La vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, ha reclamado "un Pacto de Estado contra la violencia de género con la participación de todas las administraciones públicas, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales y demás entidades especializadas".
Además, ha exigido al Gobierno "políticas activas de empleo que faciliten a las víctimas el acceso al mercado de trabajo y a empleos de calidad, así como una mejora de los derechos laborales para las víctimas, en la que prime la protección y no la reducción ni la pérdida de ingresos", y a las empresas "una cultura de tolerancia cero contra la violencia de género en sus empresas, con una prevención más eficaz".
Cristina Antoñanzas ha realizado estas declaraciones durante la presentación de las propuestas de UGT para luchar contra la violencia de género y proteger a las víctimas en el ámbito laboral, donde ha señalado que durante 2015 hubo 60 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, 6 más que en 2014 y 2013. "Tenemos que poner fin a la violencia de género. No queremos que haya ni una menos".
"Existe una relación directa entre desigualdad y violencia de género, y España es el segundo país de la UE donde más han aumentado las desigualdades. Cada vez se destinan menos recursos económicos y materiales a acabar con esta lacra, mientras sigue aumentando la violencia contra las mujeres. En este sentido, se ha gastado casi un 21% menos en políticas de igualdad de género desde el año 2012. Además, los recortes en materia de empleo y las reformas laborales han empeorado la situación de las mujeres víctimas de esta violencia", ha denunciado.
Cristina Antoñanzas ha señalado "el acoso sexual por razón de sexo y el moobing de género" como las manifestaciones más evidentes de la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. "Desde el inicio de la crisis el acoso sexual ha crecido un 40% y el acoso laboral ha aumentado un 43%".
Por ello, ha reclamado un "mayor compromiso de las empresas para que la negociación colectiva sea el instrumento principal para luchar contra la violencia de las mujeres en el mercado de trabajo".
En este sentido, ha considerado imprescindible "un permiso o licencia retribuida por un periodo inferior a dos meses, similar al que tienen reconocido las empleadas públicas víctimas de violencia de género que se acogen a una excedencia por esta causa; medidas para que las ausencias o bajas médicas de estas trabajadoras no computen como absentismo laboral; más campañas de sensibilización y formación en el ámbito laboral; y una norma de carácter internacional en el seno de la OIT, apoyada por el Gobierno de España, que permita combatir la violencia contra las mujeres en el lugar de trabajo".