La senda de déficit aterriza en el Congreso condenada a muerte por Junts y las derechas

El Congreso se prepara para vivir una nueva batalla presupuestaria este jueves con la votación de los objetivos de estabilidad y deuda para el periodo 2026-2028, un trámite imprescindible antes de que el Gobierno pueda presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2026. La cita llega marcada por un escenario políticamente conocido: no existe mayoría suficiente para aprobarlos por la oposición cerrada de PP, Vox y Junts, el mismo bloque que ha tumbado todas las sendas fiscales en lo que va de legislatura.

La votación se producirá después de que el Consejo de Ministros diera luz verde al documento que fija los límites de déficit y deuda para todas las administraciones - Estado, comunidades autónomas, entidades locales y Seguridad Social - junto con el nuevo techo de gasto. Este último no se somete a votación parlamentaria, pero actúa como base para el diseño de las cuentas públicas. En 2026 alcanzará un récord histórico de 216.177 millones, impulsado por los ingresos tributarios y por los recursos europeos, que siguen sosteniendo inversiones vinculadas a la recuperación económica.

El Ejecutivo plantea además que el déficit conjunto de todas las administraciones se sitúe en el 2,1% del PIB en 2026. Las comunidades autónomas dispondrán de un margen del 0,1%, equivalente a unos 5.484 millones, una cifra que ya generó rechazo hace un año y que vuelve a ser foco de tensión.

Parálisis parlamentaria

Ni PP ni Vox han apoyado en ningún momento las sendas fiscales remitidas por el Gobierno. Ambas formaciones han votado sistemáticamente en contra de las cuatro presentadas durante la legislatura, en un movimiento de oposición frontal que no ha variado pese a las advertencias del Ejecutivo sobre las consecuencias de bloquear los Presupuestos.

A ellos se suma Junts, cuya portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, ya anunció que volverá a votar en contra si el déficit autonómico es "el mismo que el del año pasado". Su aviso no deja margen de ambigüedad: "Si presentan lo mismo, tendrá el mismo voto", aseguró, anticipando un rechazo casi seguro.

Desde el Gobierno, el mensaje es claro: intentar la aprobación de los objetivos fiscales es una obligación política. Así lo expresó la portavoz socialista, Montse Mínguez, quien recordó que el Parlamento es soberano pero defendió que "vale la pena" llevarlos a votación y avanzar hacia unos Presupuestos que el Ejecutivo considera esenciales para garantizar estabilidad y planificación económica. “Es el compromiso del Gobierno”, señaló en declaraciones a RNE.

La estrategia del Ministerio de Hacienda contempla llevar los objetivos a votación dos veces. Si ambas fracasan, el Ejecutivo tiene una vía alternativa: utilizar la senda enviada a Bruselas en 2023 y continuar con la elaboración del proyecto de Presupuestos. Se trata del mismo procedimiento avalado este año por la Abogacía del Estado tras los vetos del Senado, donde la mayoría absoluta del PP rechazó el documento en dos ocasiones.

Una reforma legal que blinda la tramitación en el Congreso

Aunque el Gobierno lograra sacar adelante la senda en la Cámara Baja, el Senado volvería a ejercer su mayoría absoluta para tumbarla. Sin embargo, esta vez el veto del PP no tendría efectos permanentes. El PSOE y Sumar modificaron la Ley de Estabilidad Presupuestaria mediante una enmienda incluida en la Ley de Paridad, de forma que el rechazo del Senado ya no obliga a reiniciar el proceso desde el Consejo de Ministros: bastará con que el Congreso revalide la senda por mayoría simple.

Se trata de un cambio legal que el PP ha criticado duramente, pero que permite al Ejecutivo sortear lo que considera un bloqueo partidista en la Cámara Alta.

Montero mira a 2026: Presupuestos en primavera

Con o sin apoyo del Congreso, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantiene su calendario. Según explicó en la presentación de la senda fiscal, el Gobierno quiere presentar el proyecto de Presupuestos en el primer trimestre de 2026, con el objetivo de que puedan aprobarse en abril o mayo.

El plan presupuestario del Ejecutivo incluye no sólo el techo de gasto récord, sino una hoja de ruta fiscal hasta 2028 que contempla una reducción progresiva del déficit: del 2,1% en 2026 al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028.

En los subsectores la senda es igual de clara:

• Comunidades autónomas: déficit del 0,1% en 2026, 2027 y 2028.

• Ayuntamientos: estabilidad presupuestaria los tres años.

• Administración General del Estado: déficit del 1,8% en 2026, 1,5% en 2027 y 1,4% en 2028.

• Seguridad Social: déficit del 0,2% en 2026 y 2027, y del 0,1% en 2028.

La deuda bajaría del 100% del PIB en 2028

El Gobierno también ha fijado nuevos objetivos de deuda pública, que situarían el endeudamiento en el 100,9% del PIB en 2026, 100% en 2027 y 99,1% en 2028, recuperando así niveles previos a la pandemia. La regla de gasto se mantiene en una senda moderada: 3,5% en 2026, 3,4% en 2027 y 3,2% en 2028.

Finalmente, Hacienda prevé que los ingresos tributarios cierren 2025 por encima de 325.000 millones, un récord histórico, y que en 2026 crezcan en torno a un 8,5%, en línea con el techo de gasto, superando por primera vez los 350.000 millones.