La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador a 25 empresas y dos asociaciones del sector del transporte de viajeros por carretera de Cantabria ante la supuesta formación de un cártel que habría tenido "particular incidencia en el transporte escolar".
La investigación parte de la denuncia presentada por la Federación Cántabra del Taxi y de la información que el 'superregulador' recabó durante los registros realizados el pasado mes de febrero a varias de estas empresas. En concreto, los registros se produjeron en las sedes de Autobuses Benito, Autobuses Palomera y Transportes Terrestres Cántabros.
La CNC investiga la presunta participación de esta veintena de empresas en posibles prácticas anticompetitivas que habrían consistido en la fijación de precios y el reparto de clientes o adjudicaciones de líneas de transporte público de la región, tanto de carácter regular como discrecional, "con particular incidencia en el transporte escolar".
El listado de empresas investigadas lo forman Agesmicar, A. Menocal, Anfersa Adaptado, Autobuses Benito, Autobuses Figueras, Autobuses Juan Ruiz, Autobuses La Cantábrica de Comillas, Autobuses La Carredana, Autobuses Madrazo, Autobuses Palomera, Autocares Eusebio, Autocares Mariano, Internacional Regular Bus Castro, Lorenzo Casanova y Hermanos, Lupefer, N. R. Ruiz, Rotratour, y Zorrilla e Hijo.
También figuran Grupo Enatcar, Viajes Por Carretera, Transportes Terrestres Cántabros, Rutas del Cantábrico, Transportes Accesibles Generales y Transportes Accesibles Peninsulares, y la matriz de estas seis últimas empresas, General Técnica Industrial.
Por su parte, las dos asociaciones investigadas son la Unión Patronal de Autotransporte de Viajeros de la Provincia de Cantabria (Upavisan) y la Coordinadora de Transportes de Viajeros de Cantabria.