En 2020, en plena pandemia, se lanzó en Barcelona el primer Pacto Social, una iniciativa que nació como respuesta a la urgencia sanitaria, social y económica provocada por la COVID-19. Impulsado por Veolia y sus operadoras en territorio, este modelo participativo tenía un objetivo claro: impulsar una reconstrucción sostenible que no dejara a nadie atrás.
Su enfoque inicial se apoyaba en tres pilares: solidaridad, para garantizar la cobertura de necesidades básicas; ocupación de calidad, frente a la precariedad laboral; y reconstrucción verde, para promover un modelo económico más resiliente y sostenible. Cinco años después, el Pacto Social se ha consolidado como una herramienta de intervención local que articula propuestas desde la colaboración público-privada.
Cada pacto se define en diálogo con los agentes locales e incorpora mecanismos de escucha activa, cocreación y seguimiento. Es una propuesta que trasciende la prestación de servicios esenciales y refuerza la gobernanza compartida en torno a retos sociales y ambientales.
Desde su origen, el modelo se ha extendido a ciudades como Alicante, Sabadell, Tarragona, Torrent o Calatayud. En la actualidad, Palencia, Murcia, León, Cambrils y San Fernando desarrollan pactos activos que reflejan la diversidad de enfoques y necesidades del territorio.
En Palencia, el Pacto de Acción Social y Sostenibilidad, coordinado por Aquona (grupo Veolia), involucra al Ayuntamiento y a entidades empresariales, sindicales y sociales de la localidad. En sus tres áreas de intervención destaca: la creación de un fondo social, el programa OLA, gestionado junto a Cruz Roja, que acompaña a personas vulnerables en su inserción laboral; las becas de Talento Profesional para fomentar el empleo verde; y las campañas de voluntariado y educación ambiental para la concienciación y limpieza de zonas naturales. .
En Murcia, la Alianza Social del Agua, promovida por Aguas de Murcia, ha logrado un hito: adherir a más de 50 entidades locales y contar con 20 proyectos activos en su primer año. Sus ejes de actuación incluyen el fin de la pobreza hídrica, el fomento de la empleabilidad, el impulso a sistemas urbanos de drenaje sostenible y la mejora de la calidad del agua. Según Rosa Cano, presidenta de EAPN-Murcia: “Garantizar el acceso al agua es un derecho fundamental, y esta Alianza, con iniciativas como la tarifa social y el apoyo a proyectos sociales, demuestra un compromiso real con este derecho. La Alianza Social del Agua fortalece nuestro trabajo y contribuye a una sociedad más justa e inclusiva”.
El pacto de Hidralia con el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), en marcha desde 2021, ha sido premiado por la FAMP (Federación Andaluza de Municipios y Provincias) por su innovación social. Integra 29 medidas que benefician a más de 12.000 ciudadanos, ampliando la protección a colectivos como personas con discapacidad, asociaciones vecinales y víctimas de violencia de género. Su alcaldesa, Patricia Cavada, destaca que se trata de un ejemplo de “éxito en la colaboración entre administraciones y empresas para dar respuestas reales”.
El valor diferencial del Pacto Social reside en su capacidad de adaptación y en su base participativa. Cada nueva implementación incorpora aprendizajes que enriquecen el modelo y permiten replicarlo con eficacia en contextos diversos.
Este enfoque se traduce en alianzas duraderas, arraigadas en lo local, que no sólo refuerzan el acceso a servicios, sino que también promueven el bienestar comunitario y la integración de los principios de sostenibilidad y equidad en la gestión urbana.