El fútbol español es hoy tanto un espectáculo deportivo como un negocio global. La nueva campaña de LaLiga vuelve a poner sobre la mesa un escenario desigual: clubes que mantienen la gestión colectiva frente a otros que dependen de grandes fortunas ligadas a la construcción, la energía o las finanzas internacionales. Tras cada escudo hay una historia empresarial y, en muchos casos, polémicas que han marcado el rumbo de la institución.
Athletic Club es uno de los pocos bastiones que resiste al modelo de Sociedad Anónima Deportiva. Pertenece íntegramente a sus socios, que eligen a su presidente mediante elecciones. Jon Uriarte, empresario del sector tecnológico, dirige la entidad desde 2022, aunque no como dueño sino como gestor. El club presume de estabilidad institucional, con una filosofía única en el mundo del fútbol profesional: competir solo con jugadores vascos o formados en la cantera. Esa singularidad, lejos de generar conflictos, ha reforzado la identidad rojiblanca, blindándola frente a polémicas que sí han salpicado a otros clubes.
Atlético de Madrid presenta un accionariado mixto entre capital español y extranjero. Miguel Ángel Gil Marín, hijo del polémico expresidente Jesús Gil, y Enrique Cerezo, empresario vinculado al cine, siguen siendo las caras visibles, pero la propiedad se completa con el magnate israelí Idan Ofer y con el fondo estadounidense Ares Management, que posee un tercio de la entidad. La mezcla de negocios incluye construcción, audiovisual, transporte marítimo y fondos de inversión. Su gran controversia sigue siendo el pasado: la familia Gil se hizo con el club en los 90 en medio de acusaciones de apropiación indebida, y aunque los tribunales cerraron el caso, la sombra permanece. Más reciente fue la decisión de sumarse al proyecto de la Superliga, que generó un fuerte rechazo de la afición.
Osasuna mantiene el control en manos de sus socios, un modelo asociativo que comparte solo con Athletic, Barça y Real Madrid. Luis Sabalza preside el club navarro, cuya historia reciente ha estado marcada por el “Caso Osasuna”: la justicia condenó en 2020 a exdirigentes por amaños de partidos y desvío de fondos en la temporada 2013-14. Fue la primera condena penal por corrupción deportiva en España. La actual directiva ha trabajado por reforzar la transparencia y ha devuelto la estabilidad a la entidad, que hoy es un ejemplo de gestión colectiva.
Celta de Vigo tiene un rostro propio: Carlos Mouriño. El empresario gallego, que amasó su fortuna en México con gasolineras, transporte y franquicias de restauración, controla el 76% del club a través de su grupo GES. Desde 2006 ha pilotado la modernización de la entidad, aunque no sin polémicas. Su enfrentamiento con el alcalde de Vigo por la reforma del estadio Balaídos llegó al extremo de amenazar con trasladar al club fuera de la ciudad, lo que generó un fuerte rechazo social. Pese a esos episodios, su gestión ha mantenido las cuentas en orden y ha convertido al Celta en un club solvente en la élite.
Deportivo Alavés forma parte del conglomerado deportivo Baskonia-Alavés, liderado por Josean Querejeta. Exjugador de baloncesto, reconvertido en gestor, rescató al club vitoriano en 2011 y lo integró junto al Baskonia en un mismo holding. Sus negocios se extienden al inmobiliario y a una cadena de tiendas de golosinas, aunque su gran apuesta es el deporte. No arrastra polémicas graves, pero sí problemas financieros derivados de la pandemia y de descensos deportivos que obligaron a reorganizar el grupo. El debate en Vitoria gira en torno al futuro estadio, un proyecto que divide a la afición y las instituciones locales.
Elche CF es prácticamente propiedad exclusiva de Christian Bragarnik, agente argentino de futbolistas que controla el 97,45% de las acciones. Bragarnik ha convertido al club en una pieza más de su red de equipos en Argentina y Chile, y esa condición alimenta la sospecha de conflictos de interés. Su doble papel de representante y propietario ha generado críticas, especialmente tras el descenso de 2023, aunque defiende que su visión es la de un “proyecto ambicioso” para consolidar al club en la élite. El debate persiste: ¿prima el negocio de sus representados o el bien deportivo del Elche?
FC Barcelona pertenece a sus más de 140.000 socios, con Joan Laporta como presidente desde 2021. No tiene dueño privado, pero arrastra una cadena de escándalos que han sacudido al fútbol español. El más grave, el “Caso Negreira”, por pagos millonarios durante 17 años a un exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, aún bajo investigación judicial. A eso se suman el “Barçagate”, con acusaciones de campañas de desprestigio internas, y una deuda que superó los mil millones y obligó a activar “palancas” vendiendo derechos futuros. Pese a ser un club de socios, la gestión de sus directivos ha puesto en jaque la reputación internacional de la entidad.
Getafe CF es prácticamente de una sola persona: Ángel Torres. El empresario, que hizo fortuna en la construcción y promoción inmobiliaria, posee el 99,5% de las acciones y preside el club desde 2002. Ha logrado mantener al equipo en Primera durante dos décadas, un hito para un club modesto. Su gran polémica estalló en 2011, cuando presentó con pompa la venta del club a un falso grupo inversor de Dubái, que resultó ser una estafa. Desde entonces ha mostrado cautela con posibles compradores, aunque admite que podría vender antes de 2027 si llega una oferta seria.
Girona FC es un laboratorio de la multipropiedad internacional. El City Football Group, ligado al gobierno de Abu Dabi, controla el 47%; el empresario boliviano-estadounidense Marcelo Claure, el 35%; y Pere Guardiola, hermano de Pep, un 16%. Este triángulo mezcla capital petrolero, tecnología e industria futbolística. La afición ha aceptado la inversión al calor de los éxitos deportivos, aunque la normativa UEFA sobre multipropiedad podría chocar si el Girona coincide en Europa con el Manchester City. Por ahora, el modelo ha reforzado al club, que pelea por puestos europeos.
Levante UD ha encontrado en José Danvila un salvavidas. Este empresario valenciano, enriquecido con la curtiduría de pieles exóticas Verdeveleno —vendida en parte a Louis Vuitton—, controla casi el 40% del club. Tras años de deudas y con el equipo al borde del colapso, Danvila inyectó cerca de 30 millones de euros de su patrimonio para sanear cuentas. A cambio, impuso recortes drásticos, incluso con amenazas de despido a la dirección deportiva, lo que generó tensiones. Su gestión austera, sin embargo, ha devuelto al Levante a Primera y le ha salvado de la quiebra.
Rayo Vallecano es propiedad de Raúl Martín Presa desde 2011, cuando compró el 98% a la familia Ruiz-Mateos. Empresario de publicidad y marketing, su gestión ha estado marcada por el enfrentamiento con la afición. Los ultras y peñas le acusan de falta de ambición, mala gestión del estadio y afinidad con la ultraderecha tras invitar a dirigentes de Vox al palco, lo que provocó protestas masivas. Presa reivindica haber salvado al club de la desaparición, pero su relación con la hinchada es una batalla constante.
RCD Espanyol cerró en 2025 un giro histórico: del capital chino de Chen Yansheng y Rastar Group al fondo británico-estadounidense Velocity Sports Partners, liderado por Alan Pace, también propietario del Burnley inglés. Velocity adquirió el 99,6% del club por 130 millones, poniendo fin a una etapa marcada por descensos y protestas de la afición contra Chen. Los nuevos dueños prometen inversión y profesionalización, aunque persiste la duda de si el Espanyol será gestionado como un satélite de otros equipos del grupo o con autonomía real.
RCD Mallorca está controlado por Andy Kohlberg, extenista estadounidense convertido en empresario inmobiliario. En 2023 compró el paquete del banquero Robert Sarver, sancionado en la NBA por conductas inapropiadas. A su lado figuran inversores de prestigio como Steve Kerr y Steve Nash, entrenadores y exjugadores de baloncesto. El grupo ha mantenido al club en la élite, con un perfil discreto, aunque con tensiones puntuales por la reforma del estadio Son Moix y críticas por la falta de inversión en descensos anteriores.
Real Betis se caracteriza por una propiedad atomizada en manos de miles de accionistas, con Ángel Haro y José Miguel López Catalán como núcleo dirigente. Haro es empresario del sector energético y Catalán procede de la industria tecnológica y de videojuegos. Ambos tomaron el mando tras el ocaso judicial de Manuel Ruiz de Lopera, que en los 90 se apropió indebidamente de acciones con dinero del club, un caso resuelto en 2023 por el Supremo. Bajo la actual directiva, el Betis ha logrado éxitos deportivos y estabilidad, aunque arrastra pérdidas económicas que obligan a un equilibrio delicado.
Real Madrid es, como el Barça, propiedad de sus socios, pero la figura de Florentino Pérez eclipsa cualquier otra. Presidente desde 2000 y magnate de la construcción al frente de ACS, maneja el club con un estilo empresarial que ha multiplicado ingresos y títulos. Su gran polémica es la Superliga, proyecto que lideró contra la UEFA y que generó rechazo global. También se le critica un modelo hiperpresidencialista que apenas deja espacio a la oposición. Aun así, mientras los éxitos deportivos continúen, su liderazgo sigue incuestionado.
Real Oviedo, recién ascendido, es un ejemplo de multicapital extranjero. El Grupo Pachuca mexicano controla el 51% y aporta su experiencia en formación y gestión, mientras que el Grupo Carso de Carlos Slim conserva un 20%. El resto se reparte entre 36.000 pequeños accionistas que salvaron al club en 2012. Pachuca ha cumplido con el ascenso prometido, aunque la llegada de jugadores y técnicos de su red mexicana despierta sospechas de conflictos de interés. La afición, no obstante, vive un idilio tras 24 años de espera para regresar a Primera.
Real Sociedad reparte su capital entre pequeños accionistas locales, con la familia Aperribay como grupo de referencia. Jokin Aperribay preside el club desde 2008 y su fortuna procede de SAPA Placencia, empresa de defensa y tecnología militar. Bajo su gestión el club pasó de la quiebra a la estabilidad, con fuerte apuesta por la cantera. Las polémicas han sido mínimas, salvo acusaciones nunca probadas de dopaje en épocas anteriores y el debate simbólico por cambios en el escudo. Hoy es un ejemplo de gestión discreta y sólida.
Sevilla FC mantiene un capital muy repartido, con la familia Carrión, la familia Guijarro y el expresidente José María del Nido entre los principales accionistas. La pugna entre Del Nido, que busca recuperar el poder, y el actual presidente José Castro ha marcado los últimos años en los despachos. La confrontación judicial por el control es la principal polémica, mientras los negocios de los propietarios abarcan desde la hostelería hasta la abogacía.
Valencia CF sigue bajo control del magnate singapurense Peter Lim, que se hizo con el club en 2014. Su holding, Meriton Holdings, se dedica a la inversión financiera y empresarial. Lim ha sido uno de los propietarios más polémicos de LaLiga: la afición lleva años protestando contra su gestión, acusándole de desmantelar el proyecto deportivo con ventas de jugadores clave y de mantener al club en crisis institucional permanente. El conflicto entre Lim y la afición continúa abierto.
Villarreal CF es, desde hace más de dos décadas, el club de la familia Roig. Fernando Roig, dueño del 59%, proviene del imperio de Mercadona, la cadena de supermercados que lidera su hermano Juan Roig. Bajo su control, el Villarreal ha pasado de ser un club de pueblo a ganar títulos europeos. No arrastra polémicas significativas, salvo el debate recurrente sobre la sostenibilidad de un club de tamaño mediano financiado casi en exclusiva por una familia.