Ayer en Malas Lenguas se reveló una fecha clave que marcará el devenir de la investigación por la polémica revelación de secretos que afecta a los medios de comunicación. Alberto González Amador, pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido citado oficialmente a declarar en calidad de testigo el próximo 30 de junio. Esta comparecencia se enmarca dentro de la causa penal que se sigue contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la mandataria madrileña, a quien se investiga por la presunta filtración ilegal de datos personales y fotografías de dos periodistas del diario El País.

Estos profesionales de la información se encontraban realizando una cobertura periodística rutinaria en las inmediaciones del domicilio de la presidenta, interesándose por el desarrollo de las obras del polémico ático en el que reside la pareja, cuando sus identidades fueron difundidas de manera masiva en lo que se denuncia como una maniobra para amedrentarles y entorpecer su labor fiscalizadora.

La periodista Esther Palomera ha tomado la palabra en la mesa de debate para desgranar las implicaciones penales que este movimiento de los tribunales acarrea para la mano derecha de Díaz Ayuso. Palomera se ha centrado en desmontar la enrevesada cadena de versiones que el entorno de la presidencia madrileña intentó propagar desde el primer momento para eludir sus responsabilidades en la difusión de estos datos protegidos.

La colaboradora ha recordado la estrategia inicial que intentó salpicar de manera directa a las fuerzas de seguridad del Estado, subrayando que la filtración de las imágenes y los nombres de los redactores "inicialmente se le atribuyó a dos agentes de la policía que eran de la célula que custodia la seguridad de la presidenta de la Comunidad de Madrid". Para Palomera, este tipo de maniobras defensivas pierden toda la consistencia a medida que avanza la instrucción judicial, dejando al descubierto los bandazos políticos de un equipo acorralado por sus propios actos.

El análisis de Esther Palomera ha llegado al establecer un paralelismo con la jurisprudencia reciente de nuestro país, recordando que los delitos de revelación de secretos cometidos por cargos públicos conllevan castigos severos que ya cuentan con un dictamen muy claro en las altas instancias del poder judicial. La periodista ha puesto sobre la mesa un espejo de enorme relevancia jurídica al evocar los procesos que afectan a la cúpula de la Fiscalía, señalando que "en este país se ha condenado a un Fiscal General del Estado porque él o su entorno filtraron los datos personales de un ciudadano particular".

Con este recordatorio de la hemeroteca sobre la mesa, la tertuliana ha defendido que el caso actual debe medirse exactamente con la misma vara de medir, dado que la protección de la intimidad y las garantías procesales de los ciudadanos deben prevalecer siempre. Con una firmeza absoluta, Palomera ha sentenciado el destino penal del jefe de gabinete de forma rotunda: "Creo que caerá todo el peso de la ley sobre él y será condenado, porque tenemos el precedente del Fiscal General del Estado".

La solidez de la argumentación de la periodista se apoya además en el hecho de que el propio Miguel Ángel Rodríguez desactivó cualquier posibilidad de coartada al admitir la autoría de los hechos ante los propios medios. Palomera ha incidido en que la implicación del director de comunicación madrileño es flagrante, apuntando de forma rotunda que "fue él porque lo ha reconocido en un chat de periodistas", lo que deja un rastro probatorio prácticamente indestructible para la acusación.

La analista ha criticado el caótico baile de explicaciones en el que se ha enredado el entorno de la presidenta, explicando que "primero dijo que habían sido los policías y luego dijo que había sido González Amador quien le había facilitado a la policía" la documentación incriminatoria. Ante la pregunta directa sobre si la causa penal avanzará con éxito, Palomera se ha mostrado tajante en su vaticinio, concluyendo que "si los jueces aplican el mismo criterio que aplicaron los jueces del Supremo, pues tendrá que ir para adelante". De este modo, la citación del novio de Ayuso como testigo el próximo 30 de junio se perfila como la pieza definitiva que puede terminar de apuntalar la condena de Miguel Ángel Rodríguez.

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