La vulnerabilidad avanza a pasos agigantados ante la dejación de funciones de un sistema sustentado en los pilares del neoliberalismo individualista. Las clases trabajadoras son incapaces de sostener una vida digna incluso contando con un empleo y, por si fuera poco, a la precariedad se suman variables sociales que continúan agrandando el estrato social más bajo de la sociedad. Las trabajadoras del sector social son el último, y en la mayoría de ocasiones único, parapeto contra este abandono, pero su desempeño diario de sostenimiento vital de los más vulnerables les está costando la vida.
La desprotección ha costado la vida a varias profesionales en los últimos meses, concretamente la de Belén Cortes y la de Teresa de Jesús. “No son casos aislados, son consecuencia directa de las condiciones en las que trabajados”, grita el sector, que este sábado 20 de septiembre sale a las calles de 17 ciudades de España para reclamar un cambio necesario en un sistema que, como se venía advirtiendo, ha colapsado. Los asesinatos, agresiones, una de ella hace escasas semanas, y violaciones sufridas por las profesionales son la máxima expresión del abandono público, que se extiende a todo lo que rodea a un sector esencial.
El sector social, como otros tantos ámbitos públicos, se ha convertido en un negocio en muchas administraciones, donde la privatización ha degradado el servicio y ha dejado a las trabajadoras al albur de una lógica de mercado. Un servicio que debería ser público cae en manos de empresas privadas que ganan los concursos con ofertas que son competitivas a costa de ahorrarse dinero en las contraprestaciones de los trabajadores. Salarios miserables, falta de estabilidad laboral, ratios disparadas que derivan en sobrecargo de trabajo o el no reconocimiento de la categoría profesional son algunas de las consecuencias.
La situación “ha llegado al límite” y diferentes plataformas de diversas comunidades autónomas se han agrupado a nivel estatal para reclamar el “fin de la precariedad”. “Batallamos cada día con la falta de recursos, la sobrecarga laboral, la escasez y continua rotación de personal, con puestos que no se ajustan a las categorías laborales y con salarios precarios que no se corresponden con la responsabilidad que asumimos”, denuncian. “Esta precariedad no solo daña nuestra salud física y mental, sino que, lo que es aún más grave, perjudica a la calidad de la atención de las personas más vulnerables”, añaden.
Demandas claras: convenios, salarios y condiciones dignas
La situación es mucho más dramática de lo que este artículo puede contener, pero las demandas son claras, directas y fácilmente abordables por parte de las administraciones públicas. Desde la plataforma madrileña, con la que ha podido conversar ElPlural.com, exponen los que consideran que deberían ser los primeros abordajes, extrapolables a la totalidad del territorio. En cuanto a condiciones laborales, todo pasa por la creación de un convenio autonómico en el que se establezcan salarios y condiciones laborales dignas.
Las trabajadoras coinciden en que el servicio debería ser de titularidad pública, expulsando a fondos de inversión y empresas privadas del sector; pero, de lo contrario, lo mínimo exigible es que los pliegos públicos contengan unas exigencias de estabilidad, profesionalización y calidad que respeten al personal. Además, es necesario “garantizar el cuidado de la salud psicoemocional y física” de unas trabajadoras que llegaron al límite hace mucho tiempo. “Las precariedad y la violencia estructural se cobra vidas en el sector y visibilizarlo es necesario”.
Por último, en lo que a las personas vulnerables se refiere, desde la plataforma madrileña apuntan a este periódico que es indispensable “denunciar la vulneración de derechos que sufren muchas usuarias” y “promover su participación en la defensa de un sector más justo y humano”. No obstante, todo lo mencionado no servirá de nada si no se combaten los discursos de odio y violencia estructural que sufren estas personas. “Por un sector social más justo, seguro y 100% público”, cierran las trabajadoras.
Víctimas de los discursos de odio
Por si fuera poco lo relatado, la ultraderecha busca instaurar la idea de abandonar e incluso terminar con los servicios sociales a través del señalamiento a los menores no acompañados, los migrantes y a otros colectivos con los que trabajan. Este ataque a trabajadoras, principalmente mujeres y más expuestas a la violencia, y personas vulnerables se ve a su vez reforzada por “la ausencia real de compromiso” de los diferentes gobiernos y actores políticos, que miran hacia otro lado mientras una parte de la sociedad sufre las consecuencias.
La movilización de este sábado y la lucha que han emprendido desde hace tiempo va más allá del ámbito laboral. El sector social está en lucha “por la mejora de las condiciones laborales, por la dignidad de las personas a las que atienden y por una sociedad donde la vida esté por encima de las ganancias empresariales”. El grado de escucha que dediquen los servidores públicos a estas demandas marcará el tipo de sociedad al que nos dirigimos.