La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comparecido este miércoles en el Senado a petición del Partido Popular (PP) para dar cuenta y explicar el pacto suscrito por los socialistas catalanes (PSC) y Esquerra Republicana (ERC) relativo a una financiación singular para Cataluña. Contemplado en el Estatuto de Autonomía catalán, la ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y validado por el Tribunal Constitucional, ha defendido el “desarrollo del autogobierno” y ha resaltado la “aportación a la solidaridad” que recoge el propio acuerdo firmado.
“Insolidaridad, populismo fiscal y deslealtad institucional”, ha contrapuesto, “es entrar en una carrera fiscal a la baja y pedir más dinero al Gobierno de España porque no llega con la recaudación”, ha criticado, haciendo alusión al paraíso fiscal para ricos y empresarios que se ha convertido la Comunidad de Madrid, en detrimento de los servicios públicos y de los ciudadanos de a pie, y a la que han seguido otras autonomías gobernadas por el PP. “Utilizan Cataluña como simple y llanamente elemento de confrontación para rascar algunos votos en el resto del territorios”, ha lamentado.
Explicación del acuerdo
La titular de la cartera de Hacienda ha aprovechado su media hora de comparecencia inicial para desgranar los puntos del acuerdo relativos a la fiscalidad. El texto contempla que sea la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione los impuestos soportados en la región a través de la Agencia Tributaria de Cataluña, aumentando sustancialmente la capacidad normativa en coordinación con el Estado y la Unión Europea (UE). A continuación, como ha releído y puesto en valor Montero, se hace referencia a la solidaridad con el resto de territorios.
“La aportación catalana a las finanzas del Estado integra la aportación por el coste de los servicios que se prestan en Cataluña y la aportación a la solidaridad”; es decir, “la Generalitat debe contribuir a la solidaridad con las CCAA de manera que permita que los servicios prestados por los distintos gobiernos autonómicos puedan alcanzar niveles similares, siempre que lleven a cabo también un esfuerzo fiscal similar”. Así redactado y suscrito, la vicepresidenta primera ha defendido que “es un acuerdo solidario” que asegura “que haya homologación en la prestación de servicios públicos en el conjunto del territorio”.
Defensa de la legalidad frente al ruido
“Despliega lo previsto en el Estatuto, validado por el Tribunal Constitucional”, ha puesto en valor Montero, recordando que también está previsto en otros estatutos como el andaluz. “Significa la ampliación del espacio fiscal en consonancia con la voluntad de avanzar en autogobierno, eso sí, garantizando al mismo tiempo la solidaridad interterritorial”, ha resumido, lanzando una pregunta a los conservadores: “¿Les vale o no les vale que se respete el Estatuto y la Constitución?”. Asimismo, ha recordado otros avances, de presidentes del PP, en esta materia.
“Aznar no tuvo ningún problema en acordar con CIU incrementar el porcentaje de cesión del IRPF, hasta el 30%, a las CCAA”, ha espetado. Sin embargo, la responsable de Hacienda ha lamentado que los de Alberto Núñez Feijóo no tengan “una propuesta concreta de distribución de recursos” más allá de los grandes principios (autonomía financiera, suficiencia de recursos, solidaridad, lealtad institucional) que apoyan todas las formaciones y cuya defensa no tiene ningún mérito ni aporta soluciones.
“Es populismo hablar de insolidaridad o de la quiebra de igualdad porque es este Gobierno el que ha garantizado y seguirá haciendo la igualdad entre españoles”, ha apostillado. Montero ha presentado también datos relativos a la distribución de recursos desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa para fundamentar su argumentario: “en siete años completos las CCAA habrán recibido 300.000 millones de euros más que en los siete años anteriores cuando gobernaba el PP […] También hemos puesto sobre la mesa aliviar el sobreendeudamiento”.
Polémica imaginaria
La ministra ha negado la mayor presentada por el PP, defendiendo que la polémica en torno a la financiación singular es fabricada y responde a intereses meramente políticos y electoralistas. “Vienen con el argumentario preparado y da igual lo que yo explique, solo quieren generar titulares y construir un relato fácil que solo existe en sus cabezas”, ha introducido, “están muy nervioso porque se han dado cuenta de que la legislatura se va a hacer larga y están en las dos primeras etapas del duelo, la negación y la ira”.
“No quieren hablar de economía, por eso han escogido fomentar la confrontación territorial a pesar del riesgo de factura que ello conlleva”, ha asegurado. Montero ha considerado que el objetivo último de la oposición es “alejar” a la gente de la política con estos debates y así conseguir “que no participe”. “La ciudadanía tienen muy claras sus preocupaciones: educación de sus hijos, accesibilidad a la vivienda, mejora de los servicios público o como combatir las consecuencias de la inflación en su economía doméstica. No les interesa las polémicas que se hinchan artificialmente para manipular la opinión pública”, ha zanjado, criticando la motivación misma de su comparecencia.