tomaba la palabra este martes tras el informe del Consejo de Informativos (CI), lleno de "errores" y señalado por su "falta de rigor", emitido en enero de 2026. Dicho documento señalaba directamente a dos programas de éxito de la Corporación: Mañaneros 360 y Malas Lenguas, sobre los que hacía "afirmaciones y valoraciones de notable gravedad". Por ello, ahora los equipos de ambos formatos han exigido una "rectificación inmediata y expresa de aquellas conclusiones que se han difundido públicamente sin base probatoria suficiente, con errores factuales acreditados y con un impacto reputacional grave sobre profesionales de RTVE".

RTVE analiza detalladamente en este nuevo informe, al que tuvo acceso ElPlural.com, ocho "hechos verificables que refutan" lo dicho por el Consejo de Informativos, entre los que se encuentran el "muestreo", los "delitos de odio", la "responsabilidad editorial" o el "pluralismo y del tratamiento de asuntos sobre la presidenta y el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid". 

De esta manera, se llega a la respuesta de Mañaneros 360 y Malas Lenguas, después de que, como afirma la dirección de RTVE, el CI lanzara en su contra "afirmaciones y valoraciones de notable gravedad". "El informe del Consejo de Informativos presenta un defecto de fondo que, interpretado con exigencia, no puede despacharse como una mera debilidad metodológica. Formula acusaciones institucionales de gran intensidad, y con claro efecto reputacional, sin acreditar con prueba suficiente los hechos en los que deberían sostenerse", reza el comunicado.

Según trasladan, el informe “no reúne condiciones mínimas de validez metodológica para sostener conclusiones generales” y, pese a ello, emplea “un tono categórico y de alto impacto reputacional”. A juicio de los equipos, el texto no se limita a analizar contenidos concretos, sino que “proyecta una descalificación implícita sobre la profesionalidad, la capacidad y la honestidad” de quienes trabajan en ambos espacios.

Las tres grandes objeciones al documento del CI son claras: una muestra insuficiente -13 programas de alrededor de 400 emisiones, un 3%, con la que “no es posible inferir patrones, atribuir habitualidad ni sostener conductas reiteradas” y donde “convertir un número reducido de casos en una etiqueta global no es análisis: es extrapolación”-; una metodología basada en minutados y valoraciones que “no prueban por sí mismos la existencia de un patrón ni sustituyen a un análisis sistemático”, derivando en “una lectura interpretativa” presentada como dictamen objetivo; y la ausencia de indicadores verificables, ya que no se aportan métricas auditables como mediciones sistemáticas de tiempos de palabra, distribución de fuentes o inventario contrastable de rectificaciones, de modo que “sin indicadores previos y sin procedimiento reproducible, las conclusiones no son auditables”.

Los equipos subrayaban que "no estamos ante una discrepancia editorial", sino ante "imputaciones formuladas con un estándar de diligencia insuficiente, impropio de un órgano interno con autoridad reconocida y, por tanto, sometido a un deber reforzado de rigor y contraste". Además, al margen de una "falta de soporte metodológico" o "errores factuales relevantes", afirman que el CI "proyecta una desconsideración inadmisible hacia la capacidad profesional, la honestidad y el compromiso de equipos que trabajan en directo, bajo presión y con la responsabilidad añadida de formar parte del servicio público".

Por todos estos motivos, exigen una "rectificación inmediata y expresa de aquellas conclusiones del informe relativo a ambos programas que se han difundido públicamente sin base probatoria suficiente, con errores factuales acreditados y con un impacto reputacional grave sobre profesionales de RTVE".

Más concretamente, los equipos de Mañaneros 360 y Malas Lenguas exigen:

• "La rectificación pública de las conclusiones generales que no estén sustentadas en una metodología explícita, en evidencias verificables y en indicadores auditables".
• "La corrección expresa de los errores factuales detectados y acreditados, especialmente aquellos que afectan a la identificación de colaboradores, su adscripción y cualquier elemento usado como base para evaluar equilibrio o pluralidad".
• "La revisión del alcance y el tono del informe, eliminando imputaciones o insinuaciones que cuestionen la ética profesional de los equipos sin soporte probatorio suficiente".

"Esta rectificación no es una opción. Es una obligación proporcional a la difusión pública del informe y al daño causado a la credibilidad de los programas, al buen nombre de sus profesionales y a la propia Corporación. No corregir públicamente lo afirmado públicamente consolida una acusación no demostrada y multiplica su impacto", concluyen, recordando que ambos equipos "mantienen su disposición a la mejora y al diálogo" aunque "no aceptarán que un órgano interno emita y difunda imputaciones graves sin método, sin pruebas y con errores verificables".