Las razones más claras por las que no tienen hijos los españoles, según Andrés Conde, director general de Save The Children, son que “con salarios medios de entre 900 y 1.300 euros, tener dos hijos es asumir riesgo de pobreza”, según una entrevista que ha concedido a Efe.

Tener un hijo en España, traducido en números, supone un coste de 400 euros mensuales a los padres hasta los tres años, y esa cifra aumenta a los 700 cuando el menor es adolescente.

Según datos, la tasa de fecundidad en nuestro país es de 1,3 hijos por mujer y la cifra total de menores no llega a los 8,5 millones. De ellos, 1,3 millones están en riesgo de pobreza, lo que significa que una familia de cuatro miembros ingrese mensualmente 700 euros, o incluso menos.

Una de las propuestas dirigidas a las formaciones políticas desde Save The Children para solucionar este problema, de cara a la cercanía de las elecciones generales, es aumentar la prestación por hijo hasta los 100 euros mensuales. Ahora, esta prestación está en 28,5 euros para las familias en situación de pobreza moderada, y de 49 para las familias en situación de pobreza severa.

“Resulta mucho más barato invertir para combatir la pobreza infantil que mantener sus consecuencias”, explica en la entrevista. Save The Children ya lleva un siglo trabajando por la pobreza infantil, y más de 20 haciéndolo en España.

La organización dice que el coste de “no hacer nada” contra la pobreza alcanza el 5% del PIB, “dado que son niños que están condenados a depender eternamente de ayudas públicas”, y combatirlas, según Conde, supondría la mitad del dinero.

La ONG avisa a los políticos de la necesidad de incluir en sus programas electorales medidas específicas: incremento de la prestación por hijo a cargo, ayudas para familias monoparentales, mejorar el modelo de becas, etc.

Según una encuesta que ha realizado la asociación, al 84% de la población le inquieta la pobreza infantil, y el 57% está dispuesto a subir los impuestos para acabar con ella.

Combatir contra los abusos a menores

Conde hace hincapié en aprobar la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia para luchar contra la violencia. Esta ley se paralizó por la convocatoria de elecciones, aunque contaba con un gran apoyo.

En su opinión, esta ley habría hecho que salieran a la luz otros casos de abusos sexuales a menores por aumentar el periodo de prescripción de dichos delitos. Esto se hace porque suele ser años después, siendo adultos, cuando las víctimas se atreven a denunciar.

También afirma que la Iglesia ha “dado algunos pasos” para poder visibilizar los abusos sexuales dentro de la congregación. Pero, también, dice que hay que “hacerlo con valentía y hasta las últimas consecuencias”.

A las conferencias episcopales les pide que “no teman escarbar en el pasado para descubrir cosas que pueden ayudar a construir un presente protector para los niños y las niñas”, y además avisa que los abusos “se producen en todos los espacios que hay niños y niñas”.

Después, recuerda que en la mitad de las denuncias que recibe la policía, relacionada con abusos o agresiones sexuales, la víctima es un menor, y es dentro de la familia donde ocurren la mayoría de los casos.

Por esto, sugiere también que los menores reciban una buena educación sexual y afectiva “en la edad más temprana y con un lenguaje adecuado”, ya que es durante ese tiempo donde suelen comenzar los abusos. Expresa Conde que, cuando un niño o un adolescente tiene esa formación afectivo sexual y es consciente de qué comportamientos no son adecuados, los rechazan.

Medidas para los Menores Extranjeros No Acompañados

Desde Save The Children denuncian que, cuando un mena (Menor Extranjero No Acompañado) cumple la mayoría de edad, el Estado no le da ni permiso de residencia, ni trabajo, y le deja en la calle sin ninguna formación profesional. Esto hace que sean presa fácil para las redes de tráfico de personas, y los desemboca a la exclusión social; con las adolescentes, sin embargo, es la prostitución el mayor peligro.

Frente a esta situación, Conde insiste a los partidos a llevar a cabo una estrategia estatal de protección para estos menores, y se les incluya en el sistema mediante la formación ocupacional e integrarlos en el mundo laboral.

En nuestro país hay alrededor de 13.000 menas inscritos en el sistema de protección de las provincias de Andalucía, País Vasco, Cataluña y en la ciudad autónoma de Melilla, donde están más del 80%.

“Tenemos que tener mucho cuidado de no crear un fenómeno de rechazo donde realmente no hay una base de problema”, zanjó así Conde la entrevista, alentando de no dar una imagen conflictiva equívoca de estos menores.