La Seguridad Social ha abonado en el mes de diciembre más de 10,4 millones de pensiones a 9,4 millones de personas, con una nómina total que asciende a 13.750 millones de euros, una de las cifras más elevadas de la serie histórica. Junto a estos datos, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha confirmado la revalorización de las pensiones a partir del 1 de enero de 2026, en aplicación de la ley que vincula su actualización al IPC para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo.
La subida general será del 2,7%, de acuerdo con la inflación media registrada entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Sin embargo, el incremento será sensiblemente mayor para las pensiones mínimas, las de viudedad con cargas familiares y las no contributivas, que aumentarán entre un 7% y un 11,4%. Este diferencial refuerza el carácter redistributivo del sistema y sitúa a los colectivos con menores ingresos en el centro de la política pública, en línea con el espíritu de la reforma de 2021, que recuperó la revalorización automática ligada al coste de la vida.
En términos económicos, la revalorización supondrá unos 570 euros adicionales al año para quienes perciben una pensión media de jubilación y alrededor de 500 euros anuales para la pensión media del sistema. Una cifra adaptada a un contexto de inflación acumulada y de encarecimiento del coste de la vida, que ha golpeado con mayor intensidad a las personas mayores y a los hogares con rentas fijas.
La pensión media del sistema de la Seguridad Social se sitúa en diciembre en 1.317,7 euros mensuales, lo que supone un incremento del 4,4% respecto al mismo mes del año anterior. En el caso de la jubilación, que concentra más de dos tercios del total de pensionistas —6,6 millones de personas—, la cuantía media asciende a 1.512,7 euros al mes. No obstante, las diferencias entre regímenes siguen siendo notables. Mientras que en el Régimen General la pensión media de jubilación alcanza los 1.670,9 euros mensuales, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos se queda en 1.013,4 euros.
La nómina mensual de las pensiones contributivas confirma también la centralidad de la jubilación dentro del gasto público en protección social. De los 13.750 millones de euros abonados en diciembre, el 73,1% corresponde a pensiones de jubilación, con más de 10.054 millones de euros. A las pensiones de viudedad se destinan 2.203 millones, mientras que las prestaciones por incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares suman algo más de 1.490 millones.
Los datos de 2025 consolidan un cambio en el comportamiento de acceso a la jubilación. Entre enero y noviembre se registraron 342.665 nuevas altas, y solo el 26,9% correspondieron a jubilaciones anticipadas, muy lejos del 40% que se alcanzaba antes de la reforma de 2021. En paralelo, las jubilaciones demoradas superan ya el 11% del total, frente al 4,8% de 2019. Este giro está directamente relacionado con los incentivos económicos introducidos para quienes deciden retrasar voluntariamente su retiro, así como con el endurecimiento de las penalizaciones para la jubilación anticipada.
Como resultado de este cambio de patrón, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,3 años, casi un año más que en 2019. Desde el Ministerio destacan que esta evolución contribuye a reforzar la sostenibilidad del sistema sin recurrir a recortes ni a pérdidas de derechos, uno de los principales puntos de fricción en el debate político sobre las pensiones durante la última década.
La perspectiva de género sigue siendo otro de los ejes clave del sistema. En diciembre, 1.286.354 pensiones incorporan el complemento para la reducción de la brecha de género, y el 80% de las personas beneficiarias son mujeres. Este complemento, vigente desde 2021 y que también se revalorizará en 2026, busca compensar las desigualdades laborales y salariales derivadas de carreras profesionales más cortas o interrumpidas por cuidados. La mayoría de las beneficiarias lo perciben por haber tenido dos o más hijos, reflejo del impacto estructural de la maternidad en las pensiones futuras.
A estas cifras se suman las pensiones del régimen de Clases Pasivas, que alcanzan una nómina mensual de 1.715 millones de euros y afectan a más de 735.000 personas, principalmente personal militar y funcionarios de la Administración del Estado. Aunque este régimen se encuentra cerrado a nuevas incorporaciones, su peso sigue siendo relevante dentro del conjunto del gasto en pensiones.
La portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz, ha asegurado esta mañana en La hora de la 1 que con este nuevo modelo "primero se da tranquilidad, porque se garantiza por ley, a los más de nueve millones de pensionistas de este país... Quiero recordar que por estas fechas el año pasado el Partido Popular les quitó el sueño, jugando con ese compromiso que sí, que no, con su revalorización y, evidentemente, eso da certidumbre, el poder hacer frente a lo que sube la cesta de la compra y teniéndolo garantizado por ley tranquiliza, pero también quiero poner en valor ese compromiso con los más vulnerables en lo que tiene que ver con el incremento de las pensiones no contributivas que van en una horquilla desde el 7 hasta el 11 por ciento".