El Gobierno de coalición ha sufrido este jueves una dura derrota. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llevaba al Congreso de los Diputados la senda de déficit para los próximos tres años (2026-2028), primer paso para la construcción de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y esta ha muerto incluso antes de nacer. El ejecutivo era consciente de que no contaba con los apoyos suficientes y Junts per Catalunya, sumándose a la negativa reiterada de Partido Popular (PP), Vox y UPN, y las abstenciones de Podemos y Compromís han terminado por dar la puntilla a la propuesta de estabilidad.
Las Comunidades han perdido 5.500 millones de euros para poder destinar a servicios públicos con esta decisión de la Cámara Baja. No obstante, el Gobierno está obligarlo a volver a intentarlo por segunda vez, por lo que tendrá una nueva oportunidad para sacar adelante la senda. Antes, Montero podrá retomar las negociaciones parlamentarias para convencer a los diferentes grupos políticos de cara al próximo 11 de diciembre, último Pleno del año en el que se producirá la votación definitiva, tras la que, de no conseguir la luz verde, se activará la senda antigua de equilibrio presupuestario.
Esta tesis, atendiendo a los números, beneficiaría a la caja central del Estado y perjudicaría a la de las autonomías, lo que hace más anómalo que quienes la rechacen sean los partidos que mayoritariamente dominan estos territorios y quien la apoya sean los que componen el Ejecutivo central. Si bien la vicepresidenta primera confía en poder “reconducir” el parecer de las diferentes formaciones para poder “aportar más recursos a las comunidades autónomas que desarrollan los servicios dirigidos a la ciudadanía en materia de sanidad, educación, dependencia o vivienda”.
Independientemente de lo que suceda, la titular del departamento de Hacienda asegura que impulsará el proyecto de Presupuestos del 2026, para el que defiende que no es necesario contar con una senda de déficit actualizada, a lo largo del primer trimestre del próximo año. “Vamos a gobernar para mejorar la calidad de vida de los españoles y las españolas, como hasta la fecha”, ha garantizado Montero, esbozando como ejemplo el techo de gasto más alto de la historia, aprobado por el Consejo de Ministros a la par que la senda y que no requiere validación de las Cortes.
Detalles de la senda de déficit rechazada
La ministra ha intentado convencer a las formaciones hasta el final, ofreciendo a los territorios poder incurrir en un déficit del 0,1% del déficit durante los próximos tres años, lo que se traduce en casi 5.500 millones de euros que los Ejecutivos autonómicos podrían destinar a servicios públicos y otras materias que considerasen. El déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas debería establecerse en el 2,1% en 2026, el 1,8% en 2027 y el 1,6% en 2028, correspondiendo al Estado un porcentaje del 1,8%, 1,5% y 1,4% para los cursos sucesivos.
En lo referido a los objetivos de deuda, las comunidades deberían reducir su ratio hasta el 19,6% en 2026, pasando al 18,9% al año siguiente y al 18,3% en 2027. El techo de gasto autonómico, que no se vota, sería del 3,5%, 3,4% y 3,2%, respectivamente. Una oferta generosa para las autonomías del PP que, no obstante, ya fue rechaza con los mismos términos hace un año y que la vicepresidenta primera se ha empeñado y volverá a defender el 11 de diciembre.
"Tendrá que explicar el Partido Popular por qué permanentemente reclaman recursos para los territorios y, cuando llega la hora de la verdad, votan en contra de dar mayor capacidad de gasto para los territorios", ha afeado Montero al PP. Asimismo, ha pedido a todos los partidos que "abandonen los discursos electoralistas o partidistas" y ha instado a los diputados a que no vayan al dictado "de lo que se plantee por Génova o por otras sedes centrales". "Esta estrategia de confrontación por sistema que vivimos en demasiadas ocasiones en esta Cámara, que no tiene en cuenta el fondo del debate, creo que no aporta soluciones reales a la ciudadanía", ha lamentado.