El próximo Consejo de Ministros aprobará una batería de medidas para frenar el impacto de la subida de la luz en el recibo de los consumidores. Así lo ha confirmado este viernes la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que no ha querido avanzar en qué consistirán estas medidas. Sin embargo, la ministra responsable, Teresa Ribera, ha dado algunas pinceladas.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha reconocido que “una de las posibilidades” es “que haya elementos fiscales que tengamos que retocar aunque sea de manera provisional”, dejando así la puerta abierta a una posible bajada de impuestos adicional.
El Gobierno ya aprobó a finales de julio una rebaja del IVA a la electricidad -del 21% al 10%- y la supresión temporal del impuesto de generación eléctrica del 7%, esta última en aras de frenar el impacto en el sector productivo. Ambas medidas son de carácter temporal y terminan el próximo 31 de diciembre, ante lo que el Gobierno quiere ampliar la bajada.
Así, estaría barajando también una reducción del impuesto especial sobre la electricidad, un gravamen que supone un 5,11% del recibo mensual de la luz. Con la luz en máximos -este viernes alcanza un nuevo récord superando los 150 euros por megavatio hora por primera vez en la historia- el presidente del Gobierno se ha comprometido a que el recibo a finales de año sea “similar” al de 2018, teniendo en cuenta la inflación.
Plan de choque con cuatro grandes bloques
Para cumplir con esta promesa, el Ejecutivo ha diseñado un amplio plan de choque en el que presenta cuatro grandes bloques de medidas y previsiblemente alguna de ellas se aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros ordinario. Además de la prevista bajada de impuestos, el Gobierno también obligará a las grandes compañías eléctricas a subastar energía entre las comercializadoras e industriales.
La ministra para la Transición Ecológica ha anunciado que se crearán mecanismos de mercado “alternativos”, y compatibles con el derecho comunitario, para que las empresas con un “peso importante” en el sector vendan parte de su energía a las pequeñas comercializadoras o industriales, “a un precio fijado por subasta”.
"Evidentemente, habrá un suelo, que son los costes, pero no porque el Gobierno decida y publique de manera obligatoria el precio al que se debe vender, porque esto no nos lo permite Europa", ha explicado Ribera, rechazando así la propuesta del socio de coalición de intervenir en los precios de la energía hidráulica o nuclear.
Ampliar la protección de los colectivos más vulnerables
Por otro lado, el Ejecutivo también se ha propuesto aumentar la protección de los colectivos más vulnerables, especialmente afectados por la pobreza energética. Aquí, prevé ampliar la cobertura con un nuevo bono social y con iniciativas que frenen las malas prácticas de las concesiones hidroeléctricas para no afectar al bolsillo de los consumidores.
El Ejecutivo definirá el Consumo Mínimo Vital y ya estudia aplicar el artículo 55 de la Ley de Aguas para regular las concesiones hidroeléctricas de forma correcta. Este artículo recoge el control de los embalses y las facultades de las confederaciones hidrográficas para la gestión de estas centrales.
Estas son algunas de las medidas que el Ejecutivo aprobará previsiblemente en el próximo Consejo de Ministros, más allá de las iniciativas que ya están en vigor desde hace meses. Es el caso de la rebaja de impuestos de la que ya hemos hablado o incluso de la puesta en marcha del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) y del fondo para frenar las retribuciones que percibe la generación de centrales hidráulicas y nucleares, popularmente conocidas como beneficios caídos del cielo.
Según las previsiones del Gobierno, la creación de ambos fondos podrá suponer un ahorro de hasta el 15% en el coste final del recibo de la luz para los consumidores domésticos, ya que las energéticas afrontarán el pago de 8.000 millones de euros.