Un catedrático de Derecho Penal sentencia la decisión del Supremo con Aldama: “Resulta perturbador…”

Mientras el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García se enfrentan a durísimas condenas de 24 y 19 años de prisión respectivamente, el empresario Víctor de Aldama ha logrado eludir su entrada en la cárcel. Aunque el Alto Tribunal le impone cuatro años y medio por organización criminal y cohecho, suspende la ejecución de la pena premiando así su grado de colaboración, limitando su castigo a no delinquir, presentar un informe semestral y realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

Esta disparidad de criterios y el triunfo escenificado por el entorno del comisionista han sido analizados en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER. Allí, el catedrático en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, Manuel Cancio, ha analizado las implicaciones éticas y legales de esta resolución, cuestionando abiertamente un sistema que permite a los grandes artífices de las tramas corruptas salir indemnes.

El periodista José Luis Sastre abrió la entrevista poniendo sobre la mesa la gran contradicción que percibe la ciudadanía al leer el fallo. Sastre planteó la duda fundamental sobre la resolución: "Hasta qué punto es justo si alguien que tiene un papel, como queda acreditado en los 200 folios de esta sentencia y ha tenido una actitud delictiva que además no declinó de ella de forma voluntaria, que esto quede sin castigo".

Para el catedrático, la respuesta a esta inquietud no es sencilla y trasciende lo puramente procesal. "Bueno, este es el problema que tenemos, claro que es un problema de filosofía del Derecho", admitió Cancio, señalando que la decisión del Supremo obliga a la sociedad a plantearse hasta qué punto el fin justifica los medios.

Aunque el Ministerio Fiscal respaldó este premio valorando que Aldama aportó documentos clave, como contratos de arrendamiento y justificantes de ingresos, para enjuiciar a los cargos públicos, el experto confesó la incomodidad que genera este tipo de pactos judiciales. "Efectivamente resulta perturbador que la exención de responsabilidad por esta colaboración que ha tenido que valorar en cada una de las declaraciones que ha hecho este ciudadano en la sala", termine librándole de la prisión.

Uno de los puntos más interesantes del análisis del catedrático fue su reflexión sobre la tradición punitiva en nuestro país. Según Cancio, el sistema judicial y mediático ha pecado de tener un sesgo a la hora de perseguir estos delitos. "Históricamente en España se ha prestado mucha atención a los funcionarios públicos, a los representantes políticos que están en los diversos casos de corrupción que son endémicos de nuestro país", explicó el jurista.

Sin embargo, recordó que para que un cargo público se corrompa, debe existir un agente externo dispuesto a comprar su voluntad. "Siempre hay alguien que se aproxima al representante político para torcer su actitud", subrayó el catedrático, advirtiendo que a menudo la Justicia se olvida de la otra mitad de la ecuación: "Siempre hemos puesto el foco más en los funcionarios que en las empresas y en los empresarios y en las personas que podemos llamar corruptores".

Es precisamente en esa asimetría donde reside la principal crítica de Cancio a la sentencia dictada. Al beneficiar de forma tan extrema a la figura del delator, se corre el riesgo de garantizar la impunidad de quienes engrasan y financian las redes clientelares. "Es obvio que se genera una tensión que una persona que está en el origen de este tipo de prácticas, que son quienes hacen posible que exista la corrupción, pues se quede completamente al margen de sufrir digamos realmente la pena, ¿no?", sentenció el catedrático de la UAM.

Finalmente, Manuel Cancio concluyó su intervención recordando que el Tribunal Supremo ha logrado encajar esta exención de prisión "a través de una vía un tanto peculiar que es la de esta atenuante analógica de colaboración". Un mecanismo que, si bien es legal y busca como objetivo desarticular tramas complejas, deja a ojos de la sociedad y de la comunidad jurídica un sabor agridulce al permitir que quien originó la corrupción no pague con la cárcel por sus delitos.