La principal asociación lobista y proisraelí en España, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), informaba sobre la última decisión de su co-fundador David Hatchwell Altaras. El empresario, conocido fuera de nuestras fronteras como el "mentor de Isabel Díaz Ayuso", se querellaba contra rostros de TVE y periodistas de la izquierda, como Silvia Intxaurrondo o Antonio Maestre, "por el delito de injurias, tipificado en los artículos 208 y siguientes del Código Penal". Ahora, la la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) "denuncia la utilización de acciones legales contra periodistas para tratar de coartar su libertad de expresión".

La APM ha emitido un comunicado en el que "rechaza la utilización de querellas, demandas y otras actuaciones en los tribunales contra periodistas como una manera de amedrentar o coartar su libertad de expresión". En su nota, ACOM afirmaba que "no es casualidad que en los momentos de mayor tensión en Oriente Medio emerjan en España campañas coordinadas de acoso, injurias e incitación al odio dirigidas específicamente contra personas judías relevantes y contra quienes apoyan a Israel en nuestro país".

En este sentido, señalaba que "los actores implicados pertenecen mayoritariamente al entorno mediático y político del Gobierno de Españamedios y columnistas con línea editorial alineada con Moncloa, y representantes de formaciones que sostienen o integran la coalición gubernamental" y afirman que sus "ataques" implican una "disciplina y simultaneidad" que "revelan una movilización coordinada". Así, Hatchwell se ha querellado contra periodistas y medios de ideología progresista, entre los que se encuentran Silvia Intxaurrondo, presentadora y directora de La Hora de La 1; eldiario.es y su adjunta al director, Raquel Ejerique la también presentadora de TVE Inés Hernand; el periodista Antonio MaestrelaSexta o Podium Podcast Prisa. 

Tras tener conocimiento de estas acciones legales, "acusándoles de injurias y de incitación al odio contra los judíos", la APM "advierte de que, si bien, cualquier ciudadano u organización puede recurrir a los tribunales cuando se considere perjudicado, es inaceptable que ello se haga como un instrumento de intimidación y señalamiento hacia los periodistas que expresan sus opiniones en el ejercicio de su libertad de expresión, recogida en el artículo 20 de la Constitución Española".

La  Asociación de la Prensa ha querido expresar "su respaldo a los compañeros señalados por ACOM" y, por último, ha recordado que "hace dos años, la Unión Europea aprobó una directiva para proteger a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos frente a demandas estratégicas y abusivas destinadas a silenciar la crítica pública": "La llamada directiva anti-Slapp (Strategic Lawsuit Against Public Participation) trata de frenar las demandas civiles iniciadas por actores poderosos (Gobiernos, políticos, empresas) para intimidar y acosar a quienes denuncian irregularidades o informan sobre asuntos de interés público, causándoles un gran desgaste económico y legal".

En su denuncia, ña asociación proisraelí argumenta que "los ataques que motivan estas acciones no son episodios aislados" sino que se "inscriben en un patrón sistemático y recurrente que ya se reprodujo con idéntica intensidad en septiembre y octubre del año pasado -en plena escalada del conflicto en Gaza- y que resurge ahora, cuando la región vive la tensión derivada del conflicto con Irán". 

Además, los de Hatchwell señalan una "confluencia con la ultraderecha neonazi" y concluyen "que las prioridades de estos sectores extremistas y las de ciertos medios próximos al Gobierno apunten contra la comunidad judía española y sus representantes es un dato político de primer orden que confirma a quién sirven unos y otros, y quién les escribe los guiones”.

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