Tres años después de que saliera a la luz, el caso Negreira se aproxima a un punto de inflexión. El proceso que investiga los pagos realizados por el FC Barcelona al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) podría avanzar en los próximos meses hacia un juicio penal; una posibilidad que pondría entre la espada y la pared a varios exdirigentes del club azulgrana, pero también a la ex mano derecha de Vitoriano Sánchez Arminio. La investigación analiza los 8,4 millones de euros que el club blaugrana efectuó al directivo arbitral entre los años 2001 y 2018, cuando Negreira abandonó el colectivo arbitral. Pese a que los investigados han negado cualquier irregularidad y sostienen que tal cantidad responde a servicios de asesoramiento, la instrucción sigue abierta y no se han recabado indicios que sustenten sus versiones, dejando en el aire la naturaleza real de los pagos.
De acuerdo con la información de The New York Times, el caso, que aún permanece en fase de instrucción, podría dar un acelerón próximamente debido a la acumulación de testimonios, informes y diligencias practicadas en las últimas semanas. Toda esta vorágine de acciones – explica – ha elevado la expectativa de que el procedimiento desemboque en la apertura de juicio oral contra los implicados. De producirse, las consecuencias para ellos podrían incluir penas de prisión en caso de acrediten delitos como corrupción deportiva, administración desleal o falsedad documental.
Ya en diciembre del pasado ejercicio se reactivó la actividad judicial con las citaciones de Joan Laporta, Luis Enrique y Ernesto Valverde en calidad de testigos. El actual presidente culé defendió ante la jueza la legalidad de los pagos a Negreira y rechazó que el club buscara alterar la competición doméstica con tal colaboración. Laporta, bajo juramento, insistió en que la cuestión responde a una campaña orquestada para desacreditar una de las etapas más exitosas del club; al margen de insistir en la existencia de unos informes que los dos entrenadores que comparecieron ante la magistrada negaron haber visto durante su estancia en el banquillo del Camp Nou.
La acusación del Real Madrid
Quien ha llevado la voz cantante en todo el proceso, pero con especial vehemencia en estos últimos meses, ha sido el conjunto que preside Florentino Pérez. Los blancos se personaron en abril de 2023 como parte perjudicada, al margen de la acusación colectiva de LaLiga – en nombre del resto de clubes de la competición -. Desde entonces, aunque con una suerte de guerra fría de por medio, las relaciones entre los dos colosos del fútbol español se han deteriorado hasta el punto de entrar en una vía muerta. Así lo confirmaba el propio Joan Laporta este pasado sábado en las postrimerías de la final de la Supercopa que enfrentó a sendos clubes en Arabia Saudí este domingo.
En diciembre, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aprovechó la Asamblea de socios del club para anunciar una nueva estrategia en lo relativo al proceso judicial. El empresario dio carpetazo a ese periodo de armisticio con el Barcelona a modo de prólogo de lo que vendría a continuación. Vinculó el caso Negreira con la necesidad de reformar en profundidad el sistema arbitral español a pocos días de que Laporta declarara ante la jueza, lo cual provocó que ambos clubes desenterraran el hacha de guerra y volviera la normalidad a las relaciones institucionales.
El propio Laporta respondería pocas jornadas después en el marco de un acto del club blaugrana, cuestionando el papel de los medios afines al Real Madrid y asomando la que sería una de las patas narrativas de su declaración como testigo: el caso Negreira es una campaña mediática gestada en la capital.
El germen de la investigación
El caso se remonta a febrero de 2023, cuando el programa Que t’hi jugas de la Cadena SER reveló en exclusiva la existencia de unos pagos del FC Barcelona a la empresa Dasnil, propiedad de Enríquez Negreira. La información nació a raíz de una inspección de la Agencia Tributaria al conjunto blaugrana, que detectó transferencias por valor de 1,4 millones de euros entre los ejercicios 2016 y 2018. Aunque el asunto escaló aún más cuando se constató que los pagos se extendían hasta el año 2001 y que la cifra total ascendía a un montante de 8,4 millones de euros.
El excolegiado explicó entonces al fisco que el club le abonaba tales cantidades para garantizar la neutralidad arbitral; afirmación que corrió como la pólvora en todos los estamentos futbolísticos del país y generó un amplio debate que, tres años después, sigue más vivo que nunca. Por su parte, los culés sostuvieron que los pagos a Enríquez Negreira eran una contraprestación a unos supuestos informes técnicos elaborados por el exdirigente arbitral en concepto de asesoramiento externo. Versión que refrendó Laporta en aquella comparecencia junto a un número considerable de cajas cuyo contenido aún se desconoce.
Así las cosas, se acordó la imputación de Sandro Rosell y Josep María Bartomeu por presuntos delitos de corrupción deportiva, administración desleal y falsedad en documento mercantil. Junto a ellos, se investigó también a otros altos cargos del club, además del propio Negreira. No obstante, la instrucción ha pasado por diversas manos, siendo las primeras la de la togada Silvia López Mejía, que entregó la causa posteriormente al juez Joaquín Aguirre. Fue este magistrado el que amplió la investigación a nuevos horizontes penales, entre ellos el de blanqueo de capitales, ordenando a su vez que las pesquisas incluyeran la actividad del hijo del exárbitro, Javier Enríquez Romero, quién declararía ante la jueza Alejandra Gil, que capitanea ahora la instrucción.
El principal foco de la investigación, Enríquez Negreira, fue citado a declarar en marzo de 2024, pero se acogió a su derecho a no responder y alegó problemas de salud vinculados con una presunta enfermedad neurodegenerativa. Dos meses después, el tribunal provincial de Barcelona descartó el delito de cohecho, lo que dejó fuera de la investigación a la actual dirección del club catalán. La instrucción prosiguió, sin embargo, con la imputación de la pareja del exvicepresidente del CTA, Ana Paula Rufas, por presunto delito de blanqueo de capitales tras detectar transferencias millonarias a cuentas de su titularidad durante más de tres décadas.
Con todo ello, de acuerdo con la información de The New York Times, el relevo judicial y el volumen de diligencias ya practicadas sitúan al caso en un escenario próximo a la apertura de juicio oral, aunque será el juzgado quien dirima si existen indicios suficientes para afrontar tal paso.