La Unión Europea estudia endurecer el control sobre las microtransacciones en los videojuegos

El uso de microtransacciones en los videojuegos ha sido objeto recientemente de un análisis de protección del consumidor por parte de la Comisión Europea. Esto se debe a las directrices publicadas por la Red de Cooperación para la Protección del Consumidor (CPC).

Mayor transparencia

En consecuencia, los desarrolladores defienden la práctica de las microtransacciones y han expresado su rechazo a parte de estas orientaciones, mientras avanzan propuestas alternativas. No obstante, se espera que la Ley de Equidad Digital (Digital Fairness Act, DFA) introduzca nuevas normas sobre la protección del consumidor en línea y, según los calendarios que se barajan, podría aplicarse a partir de 2026.

La Comisión ya está animando a los desarrolladores de videojuegos a cumplir con la normativa europea de protección del consumidor cuando los jugadores compran artículos virtuales. Esto incluye:

• Mostrar claramente los precios reales de los bienes digitales
• Evitar tácticas que presionen a los jugadores para comprar moneda virtual con el fin de seguir jugando

Las directrices de la CPC también recuerdan que debe informarse y respetarse el derecho de desistimiento tras la compra de bienes virtuales, con las condiciones previstas para contenido digital. La Unión Europea estudia incorporar estos requisitos en la futura Ley de Equidad Digital.

Posiciones encontradas

En una carta firmada por importantes compañías europeas de videojuegos (entre ellas la francesa Ubisoft y la polaca Reality Games), los desarrolladores argumentan que tales medidas “pondrían en peligro el desarrollo de videojuegos en Europa”. También critican que la CPC promueva “una nueva interpretación legal para la monetización de los juegos” sin consultar a la industria.

Las monedas virtuales de los juegos, como los V-Bucks de Fortnite, suelen funcionar como representaciones digitales de valor. Según la Comisión, los jugadores compran estas monedas con dinero real para gastar saldo virtual en contenido del juego. El problema, desde la perspectiva de la Comisión, es que no siempre queda claro para los jugadores cuánto cuesta un artículo digital. Por ello, las directrices sobre monedas virtuales solicitan a los desarrolladores mayor transparencia en la compra de contenido digital.

En respuesta, las compañías afirman que esto podría perjudicar la experiencia de juego. Sin embargo, desde el lado de los consumidores, se interpreta que la opacidad del valor real favorece un mayor consumo sin plena conciencia del coste de los artículos.

Riesgo para los juegos gratuitos

Para muchos, el mayor riesgo reside en los juegos gratuitos. Por poner un ejemplo conocido, ‘Clash of Clans’, de la compañía finlandesa Supercell, incluye varias monedas virtuales, una práctica común en muchos títulos con tiendas internas. Estas monedas a veces se pueden obtener mediante mecánicas o eventos dentro del juego. Esto significa que no es imprescindible gastar dinero para conseguirlas.

En este caso, en teoría, no tendrían por qué convertirse en moneda fiduciaria ni revelar su valor al jugador. Si las directrices de la CPC se convirtieran en ley vinculante, algunos desarrolladores temen que esos juegos deban mostrar el valor del artículo digital adquirido con monedas virtuales obtenidas in-game.

La otra cara de la moneda

Desde la perspectiva del consumidor, el problema radica en que las numerosas monedas virtuales que los jugadores pueden comprar con dinero real tienden a ocultar el coste real. Además, los métodos para adquirir estas monedas dentro del juego se perciben como una vía para eludir una legislación más estricta.

Por tanto, los consumidores sostienen que los jugadores merecen mayor transparencia respecto a los productos que adquieren dentro de los juegos. También señalan que los tipos de cambio entre monedas reales y virtuales confunden a los usuarios y eso dificulta comprender el precio real de los artículos digitales.

Es importante señalar que las directrices de la CPC sobre monedas virtuales no son principios jurídicamente vinculantes, por lo que no obligan directamente a las empresas a asumir responsabilidades. Por ello, las asociaciones de consumidores exigen una legislación definitiva que regule este ámbito.