En los últimos meses, el Partido Popular ha endurecido su discurso contra Radiotelevisión Española, acusándola de ser un instrumento propagandístico de Pedro Sánchez. Génova descalifica a la cadena como una "factoría de bulos" carente de pluralidad, una ofensiva que también señala a profesionales concretos. Presentadores como Silvia Intxaurrondo, Jesús Cintora o Javier Ruiz sufren el escrutinio de los conservadores, que exigen ceses o cuestionan entrevistas incómodas, como ocurrió al tildar de "baño y masaje" el reciente encuentro de Ruiz con José Luis Rodríguez Zapatero.
El clima de asedio institucional es tal que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ironizó diciendo que es "milagroso que un ciudadano que se informa a través de TVE pueda votar al PP". La tensión obligó al presidente de RTVE, José Pablo López, a exigir públicamente en junio de 2026 el fin del "estado de sitio" al que someten a la cadena. Sin embargo, desde diversos sectores mediáticos señalan que esta exigencia de pulcritud esconde una profunda doble moral. Basta bucear en la hemeroteca para demostrar que el manual del PP cuando ostenta el poder dista mucho de la independencia que ahora reclama.
La desmemoria de Aznar: un diputado al mando
En septiembre de 2025, José María Aznar definió a TVE como un "servicio de propaganda". Sin embargo, ya en 2018 el periodista Carlos Alsina le tuvo que recordar un detalle que el expresidente parecía olvidar: "¿De verdad que no se acuerda? Fernando López-Amor pasó de ser diputado del PP a director general de RTVE".
Aquel nombramiento de febrero de 1997 sigue siendo el mayor 'dedazo' televisivo de la democracia reciente. Aznar colocó al frente de la cadena a un diputado en activo de su partido, inspector de Hacienda de profesión y sin experiencia audiovisual. Para consumarlo, el Gobierno ignoró el empate en el Consejo de Administración, escudándose en que su opinión no era vinculante. El mandato de López-Amor duró apenas año y medio, marcado por denuncias de telediarios "sectarios" y una guerra sindical al intentar recortar 1.500 empleos y suprimir complementos salariales sin diálogo.
El rodillo de Rajoy y los 'Viernes negros'
La etapa de Mariano Rajoy sentó los precedentes legales y directivos que hoy el PP critica. Si ahora denuncian los "decretazos" del Gobierno de coalición, en 2012 y 2014 fue el Partido Popular quien recurrió a ellos. Tras fulminar a Fran Llorente para imponer a Julio Somoano, el Ejecutivo modificó por decreto el método de elección de la cúpula para que bastara una mayoría absoluta en segunda vuelta.
Esto les permitió coronar a José Antonio Sánchez con sus únicos votos. Lejos de guardar un perfil neutral, Sánchez confesó en sede parlamentaria en 2015: "Voto al PP y seguiré votando al PP". Bajo el paraguas de Rajoy también emergió en 2016 Eladio Jareño, excoordinador de Comunicación del PP, como director de TVE. Su mandato provocó los famosos 'Viernes negros', semanas en las que los periodistas se vistieron de luto para denunciar la censura gubernamental.
Boicot en el Congreso, reparto en el Senado
La contradicción ha vuelto a quedar expuesta en noviembre de 2024. Tras el nuevo decreto del Gobierno que ampliaba el Consejo de RTVE de 10 a 15 asientos, el PP denunció un "asalto" institucional y se negó a participar en la votación del Congreso. Sin embargo, al cruzar al Senado, aprovecharon su mayoría absoluta para nombrar a sus cuatro consejeros sin necesidad de negociar con nadie.
Lejos de buscar perfiles independientes, apostaron por figuras de su órbita: el regreso del polémico Eladio Jareño; Rubén Moreno Palanques (senador del PP y ex alto cargo de Sanidad con Aznar y Rajoy, sin experiencia en televisión); Ignacio Ruiz Jarabo (exdirector de la Agencia Tributaria con Aznar y columnista antisanchista); y la periodista Marina Vila.
El 'laboratorio' de Ayuso en Telemadrid
A nivel autonómico, el PP aplica un modelo idéntico. Telemadrid es su gran banco de pruebas, con José Antonio Sánchez de nuevo como protagonista. Tras ejecutar un brutal ERE en 2013 que despidió al 74% de la plantilla madrileña (declarado después improcedente por el Supremo), Isabel Díaz Ayuso lo rescató en 2021. Para nombrarlo administrador provisional y apartar a la cúpula anterior (dirigida por José Pablo López), Ayuso impulsó una ley exprés que modificó el ente y que salió adelante gracias a la abstención de Vox.
Posteriormente, el Gobierno de Ayuso ha seguido modificando la normativa de Radio Televisión Madrid para blindar el control de la cadena. Todo ello acompañado de un modelo donde la corporación depende año tras año de cuantiosas inyecciones millonarias a través de los presupuestos regionales para asegurar su viabilidad económica, consolidando así la dependencia del ente respecto a la Puerta del Sol.
Este ecosistema mediático se repite en cadenas como Canal Sur, À Punt o la TVG, que acumulan quejas sistemáticas de sus propios trabajadores por censura y control político. Un mapa que evidencia que, para Génova, el concepto de neutralidad en los medios públicos varía drásticamente dependiendo de a qué lado de la bancada se sienten.
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